Enseñanzas del COVID-19 en política social, informalidad y vulnerabilidad económica

Tras varias semanas de confinamiento, en los barrios populares del país siguen apareciendo banderas rojas que simbolizan un clamor desesperado por ayuda. “Nosotros estamos aquí aguantando hambre. Yo soy un vendedor informal y no he recibido ninguna ayuda” decía un señor mayor que interrumpió su aislamiento para unirse a una protesta en Ciudad Bolívar en Bogotá el pasado 9 de abril. Hay quienes siguen trabajando, pues dicen temerle más a no tener para el diario que a contraer el virus.

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El coronavirus y las necesarias medidas para contenerlo han evidenciado la deuda del Estado con los trabajadores informales. Aunque se han tomado medidas bien encaminadas, hizo falta una pandemia para adoptarlas. Hasta hoy la informalidad ha resuelto lo que la política económica y social no ha podido. Pero con la economía informal parada, surge la necesidad de avanzar en soluciones de fondo, más allá de la emergencia.

Si la economía informal para, la política social se queda corta

Las cifras del mercado laboral del DANE indican que el trabajo informal es la principal fuente de generación de ingresos de los hogares pobres y vulnerables. En los primeros, dos terceras partes de los ocupados son informales, y el ingreso proveniente de actividades informales representa, en promedio, el 52% de sus ingresos totales. En el caso de los vulnerables, que definimos como hogares no pobres, pero con ingresos inferiores al ingreso mediano (equivalente a $626.000 por persona), el 57 % de ocupados está en la informalidad y estas actividades representan el 40 % de sus ingresos.

Los programas de transferencia (Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción) son claves para dar un alivio económico a estos hogares, pero tienen limitaciones para abordar estructuralmente el problema. Una primera limitación es la insuficiencia de estas transferencias para que los pobres dejen de serlo, pues una cuarta parte de los hogares beneficiarios caerían en la pobreza sin sus ingresos laborales derivados de actividades informales. La segunda es que más del 50% de los hogares pobres en las 13 ciudades principales está excluido de los programas existentes. Y la tercera es que estos no aseguran la inclusión productiva de sus beneficiarios de forma que puedan salir de la pobreza con autonomía.

Aún con las medidas tomadas, la pobreza podría dispararse

Para mitigar los efectos del confinamiento, el gobierno lanzó el programa Ingreso Solidario: una transferencia de $160.000 para más de tres millones de familias no cubiertas por otros programas, que se suma a otras medidas como la devolución del IVA. Pese a las inconsistencias del aplicativo virtual, este es un paso necesario para aliviar la crítica situación de hogares que se quedaron sin ingreso.

Sin embargo, la medida es insuficiente. Una simulación a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (IV trimestre-2019) muestra que, incluso aunque estas transferencias llegaran a quienes deberían, la parálisis de la economía informal puede llevar a un incremento de la pobreza sin precedentes. Si se considera la pérdida de ingreso de actividades en el sector informal, la pobreza se duplicaría en las 13 principales ciudades, alcanzando el 35 %. Esta cifra no deja de ser optimista, pues supone que el ingreso laboral de ocupaciones formales y los ingresos no laborales se mantienen fijos, además que no se plantea -por problemas de información- la afectación a pequeños conglomerados urbanos, donde otros tres millones podrían caer en la pobreza. En un escenario más pesimista en que se alteren estos supuestos, la pobreza podría llegar al 50 %, lo que implicaría un retroceso de 20 años.

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Tocar la riqueza para salvar la vida y crear un piso permanente de protección social

Con la misma premura con que se implementó Ingreso Solidario debería crearse un piso permanente de protección social basado en derechos. Esto implicaría articular la oferta estatal para garantizar vivienda, alimentación y educación virtual para que la población pobre y vulnerable pueda permanecer en el hogar mientras no trabaje, en formas que faciliten su enganche laboral posterior en condiciones dignas. Este objetivo requeriría una política complementaria de formalización y de fomento productivo, cuya ausencia nos ha costado caro.

En un escenario con restricciones en los flujos de ingresos, deben considerarse opciones de financiamiento como impuestos extraordinarios al patrimonio, reasignaciones presupuestarias y endeudamiento público con cargo a reformas tributarias futuras que fortalezcan la progresividad del impuesto a la renta personal y eliminen beneficios tributarios innecesarios.

La recuperación económica requerirá políticas transformadoras, entre ellas un piso de protección social. Además de saldar la deuda con los trabajadores informales, esto brindaría seguridad económica a la población para facilitar objetivos estratégicos como la diversificación productiva y la transición energética.

* Profesor e investigador, U. Nacional y U. de La Salle

** Investigador, Center for Economic and Social Rights

Tras varias semanas de confinamiento, en los barrios populares del país siguen apareciendo banderas rojas que simbolizan un clamor desesperado por ayuda. “Nosotros estamos aquí aguantando hambre. Yo soy un vendedor informal y no he recibido ninguna ayuda” decía un señor mayor que interrumpió su aislamiento para unirse a una protesta en Ciudad Bolívar en Bogotá el pasado 9 de abril. Hay quienes siguen trabajando, pues dicen temerle más a no tener para el diario que a contraer el virus.

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El coronavirus y las necesarias medidas para contenerlo han evidenciado la deuda del Estado con los trabajadores informales. Aunque se han tomado medidas bien encaminadas, hizo falta una pandemia para adoptarlas. Hasta hoy la informalidad ha resuelto lo que la política económica y social no ha podido. Pero con la economía informal parada, surge la necesidad de avanzar en soluciones de fondo, más allá de la emergencia.

Si la economía informal para, la política social se queda corta

Las cifras del mercado laboral del DANE indican que el trabajo informal es la principal fuente de generación de ingresos de los hogares pobres y vulnerables. En los primeros, dos terceras partes de los ocupados son informales, y el ingreso proveniente de actividades informales representa, en promedio, el 52% de sus ingresos totales. En el caso de los vulnerables, que definimos como hogares no pobres, pero con ingresos inferiores al ingreso mediano (equivalente a $626.000 por persona), el 57 % de ocupados está en la informalidad y estas actividades representan el 40 % de sus ingresos.

Los programas de transferencia (Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción) son claves para dar un alivio económico a estos hogares, pero tienen limitaciones para abordar estructuralmente el problema. Una primera limitación es la insuficiencia de estas transferencias para que los pobres dejen de serlo, pues una cuarta parte de los hogares beneficiarios caerían en la pobreza sin sus ingresos laborales derivados de actividades informales. La segunda es que más del 50% de los hogares pobres en las 13 ciudades principales está excluido de los programas existentes. Y la tercera es que estos no aseguran la inclusión productiva de sus beneficiarios de forma que puedan salir de la pobreza con autonomía.

Aún con las medidas tomadas, la pobreza podría dispararse

Para mitigar los efectos del confinamiento, el gobierno lanzó el programa Ingreso Solidario: una transferencia de $160.000 para más de tres millones de familias no cubiertas por otros programas, que se suma a otras medidas como la devolución del IVA. Pese a las inconsistencias del aplicativo virtual, este es un paso necesario para aliviar la crítica situación de hogares que se quedaron sin ingreso.

Sin embargo, la medida es insuficiente. Una simulación a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (IV trimestre-2019) muestra que, incluso aunque estas transferencias llegaran a quienes deberían, la parálisis de la economía informal puede llevar a un incremento de la pobreza sin precedentes. Si se considera la pérdida de ingreso de actividades en el sector informal, la pobreza se duplicaría en las 13 principales ciudades, alcanzando el 35 %. Esta cifra no deja de ser optimista, pues supone que el ingreso laboral de ocupaciones formales y los ingresos no laborales se mantienen fijos, además que no se plantea -por problemas de información- la afectación a pequeños conglomerados urbanos, donde otros tres millones podrían caer en la pobreza. En un escenario más pesimista en que se alteren estos supuestos, la pobreza podría llegar al 50 %, lo que implicaría un retroceso de 20 años.

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Tocar la riqueza para salvar la vida y crear un piso permanente de protección social

Con la misma premura con que se implementó Ingreso Solidario debería crearse un piso permanente de protección social basado en derechos. Esto implicaría articular la oferta estatal para garantizar vivienda, alimentación y educación virtual para que la población pobre y vulnerable pueda permanecer en el hogar mientras no trabaje, en formas que faciliten su enganche laboral posterior en condiciones dignas. Este objetivo requeriría una política complementaria de formalización y de fomento productivo, cuya ausencia nos ha costado caro.

En un escenario con restricciones en los flujos de ingresos, deben considerarse opciones de financiamiento como impuestos extraordinarios al patrimonio, reasignaciones presupuestarias y endeudamiento público con cargo a reformas tributarias futuras que fortalezcan la progresividad del impuesto a la renta personal y eliminen beneficios tributarios innecesarios.

La recuperación económica requerirá políticas transformadoras, entre ellas un piso de protección social. Además de saldar la deuda con los trabajadores informales, esto brindaría seguridad económica a la población para facilitar objetivos estratégicos como la diversificación productiva y la transición energética.

* Profesor e investigador, U. Nacional y U. de La Salle

** Investigador, Center for Economic and Social Rights