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La Red de Justicia Tributaria, junto con la ONG alemana Fescol, publicaron recientemente un estudio sobre el balance económico de los ocho años de gobierno de Juan Manuel Santos. El documento hace duras críticas en temas como productividad, estrategia comercial y tributación en el país.
Ahora bien, además de balance, el documento también sirve para establecer el terreno de juego para el próximo Gobierno, que enfrenta duros retos en materia fiscal (con una reforma tributaria que, dicen, será presentada el próximo 7 de agosto) y la aparente necesidad de reformular el esquema de pensiones del país.
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Todo esto de la mano de impulsar la productividad más allá de los reinos del petróleo, que pasa por su mejor momento desde la crisis de 2014, pero también impulsando la creación de más y mejor empleo y cerrando la brecha en la distribución de la riqueza (la desigualdad es uno de los aspectos en los que Colombia lidera en el mundo).
Durante el evento de presentación del informe, sin embargo, se destacó cómo el acuerdo de paz y la reforma de poderes son dos elementos positivos de la administración Santos, pues ayudan a fortalecer la democracia en el largo plazo, según Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Pero en otros casos, el documento ofrece un panorama menos halagador al decir que “la economía todavía hoy depende en una buena medida de los precios internacionales de los recursos naturales, y el país ha perdido capacidad de producir las mercancías que consume, teniendo como resultado a millones de personas en trabajos de baja remuneración, poca calidad y capacitación, lo que genera un bajo consumo de los hogares, afectado además por políticas fiscales regresivas”.
Estas son preocupacones que comparte Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, quien hace parte de la Red de Justicia Tributaria. “En el gobierno Santos hubo una política de transformación productiva, pero los resultados no son lo esperado: la industria perdió participación y es cada vez más dependiente de la importación de insumos y de bienes finales. No logramos diversificar exportaciones, seguimos exportando, principalmente, lo mismo que hace 30 años”.
Usted afirma que se ha deteriorado el empleo. ¿Por qué?
La lógica con la que actuó este gobierno es la defensa del consumidor. Es un discurso recurrente. Lo que creo es que uno defiende a los consumidores, protegiendo a los productores. Uno no puede proteger a los consumidores sin protegerles el empleo. Lo que muestran las cifras del Dane es que la calidad del empleo se ha deteriorado: la informalidad ha caído, pero al mirar por calidad (capacitación de los trabajadores, remuneración de los asalariados, cotizantes a pensiones) todos los indicadores se han deteriorado. Hay un estudio de Anif que dice que cuando se miran los activos de pensiones durante el año corrido son el 15 % de los ocupados en Colombia. Además, 80 % de los ocupados no tiene título o apenas es bachiller y 70 % gana entre 0 y 1,5 salarios mínimos. Esto lo que dice es que la calidad del empleo se ha deteriorado porque no hay actividades productivas en las cuales ocuparse. Entonces, lo que decimos es que no se puede tener una lógica de consumo sana si no hay trabajadores bien pagos porque si no ¿quién consume?
¿Cree que hubo avances en la diversificación de la producción?
La lógica del modelo de defensa al consumidor es traigamos cosas baratas para que los compradores se beneficien y los empresarios se enfoquen en la exportación, porque en Colombia no hay mercado. Y es un asunto contradictorio porque al final no hay mucho para exportar tampoco. Hablamos de tener acceso a 1.500 millones de consumidores, pero la verdad es que no tenemos qué venderles.
Se refiere a la estrategia comercial…
Creo que esta es una de las reformas que hay que hacer. El esquema de tratados de libre comercio no funcionó porque no logramos exportar más. Puede medirlo por donde quiera. No producimos más, pero sí nos estamos llenando más de mercancías. ¿Qué hacen los demás países? Medidas de protección a las que llaman guerra comercial. Pero, por ejemplo, Perú tiene medidas contra Estados Unidos para evitar que entren mercancías masivas que afecten a productores peruanos. No estamos hablando de China o Rusia, estamos hablando de Perú.
¿Por qué hablar de medidas de protección hoy?
Hablemos, por ejemplo, del agro. Expertos del sector aseguran que el crecimiento de los últimos dos años es apenas una recuperación de lo que se perdió por el fenómeno de El Niño. Eso no es crecimiento. En el último trimestre se perdieron 66.000 empleos en agricultura. No le puede estar yendo bien a un sector que importa 14 millones de toneladas de alimentos por año y tiene 10 millones de hectáreas en rastrojos. Si no ponemos medidas de protección, en el próximo tratado de libre comercio (con la Alianza del Pacífico) nos vamos a quebrar. No lo digo yo, lo dicen los mismos productores.
¿Es necesaria una reforma tributaria?
El sistema tributario en Colombia tiene una estructura muy regresiva. También hay problemas con los beneficios tributarios, a los que no le han querido meter la mano en el Congreso. Eso está muy documentado: tenemos 230 tipos de beneficios tributarios, unos que vienen desde 1959. Eso es un absurdo económico. Aquí hay beneficios que nadie mide ni sabemos qué ha pasado con ellos y nos cuestan $14 billones por año, dinero que el Estado deja de recibir. Hoy tenemos más impuestos indirectos que directos. Creo que debe haber una reversión de eso: más personas naturales deberían pagar impuestos. No es una idea popular, lo sé. Todos tenemos que pagar impuestos y, de hecho, lo hacemos. Como con el IVA: 51 % de los impuestos en Colombia son indirectos, tipo IVA, 4 X 1.000… Y cuando hablo de personas naturales hay que definir quiénes son los ricos en Colombia. El Consejo Gremial los definió como las personas que se ganan $1´953.000 (2,5 salarios mínimos). Yo creo que los ricos están más arriba y que, realmente, no pagan impuestos. No creo que debamos bajarle más impuestos a las empresas. Ya se ha hecho suficiente ahí en las últimas tres reformas tributarias. Hay un estudio de la Dian en el que se afirma que la tributación efectiva de las empresas ha caído, en estas reformas, de 60 % a 48 %. No es 69 % que dice el Banco Mundial. Y hay sectores en los que es menos, como el financiero, en donde es 15 %.