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Una honda preocupación hay entre los analistas e inversionistas del mercado financiero colombiano por el plan impositivo que el presidente electo, Iván Duque, anuncia llevar al Congreso. La nueva administración, que tomará las riendas del país el 7 de agosto, tiene retos grandes: cumplir la meta del déficit fiscal, mantener control sobre el gasto público y debilitar el alto endeudamiento externo.
Una reforma tributaria “debería allegar recursos adicionales por al menos un 1,5 % del PIB en 2022”, considera la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). El trabajo tributario para elevar el recaudo debe concentrarse en eliminar los contratos de estabilidad tributaria, abolir la tributación preferencial a las zonas francas, incrementar la tributación de las personas naturales y “acabar con los tratamientos ‘especiales’ en materia de IVA”, estima el centro de estudios del sistema financiero.
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“Hay varios frentes indispensables para reducir el déficit fiscal, no sólo por cumplir la regla fiscal, sino porque es necesario para evitar que la deuda siga aumentando como porcentaje del PIB. Eso requiere aumentar el recaudo, por un lado, y por otro moderar el crecimiento del gasto o reducirlo en la medida de lo posible”, señala Leonardo Villar, director de Fedesarrollo.
Las agencias calificadoras que tienen el ojo puesto en la economía colombiana admiten que no hay mucho espacio fiscal para que el país pueda seguir liberando su carga tributaria. “No consideramos como inminente la presentación de una reforma tributaria”, dice Camilo Durán, analista de la firma Credicorp Capital, y añade: “Creemos que por la frecuencia no sea la medida más apropiada para seguir ajustando las cuentas públicas luego de la caída de los precios del petróleo desde 2014”, dice.
“Con un crecimiento de la economía del país de 1,8 % del año pasado, el gasto público quedó muy alto”, argumenta Wilson Tovar, gerente de investigaciones de Acciones & Valores. Sostiene que por ahora las calificadoras han dicho que mantienen al país en grado de inversión con un pronóstico en revisión. “Ellas quieren ver en la reforma fiscal que se presente de qué forma se va a intentar flexibilizar el gasto y cómo se va a atenuar el costo de la deuda en dólares”, dice Tovar.
Una cuesta muy empinada debe comenzar a recorrer la administración Duque para convencer a las calificadoras y evitar que rebajen la nota que tiene Colombia, que la ubica en una situación de privilegio frente a países pares. “A las calificadoras les preocupa la carga de la deuda del Gobierno Nacional, que está alrededor del 43,4 % del PIB y es una deuda que se ha hecho más pesada desde el año 2014, y las firmas están exigiendo, para no deteriorar la nota del país, que ese nivel de endeudamiento empiece a bajar en los próximos años, para que esté en niveles similares a los de países de calificación triple B. El panorama es complicado”, sostiene Durán.
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El recaudo tributario se ha mantenido estancado en 14 % del PIB, por debajo del 16 %-17 % del PIB observado en América Latina, advierte un informe de ANIF. El documento recuerda que la OCDE, organización a la que ahora pertenece Colombia, recomendó incrementar el recaudo tributario a través de elevar la progresividad del impuesto a la renta de las personas naturales, gravando los dividendos y eliminando las exenciones regresivas. Igualmente propone aliviar la carga de las empresas y combatir la evasión, fortaleciendo la DIAN y estableciendo mayores sanciones.
“Para efectos de aumentar el recaudo, hay unas medidas sobre las que hay consenso total, pero que requieren decisiones importantes que tienen que ver con la administración de la autoridad tributaria de la DIAN, en particular donde debe invertirse más recursos en tecnología”, indica el director de Fedesarrollo.
“Para aumentar el recaudo de impuestos sin afectar la economía deben colocarse tasas en personas naturales al nivel de los países de la OCDE, es decir, del 50 % y 55 % para los ingresos más altos, deben gravarse los dividendos en el rango que les corresponda y no a unas tarifas tan bajas del 5 % y 10 %, que en realidad nunca pagan por la cantidad de excepciones que les colocaron. Asimismo restablecer el impuesto al patrimonio para empresas naturales con patrimonios líquidos mayores a $1.000 millones, fijar cárcel para los evasores e independizar y modernizar la DIAN, con personal netamente técnico”, explica Orlando Villabona, catedrático de la Universidad Nacional.
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El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, señala algo que podría ser una realidad: “La olla está raspada. Vamos a ver qué dice el empalme”. “Debe ser una reforma más centrada en los ataques a la evasión y la elusión como mecanismo para permitir una rebaja de impuestos”, dice el dirigente gremial sobre lo que debe ser la propuesta fiscal.