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Independientemente de quién sea el ganador de la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, lo cierto es que el país tendrá que enfrentar una amplia gama de retos y problemas en materia económica.
Las prioridades en materia económica varían mucho, pues en últimas cada sector tiene sus propias preocupaciones. Pero, a pesar de las diferencias y las prioridades mezcladas, hay terrenos en los que gremios, calificadoras, bancos y académicos parecen ponerse de acuerdo.
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Uno de estos es ganar estabilidad en materia fiscal, en medio de un escenario de amplia incertidumbre con los precios del petróleo y, en general, del momento de fractura que parece haber con la producción minero-energética en Colombia. Los precios del crudo vienen experimentando un alza sostenida que, sin embargo, asusta a gobiernos y productores por igual. El próximo mes, la OPEP se reunirá en Viena para tomar medidas de fondo sobre la producción de los países del grupo, que fue seriamente restringida para propiciar una recuperación global en este tema.
En el tema minero-energético en Colombia, el horizonte enfrenta también serios retos, pues lo que las consultas populares están diciendo es que las comunidades han comenzado a repensar los modelos de desarrollo bajo los cuales quieren impulsar su crecimiento económico y social. Justo al lado de esta discusión va una nueva reforma al sistema de regalías, que ha sido propuesta desde algunos bandos.
Ambas discusiones están atadas al panorama fiscal de Colombia, ya que proveen recursos para financiar el gasto del Estado, pero también para promover la inversión y la diversificación del aparato productivo, que es otro de los debates claves para el futuro de Colombia, porque “esto nos permitiría crecer más y a tasas más estables, pues nos haría menos vulnerables a choques externos como el que nos afectó en el pasado reciente”, según argumentaron Allison Benson y Andrés Trejos durante una serie de artículos publicados por este diario en la que analizaron en profundidad las propuestas económicas de cada candidato.
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En un análisis reciente, el Banco Itaú estimó que el déficit fiscal para el próximo año será de 2,7 % (de un 2,4 % calculado anteriormente) y concluyó que, a pesar del repunte positivo del petróleo, “la tarea fiscal estará a la cabeza de los principales desafíos del gobierno entrante”.
Y este es un tema sensible, pues no hay soluciones fáciles para generar nuevos ingresos, que no pasen por una reforma tributaria, e incluso esta fórmula puede tener resultados mezclados. Esto es aún más crítico cuando se tiene en cuenta que el 80 % del gasto de la nación es considerado como inflexible (aquel que no puede ser recortado).
Las calificadoras de riesgo, como Fitch, también han expresado preocupación por el escenario fiscal en el mediano y largo plazo. Luego de las elecciones legislativas de marzo, Fitch expresó que se debería “reforzar el marco macroeconómico y fiscal del país”.
Después de los comicios de marzo, las calificadoras respiraron con tranquilidad por el triunfo mayoritario de partidos de centro-derecha. No queda claro qué pasará con el paso a segunda vuelta de Gustavo Petro. En un informe privado, uno de los mayores bancos del país aseguró que “consideramos que cualquier candidato excepto Petro será tomado positivamente por los inversionistas internacionales, lo que no debería generar volatilidad ni efectos negativos sobre los activos locales”.
Otro de los temas que está en el centro del debate, incluso es una preocupación de los empresarios, es la reducción de las cargas a las empresas, como una forma de impulsar la generación de empleo y de dinamizar el gasto y la inversión en el sector privado. La medida tiene tanto defensores como contradictores, pues es una fórmula que puede resultar en mayor concentración de la riqueza y esto le pega a otro de los grandes retos a futuro: la reducción de la desigualdad.
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La concentración excesiva del ingreso y la riqueza tienen enormes riesgos, como han argumentado autores de la talla de Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. Somos uno de los países más desiguales de la región con un coeficiente Gini de 0,52, los niveles de ingreso más concentrados de América Latina y en donde, según datos de WID para 2010, el 1 % de las personas más ricas del país concentraban el 20 % de la riqueza.
En una columna publicada por este diario, José Manuel Restrepo razonaba que una de las grandes transiciones que debe hacer el país es “de una nación que, a pesar de bajar la pobreza, sigue siendo profundamente inequitativa y que, de la mano de la educación, necesita construir igualdad de oportunidades para todos”.
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Es una encrucijada regional, claro está, en donde la mayoría de países ha registrado una caída en la participación del trabajo en el PIB y un aumento en la brecha salarial. Esto, argumenta Eduardo Sarmiento, hace que las economías del continente (Colombia incluida) “evolucionen dentro de desigualdades que causan descontento y tensiones sociales”.
Tanto Duque como Petro difieren en sus aproximaciones económicas. El primero profundizaría la explotación minero-energética, lo que a su vez podría estancar la reconversión y expansión del aparato productivo del país. Los planes económicos del segundo contemplan la desigualdad como un serio problema, pero, como analizaron Benson y Trejos, su propuesta “es irrealizable en términos fiscales”.