Crudo derramado por atentados a Caño Limón-Coveñas cuesta más de US$277 millones
Según cifras de Ecopetrol, en toda su historia, este oleoducto ha sufrido 1.470 atentados y ha estado por fuera de operación el equivalente a más de 10 años.
Jorge Sáenz V. / @jorges_v
No importa que los precios del petróleo estén en un buen nivel o se encuentren en retirada. En cualquier momento los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera le hacen daño al país en doble vía: por la destrucción del medio ambiente y minando las finanzas del país en total de unos US$277,5 millones.
Los grupos terroristas siguen usando los ataques dinamiteros contra el principal oleoducto del país para presionar cualquier intento de diálogo. En lo corrido de 2018, Caño Limón-Coveñas ha sufrido 76 ataques, 13 menos que un año atrás cuando se causó mucha afectación a la industria petrolera. No importa en qué nivel esté la cotización en el mercado internacional.
Le puede interesar: Ecopetrol activó plan de contingencia por atentado en Caño Limón-Coveñas en Boyacá
Cifras de Ecopetrol indican que los ataques dinamiteros apenas han permitido que el oleoducto haya operado menos de dos meses de los 10 transcurridos en 2018. Los daños a las finanzas tanto de la empresa colombiana como al país no han sido mayores por las medidas de contingencia que ha implementado la petrolera y que le han permitido cumplir los contratos en el exterior.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo que los atentados tienen un impacto directo en las comunidades, afectando sus acueductos y su medio ambiente. “Rechazamos enérgicamente los atentados y haremos el trabajo (de recuperación) con las labores de las fuerzas militares para acceder en los sitios donde ocurrieron (los atentados) y hacer las reparaciones del caso”.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de las dos principales arterias con que cuenta el país para la exportaciones de crudo, recorre cerca de 700 kilómetros entre el campo petrolero Caño Limón (Arauca) y el puerto de Coveñas en la costa Caribe.
Los 76 atentados se convierten en el mayor número de ataques registrado desde 2001, cuando se presentaron 166. El oleoducto ha estado por fuera de operación la mayor parte del tiempo por cuenta del terrorismo atribuido al grupo terrorista ELN.
Según cifras de Ecopetrol, en toda su historia, este oleoducto ha sufrido 1.470 atentados y ha estado por fuera de operación el equivalente a más de 10 años.
El crudo derramado en su historia asciende a 3,7 millones de barriles, con un daño ambiental incalculable. A precios actuales promedio de US$ 75 el barril de Brent, la cotización de referencia para el crudo colombiano, estaríamos hablando de un total de US$277,5 millones, sin contar los costos de reparación y afectaciones en los acueductos de las poblaciones pobres. Para hacer una comparación, en el desastre del Exxon Valdez, en Prince William Sound, Alaska, una de las mayores tragedias medioambientales, se derramaron menos de 500 mil barriles de crudo.
Durante 2018 se han presentado afectaciones al Caño Limón-Coveñas en tres regiones: Arauca, Tibú y El Catatumbo. El costo invertido en las reparaciones del oleoducto, tanto por atentados como por válvulas ilícitas, es cercano a los $60 mil millones entre enero y septiembre de 2018, precisa un informe de la petrolera colombiana.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, señaló que estos atentados son contra los colombianos “porque en la medida en que lastima la infraestructura de oleoductos del país, pues lo que están es causando perjuicios económicos a Colombia”.
Analistas de la industria del petróleo resaltaron que el costo más grande es para el medio ambiente y la afectación a más de 100 especies animales y vegetales, así como por la contaminación de ríos y quebradas, muchos de los cuales son usados para captar el agua directamente o para los acueductos.
En el reciente ataque contra este sistema de transporte se presentó a la altura del kilómetro 104 en jurisdicción de la vereda La Blanquita, municipio de Cubará, en Boyacá. Para tratar de paliar la emergencia, Ecopetrol activó el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Válvulas para robar crudo
Ecopetrol señala que los atentados no son los únicos problemas que se registran en regiones como el Catatumbo. En los últimos años se viene presentado un fenómeno que crece a la par con los cultivos ilícitos, las válvulas ilegales para robar crudo.
Entre 2015 y lo corrido de 2018 se han detectado cerca de 1.740 válvulas ilícitas en la región del Catatumbo. El crudo hurtado asciende a 1.160 barriles por día en promedio, destaca el informe. El incremento a octubre de este año supera el 600 % comparado con todo el año 2017, pues se pasó de 202 válvulas a 1.277.
Sostiene la empresa colombiana que estas acciones ilegales han generado contaminación de 14.067 metros cuadrados de suelo y más de 3.936 metros cuadrados de espejos de agua afectados por el derrame de 749 barriles de petróleo.
La situación es alarmante debido a que los grupos al margen de la ley solo utilizan el 38 % del producto, es decir, que el 62 % restante es desechado en suelos, ríos y zonas verdes. Destaca el informe que también, en lo corrido de 2018, se han presentado 237 hurtos a pozos, tuberías y transformadores y 158 sabotajes y daños en equipos.
Los derrames también han generado afectación a fuentes hídricas como los ríos Tibú, Catatumbo y Tarra, y las quebradas El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria Sur, algunas de las cuales surten acueductos de la región.
No importa que los precios del petróleo estén en un buen nivel o se encuentren en retirada. En cualquier momento los atentados terroristas contra la infraestructura petrolera le hacen daño al país en doble vía: por la destrucción del medio ambiente y minando las finanzas del país en total de unos US$277,5 millones.
Los grupos terroristas siguen usando los ataques dinamiteros contra el principal oleoducto del país para presionar cualquier intento de diálogo. En lo corrido de 2018, Caño Limón-Coveñas ha sufrido 76 ataques, 13 menos que un año atrás cuando se causó mucha afectación a la industria petrolera. No importa en qué nivel esté la cotización en el mercado internacional.
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Cifras de Ecopetrol indican que los ataques dinamiteros apenas han permitido que el oleoducto haya operado menos de dos meses de los 10 transcurridos en 2018. Los daños a las finanzas tanto de la empresa colombiana como al país no han sido mayores por las medidas de contingencia que ha implementado la petrolera y que le han permitido cumplir los contratos en el exterior.
El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dijo que los atentados tienen un impacto directo en las comunidades, afectando sus acueductos y su medio ambiente. “Rechazamos enérgicamente los atentados y haremos el trabajo (de recuperación) con las labores de las fuerzas militares para acceder en los sitios donde ocurrieron (los atentados) y hacer las reparaciones del caso”.
El oleoducto Caño Limón-Coveñas, uno de las dos principales arterias con que cuenta el país para la exportaciones de crudo, recorre cerca de 700 kilómetros entre el campo petrolero Caño Limón (Arauca) y el puerto de Coveñas en la costa Caribe.
Los 76 atentados se convierten en el mayor número de ataques registrado desde 2001, cuando se presentaron 166. El oleoducto ha estado por fuera de operación la mayor parte del tiempo por cuenta del terrorismo atribuido al grupo terrorista ELN.
Según cifras de Ecopetrol, en toda su historia, este oleoducto ha sufrido 1.470 atentados y ha estado por fuera de operación el equivalente a más de 10 años.
El crudo derramado en su historia asciende a 3,7 millones de barriles, con un daño ambiental incalculable. A precios actuales promedio de US$ 75 el barril de Brent, la cotización de referencia para el crudo colombiano, estaríamos hablando de un total de US$277,5 millones, sin contar los costos de reparación y afectaciones en los acueductos de las poblaciones pobres. Para hacer una comparación, en el desastre del Exxon Valdez, en Prince William Sound, Alaska, una de las mayores tragedias medioambientales, se derramaron menos de 500 mil barriles de crudo.
Durante 2018 se han presentado afectaciones al Caño Limón-Coveñas en tres regiones: Arauca, Tibú y El Catatumbo. El costo invertido en las reparaciones del oleoducto, tanto por atentados como por válvulas ilícitas, es cercano a los $60 mil millones entre enero y septiembre de 2018, precisa un informe de la petrolera colombiana.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, señaló que estos atentados son contra los colombianos “porque en la medida en que lastima la infraestructura de oleoductos del país, pues lo que están es causando perjuicios económicos a Colombia”.
Analistas de la industria del petróleo resaltaron que el costo más grande es para el medio ambiente y la afectación a más de 100 especies animales y vegetales, así como por la contaminación de ríos y quebradas, muchos de los cuales son usados para captar el agua directamente o para los acueductos.
En el reciente ataque contra este sistema de transporte se presentó a la altura del kilómetro 104 en jurisdicción de la vereda La Blanquita, municipio de Cubará, en Boyacá. Para tratar de paliar la emergencia, Ecopetrol activó el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Válvulas para robar crudo
Ecopetrol señala que los atentados no son los únicos problemas que se registran en regiones como el Catatumbo. En los últimos años se viene presentado un fenómeno que crece a la par con los cultivos ilícitos, las válvulas ilegales para robar crudo.
Entre 2015 y lo corrido de 2018 se han detectado cerca de 1.740 válvulas ilícitas en la región del Catatumbo. El crudo hurtado asciende a 1.160 barriles por día en promedio, destaca el informe. El incremento a octubre de este año supera el 600 % comparado con todo el año 2017, pues se pasó de 202 válvulas a 1.277.
Sostiene la empresa colombiana que estas acciones ilegales han generado contaminación de 14.067 metros cuadrados de suelo y más de 3.936 metros cuadrados de espejos de agua afectados por el derrame de 749 barriles de petróleo.
La situación es alarmante debido a que los grupos al margen de la ley solo utilizan el 38 % del producto, es decir, que el 62 % restante es desechado en suelos, ríos y zonas verdes. Destaca el informe que también, en lo corrido de 2018, se han presentado 237 hurtos a pozos, tuberías y transformadores y 158 sabotajes y daños en equipos.
Los derrames también han generado afectación a fuentes hídricas como los ríos Tibú, Catatumbo y Tarra, y las quebradas El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria Sur, algunas de las cuales surten acueductos de la región.