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La razón por la cual, trabajadores que prestan un servicio en aplicaciones como Rappi y Uber, no reciben prestaciones como salud y pensión se debe a su modelo de contratación. Resulta que a estas personas se les considera independientes y por eso los dueños de las plataformas no están obligados a realizar tales aportes, lo contrario sucedería si estos tuvieran un contrato de trabajo.
Lo que define si una persona tiene un contrato de trabajo con un empleador o, por lo contrario, su relación se considera como independiente, es el concepto de subordinación laboral, es decir, que el empleado tenga que cumplir horarios, obedecer órdenes y prestar de manera exclusiva sus servicios a una compañía.
Esto no se ve con Rappi y Uber, ya que los repartidores y socios conductores no están obligados a cumplir un horario, ellos pueden trabajar cuando quieran y prestar sus servicios en plataformas de la competencia como Domicilios, Uber Eats, Didi y Beat, entre otros.
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No obstante, voceros de este tipo de trabajadores en Colombia, Argentina y España, aseguran que sí hay una subordinación laboral. Ese es un debate que se presentó el año pasado y que usted puede conocer con mayor detalle por medio del siguiente artículo.
En el marco de este panorama a ministra de trabajo, Alicia Arango, comunicó esta mañana una estrategia para poner fin a este limbo laboral y garantizar a estos trabajadores el acceso a una pensión y salud. Esta iniciativa buscará el apoyo del Congreso por medio de un proyecto de ley que será presentado este año.
En el diseño de este proyecto de ley participarán otras carteras como el Mininisterio de Transporte, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Salud.
En concreto, y esto son algunos avances que logró dar la ministra sobre este proyecto de ley, se definirá quién realizará los aportes a salud y pensión del trabajador, si la compañía mediante la cual presta su servicio, o la persona que está solicita el mismo por medio aplicativo.
La aplicación de esta medida eventualmente podría significar un aumento en las tarifas, algo similar a lo que ocurrió con Uber luego de que comenzó a tributar el IVA ante la Dian.
Según lo explicado por la ministra Arango, los trabajadores tendrían un trato similar al que se aprobó en el último Plan Nacional de Desarrollo (PND), es decir, quien se considere que debe aportar para la salud y pensión de estas personas deberá pagar un 15%, sobre la base del ingreso del trabajador; el 14% se irá a una especie de pensión (en el PND se habla de Beps) y un 1% será destinado a riesgos laborales. La salud sería asumida por el Régimen Subsidiario.
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Habrá un 20% adicional que dará el Gobierno para reforzar los Beps, es decir, el ahorro que alcanzaron durante su etapa de trabajo para tener un ingreso en su vejez.
Si un trabajador, por ejemplo, logró juntar $10.000.000 en Beps para su vejez, el estado le dará $2.000.000 adicionales. Estos $12.000.000 la persona podrá retirarlos una vez se jubile, o autorizar para que un fondo de pensiones los administre y le dé una mensualidad de por vida calculando cuántos años más podría vivir una persona y, ese periodo de tiempo, dividirlo en el total de sus ahorros.
El anterior modelo se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo para los trabajadores que reciben menos de un salario mínimo (lo que en el documento se define como Piso de Protección Social).
Arango explicó que quienes ganen más de un salario mínimo tendrán que cotizar por su cuenta, tal y como lo hacen los contratistas en el país. Esto se convierte en otro reto, porque los ministerios y compañías implicadas tendrán que pensar en un mecanismo para garantinzar que estas persona están haciendo sus contribuciones y no se la 'guardan' para que sus ingresos no se vean afectados.