COVID-19 y la fragilidad financiera de los hogares

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Así, el aislamiento representa la mejor alternativa para mitigar el contagio, pero exige que los gobiernos implementen la expansión del gasto para mantener la liquidez de los hogares y el sostenimiento de las mipymes. La coordinación de estas políticas requiere de un óptimo sistema de información y de la suficiencia estatal para llevarla a cabo, al mismo tiempo que amplía la capacidad instalada en los sectores de salud e investigación para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, pocos países pueden implementar este tipo de políticas sin afectar el bienestar de la población más vulnerable. Entre estos, seguramente no están las economías de ingreso medio y bajo, donde el confinamiento representa un elevado costo social y puede incrementar los niveles de pobreza y desigualdad.

El gobierno colombiano en medio de diferencias con los gobiernos locales y bajo la presión social, declaró la cuarentena nacional a partir del 23 de marzo y fue ampliada hasta el 26 de abril, con el objetivo de mitigar el contagio y minimizar las muertes causadas por la pandemia. Sin embargo, la falta de coordinación y la improvisación en la implementación del confinamiento ha ignorado las consecuencias de este en una de las economías más desiguales del mundo; con un mercado laboral sumido en la informalidad (aproximadamente el 50 % según cifras del DANE), con una tasa de desempleo creciente los últimos 18 meses (12,2 % a febrero de 2020), y que padece de una fuerte inestabilidad institucional.

Bajo ese panorama, el confinamiento es más un privilegio que una opción para muchos hogares en el país. Los enfrenta a una profunda fragilidad financiera causada por una economía ampliamente informal, de bajos ingresos, con inestabilidad laboral y con niveles crecientes de endeudamiento. Los recientes eventos evidenciaron que el crédito a los hogares es parte fundamental en los balances de los bancos y entidades financieras. De acuerdo con el informe de estabilidad financiera del Banco de la República, cerca del 45 % total de la cartera de los bancos corresponde a deudas de los hogares y entre ellas el 66 % es de créditos de consumo y el porcentaje restante a créditos de vivienda. Para 2016, las personas dedicaban en promedio un 63 % de sus ingresos totales al pago de deudas; para 2010, este porcentaje era de 30 %.

Para los hogares más pobres esta carga es mayor. Se estima que el 20% de las personas más pobres destinan cerca de un 75 % de sus ingresos a pagar deudas, lo que sugiere que el crédito se convirtió en la fuente del financiamiento de los gastos corrientes de los hogares. Las deudas de las familias (presionadas por la disminución de los ingresos) se están estimulando hasta llegar al límite, lo cual podría tener consecuencias catastróficas.

Además, gran parte de los hogares deben sus ingresos a actividades informales, con ingresos diarios variables. Esto limita sus posibilidades de aislamiento, lo cual sería más costoso que el riesgo de contagiarse: el endeudamiento y el riesgo a perder el empleo obligan a los hogares más vulnerables a continuar sus actividades aún con una reducción significativa del ingreso.

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Por lo tanto, si se espera que la estrategia sea efectiva y no se ponga en riesgo la estabilidad económica, las acciones de los gobiernos nacional y locales no pueden limitarse a transferencias monetarias para grupos pertenecientes a programas subsidiarios o a la expansión de la liquidez a través de créditos por medio del sistema financiero. Estas últimas medidas no resuelven el problema de corto plazo y deterioran la demanda de los hogares vulnerables y la sostenibilidad de las mipymes durante el confinamiento.

Es necesario adoptar políticas más robustas que eviten que, en el mediano plazo, el confinamiento haya deteriorado los ingresos de los hogares y que el consumo basado en deuda haya incrementado su fragilidad financiera. De lo contrario, al final del confinamiento, cuando todo vuelva a la “normalidad”, la situación de los hogares será insostenible, cesarán los pagos de sus deudas, verán comprometido su consumo y tendremos otra gran calamidad.

* Estudiantes de Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia

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Así, el aislamiento representa la mejor alternativa para mitigar el contagio, pero exige que los gobiernos implementen la expansión del gasto para mantener la liquidez de los hogares y el sostenimiento de las mipymes. La coordinación de estas políticas requiere de un óptimo sistema de información y de la suficiencia estatal para llevarla a cabo, al mismo tiempo que amplía la capacidad instalada en los sectores de salud e investigación para atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, pocos países pueden implementar este tipo de políticas sin afectar el bienestar de la población más vulnerable. Entre estos, seguramente no están las economías de ingreso medio y bajo, donde el confinamiento representa un elevado costo social y puede incrementar los niveles de pobreza y desigualdad.

El gobierno colombiano en medio de diferencias con los gobiernos locales y bajo la presión social, declaró la cuarentena nacional a partir del 23 de marzo y fue ampliada hasta el 26 de abril, con el objetivo de mitigar el contagio y minimizar las muertes causadas por la pandemia. Sin embargo, la falta de coordinación y la improvisación en la implementación del confinamiento ha ignorado las consecuencias de este en una de las economías más desiguales del mundo; con un mercado laboral sumido en la informalidad (aproximadamente el 50 % según cifras del DANE), con una tasa de desempleo creciente los últimos 18 meses (12,2 % a febrero de 2020), y que padece de una fuerte inestabilidad institucional.

Bajo ese panorama, el confinamiento es más un privilegio que una opción para muchos hogares en el país. Los enfrenta a una profunda fragilidad financiera causada por una economía ampliamente informal, de bajos ingresos, con inestabilidad laboral y con niveles crecientes de endeudamiento. Los recientes eventos evidenciaron que el crédito a los hogares es parte fundamental en los balances de los bancos y entidades financieras. De acuerdo con el informe de estabilidad financiera del Banco de la República, cerca del 45 % total de la cartera de los bancos corresponde a deudas de los hogares y entre ellas el 66 % es de créditos de consumo y el porcentaje restante a créditos de vivienda. Para 2016, las personas dedicaban en promedio un 63 % de sus ingresos totales al pago de deudas; para 2010, este porcentaje era de 30 %.

Para los hogares más pobres esta carga es mayor. Se estima que el 20% de las personas más pobres destinan cerca de un 75 % de sus ingresos a pagar deudas, lo que sugiere que el crédito se convirtió en la fuente del financiamiento de los gastos corrientes de los hogares. Las deudas de las familias (presionadas por la disminución de los ingresos) se están estimulando hasta llegar al límite, lo cual podría tener consecuencias catastróficas.

Además, gran parte de los hogares deben sus ingresos a actividades informales, con ingresos diarios variables. Esto limita sus posibilidades de aislamiento, lo cual sería más costoso que el riesgo de contagiarse: el endeudamiento y el riesgo a perder el empleo obligan a los hogares más vulnerables a continuar sus actividades aún con una reducción significativa del ingreso.

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Por lo tanto, si se espera que la estrategia sea efectiva y no se ponga en riesgo la estabilidad económica, las acciones de los gobiernos nacional y locales no pueden limitarse a transferencias monetarias para grupos pertenecientes a programas subsidiarios o a la expansión de la liquidez a través de créditos por medio del sistema financiero. Estas últimas medidas no resuelven el problema de corto plazo y deterioran la demanda de los hogares vulnerables y la sostenibilidad de las mipymes durante el confinamiento.

Es necesario adoptar políticas más robustas que eviten que, en el mediano plazo, el confinamiento haya deteriorado los ingresos de los hogares y que el consumo basado en deuda haya incrementado su fragilidad financiera. De lo contrario, al final del confinamiento, cuando todo vuelva a la “normalidad”, la situación de los hogares será insostenible, cesarán los pagos de sus deudas, verán comprometido su consumo y tendremos otra gran calamidad.

* Estudiantes de Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia