¿Devolver el IVA?: una propuesta viable, pero inconveniente

El país lleva dos semanas peguntándose si es o no es conveniente modificar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de los artículos de la canasta familiar, luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propusiera gravar todos los bienes y servicios que la componen para incrementar el recaudo tributario y, a su vez, devolverlo a las familias de menores ingresos.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta el alcance de la propuesta, cómo se aplicaría o a través de qué mecanismos. Este posible nuevo ajuste al estatuto tributario ya tiene adeptos y detractores.

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Por un lado, unos creen que el país cuenta con las herramientas para hacer efectivas las redistribuciones; por otro, no todos comparten la lógica de que el dinero de los hogares más ricos llegará a la bolsa de recursos para los más vulnerables.

Una de las cuestiones a resolver es si el país tiene o no la manera de implementar un esquema de transferencias que no se deje permear por la corrupción. Para Roberto Angulo, economista y experto en política pública, la respuesta es sí. De hecho, según él, ya existe y es el programa Más Familias en Acción. “No se me ocurre otro mecanismo mejor que ese. Cuando la gente dice que no es posible, desconoce lo que se ha hecho”, enfatizó.

Angulo no fue el único en traer a colación esta plataforma, que le entrega subsidios a 2,5 millones de hogares en condición de pobreza (personas que están plenamente identificadas y a quienes se les hace seguimiento mes a mes). Marc Hofstetter, doctor en economía y columnista de este diario, también destacó el papel que este programa puede tener en una eventual devolución del IVA.

Más Familias en Acción entró en operación en 2000. Hoy se hacen transacciones a todo el país (1.102 municipios), incluso en las zonas rurales dispersas, sin incurrir en mayores gastos.

A pesar de sus ventajas y logros, todos coinciden en que este programa necesita mejoras, especialmente porque su principal focalizador es el Sisbén, el cual ha sido objeto de fraudes, que han permitido que personas que no merecen obtener subsidios, lo hagan.

Según Julián Torres, director de Transferencias Monetarias del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), actualmente 90 % de los beneficiarios de Más Familias en Acción están bancarizados y el 10 % restante recibe el dinero a través de ventanilla. “Tenemos todo un aparato que ha venido madurando desde hace 18 años, estamos preparados para asumir los retos que nos pongan en el marco de la superación de la pobreza extrema”, declaró el funcionario.

Pero más allá de la viabilidad de devolver el IVA, se debe revisar la conveniencia. Para Hofstetter, la cuestión es si vale la pena desgastarse en este debate para darle a un determinado número de familias menos de $20.000 al mes con el riesgo de que la iniciativa ni pase en el Congreso. “Tiene ventajas de administración tributaria, pero seguramente hay formas más eficientes de hacerlo. Esa discusión no tiene mucho futuro”.

La idea del ministro Carrasquilla está sustentada en un estudio académico de hace cinco años que advierte que lo que dejan de gastar los hogares por cuenta de los productos que no tienen IVA es desigual. Para ser más específicos: mientras en las familias más pobres el ahorro por las exenciones en este impuesto se calcula en $18.000 mensuales, para las de mayores ingresos es de $278.000.

Según Carrasquilla, el IVA es responsable de las mayores exenciones del sistema tributario, que se calculan en más de $40 billones. Sin embargo, incluso él es consciente de que su idea no ha sido exitosa en el pasado.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda (gremio de las aseguradoras), apoya la idea de tener una sola tasa para el IVA, sin excepción o exclusión alguna, y considera oportuno darle progresividad al impuesto a través de un mecanismo de devolución que beneficie a los más pobres. Sin embargo, es enfático en que se trata de un esfuerzo muy grande para un recaudo tan bajo.

La canasta familiar se compone de alrededor de 400 artículos entre los que no sólo figuran alimentos, sino también otros gastos típicos de los hogares como arriendo, servicios públicos, matrículas escolares, transporte urbano y medicinas.

Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), propuso recientemente que todos los productos de la canasta tengan una tarifa general de 19 %, a excepción del 30 % de los bienes básicos que hoy están gravados con 0 % o 5 %, como el arroz, los productos de panadería, las frutas o los tubérculos. “Nosotros dejaríamos la canasta exenta como está, porque eso es comprar un lío adicional en el Congreso sin tener los mecanismos de devolución para moderar su impacto inflacionario”, señaló.

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Ahora bien, Colombia aún está por debajo del promedio de los demás países de la región en materia de ingresos provenientes del IVA, con una tasa efectiva de 17,9 % por cuenta de las diferentes categorías de cobro. La modificación que propone el gobierno ayudaría a incrementar el recaudo en 0,4 % del PIB.

En 2014, la Corte Constitucional dejó consignada la necesidad de dejar exento o excluido del IVA “un grupo amplio de bienes de primera necesidad con los cuales puede conformarse una canasta suficiente para satisfacer las necesidades básicas”. Una reforma que no siga ese principio puede ser juzgada como inconstitucional por contradecir el principio de progresividad en materia fiscal o por descompensar una eventual regresividad.

El país lleva dos semanas peguntándose si es o no es conveniente modificar el IVA (Impuesto al Valor Agregado) de los artículos de la canasta familiar, luego de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propusiera gravar todos los bienes y servicios que la componen para incrementar el recaudo tributario y, a su vez, devolverlo a las familias de menores ingresos.

Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta el alcance de la propuesta, cómo se aplicaría o a través de qué mecanismos. Este posible nuevo ajuste al estatuto tributario ya tiene adeptos y detractores.

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Por un lado, unos creen que el país cuenta con las herramientas para hacer efectivas las redistribuciones; por otro, no todos comparten la lógica de que el dinero de los hogares más ricos llegará a la bolsa de recursos para los más vulnerables.

Una de las cuestiones a resolver es si el país tiene o no la manera de implementar un esquema de transferencias que no se deje permear por la corrupción. Para Roberto Angulo, economista y experto en política pública, la respuesta es sí. De hecho, según él, ya existe y es el programa Más Familias en Acción. “No se me ocurre otro mecanismo mejor que ese. Cuando la gente dice que no es posible, desconoce lo que se ha hecho”, enfatizó.

Angulo no fue el único en traer a colación esta plataforma, que le entrega subsidios a 2,5 millones de hogares en condición de pobreza (personas que están plenamente identificadas y a quienes se les hace seguimiento mes a mes). Marc Hofstetter, doctor en economía y columnista de este diario, también destacó el papel que este programa puede tener en una eventual devolución del IVA.

Más Familias en Acción entró en operación en 2000. Hoy se hacen transacciones a todo el país (1.102 municipios), incluso en las zonas rurales dispersas, sin incurrir en mayores gastos.

A pesar de sus ventajas y logros, todos coinciden en que este programa necesita mejoras, especialmente porque su principal focalizador es el Sisbén, el cual ha sido objeto de fraudes, que han permitido que personas que no merecen obtener subsidios, lo hagan.

Según Julián Torres, director de Transferencias Monetarias del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), actualmente 90 % de los beneficiarios de Más Familias en Acción están bancarizados y el 10 % restante recibe el dinero a través de ventanilla. “Tenemos todo un aparato que ha venido madurando desde hace 18 años, estamos preparados para asumir los retos que nos pongan en el marco de la superación de la pobreza extrema”, declaró el funcionario.

Pero más allá de la viabilidad de devolver el IVA, se debe revisar la conveniencia. Para Hofstetter, la cuestión es si vale la pena desgastarse en este debate para darle a un determinado número de familias menos de $20.000 al mes con el riesgo de que la iniciativa ni pase en el Congreso. “Tiene ventajas de administración tributaria, pero seguramente hay formas más eficientes de hacerlo. Esa discusión no tiene mucho futuro”.

La idea del ministro Carrasquilla está sustentada en un estudio académico de hace cinco años que advierte que lo que dejan de gastar los hogares por cuenta de los productos que no tienen IVA es desigual. Para ser más específicos: mientras en las familias más pobres el ahorro por las exenciones en este impuesto se calcula en $18.000 mensuales, para las de mayores ingresos es de $278.000.

Según Carrasquilla, el IVA es responsable de las mayores exenciones del sistema tributario, que se calculan en más de $40 billones. Sin embargo, incluso él es consciente de que su idea no ha sido exitosa en el pasado.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda (gremio de las aseguradoras), apoya la idea de tener una sola tasa para el IVA, sin excepción o exclusión alguna, y considera oportuno darle progresividad al impuesto a través de un mecanismo de devolución que beneficie a los más pobres. Sin embargo, es enfático en que se trata de un esfuerzo muy grande para un recaudo tan bajo.

La canasta familiar se compone de alrededor de 400 artículos entre los que no sólo figuran alimentos, sino también otros gastos típicos de los hogares como arriendo, servicios públicos, matrículas escolares, transporte urbano y medicinas.

Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), propuso recientemente que todos los productos de la canasta tengan una tarifa general de 19 %, a excepción del 30 % de los bienes básicos que hoy están gravados con 0 % o 5 %, como el arroz, los productos de panadería, las frutas o los tubérculos. “Nosotros dejaríamos la canasta exenta como está, porque eso es comprar un lío adicional en el Congreso sin tener los mecanismos de devolución para moderar su impacto inflacionario”, señaló.

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Ahora bien, Colombia aún está por debajo del promedio de los demás países de la región en materia de ingresos provenientes del IVA, con una tasa efectiva de 17,9 % por cuenta de las diferentes categorías de cobro. La modificación que propone el gobierno ayudaría a incrementar el recaudo en 0,4 % del PIB.

En 2014, la Corte Constitucional dejó consignada la necesidad de dejar exento o excluido del IVA “un grupo amplio de bienes de primera necesidad con los cuales puede conformarse una canasta suficiente para satisfacer las necesidades básicas”. Una reforma que no siga ese principio puede ser juzgada como inconstitucional por contradecir el principio de progresividad en materia fiscal o por descompensar una eventual regresividad.