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Empresas Públicas de Medellín (EPM) dio un parte de tranquilidad a los usuarios luego de que el gobernador de Antioquia recomendara “revisar bien” sus facturas de servicios públicos por posibles traslados de los costos de la emergencia en Hidroituango a los ciudadanos.
El gerente de EPM, Jorge Londoño, sostuvo que la contingencia nada tendría que ver con las tarifas de servicios que se cobran al usuario debido, entre otras cosas, a que estas son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La empresa antioqueña tiene más de 2,4 millones de usuarios en el servicio de energía.
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En efecto, en el país la fórmula que se utiliza para calcular las tarifas al usuario contempla diferentes variables, entre esas, el costo de generación de la energía. Sin embargo, como Hidroituango aún no está generando (sus primeras unidades entrarían a operar en 2021), no podría cobrar por ese componente en las facturas. La vigilancia sobre los cobros a los usuarios, por otro lado, es competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos.
El gobernador Pérez dijo esas palabras al manifestar su rechazo por el anuncio de EPM de que trasladaría los costos de la contingencia a la sociedad Hidroituango S. A., compuesta por EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
El argumento de EPM para trasladar los costos a la sociedad propietaria del proyecto es que el estudio que contrató con la firma noruego-chilena Skava Consulting dio cuenta de que el colapso del túnel que desató la emergencia tuvo su origen en los diseños y no en la etapa constructiva, la cual es responsabilidad de EPM.
El gobernador, quien sostiene que EPM debe “asumir su responsabilidad en el proyecto Hidroituango”, cuestionó a la empresa al considerar que contrató a “su propio juez” y que está tratando de culpar a la firma Integral, encargada de los diseños. Empresas Públicas, por su parte, señala que la firma que realizó el estudio es independiente y reputada.