FMI estudia pedido de Colombia para renovar línea de crédito flexible por US$ 10.800 millones

Ante las dificultades para conseguir créditos externos y debido a que Colombia tiene un déficit amplio en sus cuentas externas, el Gobierno del presidente Duque solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) renovar la Línea de Crédito Flexible (LCF)que tiene con ese organismo multilateral de crédito.

Ante la solicitud, este jueves el Directorio Ejecutivo del Fondo se reunió para concluir la consulta del Artículo IV sobre Colombia. En un comunicado conjunto el Banco de la República y el ministerio de Hacienda señalaron que “Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, emitió una declaración en la cual recomienda al Directorio Ejecutivo de ese organismo internacional aprobar la LCF en respuesta a la solicitud de Colombia de renovar el acuerdo por el monto actual de DEG 7.848 millones (384% de la cuota de Colombia), que equivale a cerca de USD 10.800 millones”.

(De contexto: La debilidad fiscal ante la pandemia).

El FMI reconoce que “dados los muy sólidos marcos de política y el historial de Colombia, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tiene la intención de recomendar la aprobación del acuerdo”, cuando el directora del organismo se reúna las próximas semanas.

“El FMI está listo para apoyar a Colombia a través de nuestras facilidades, políticas de apoyo, asesoramiento técnico y trabajando juntos como comunidad internacional a medida que afrontamos esta crisis pandémica global”, dice en un informe de prensa el FMI.

Explica el Fondo que la línea flexible de crédito “ayuda a proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de buen desempeño económico, al proporcionar con un amplio acceso a recursos del FMI por adelantado y sin condiciones continuas”.

Explican el banco central y el ministerio de Hacienda que la línea de flexible es “como una herramienta de carácter precautorio, disponible para afrontar situaciones críticas de balanza de pagos”.

De interés: COVID‑19: Perspectivas para la recesión).

En el momento que el país solicite un desembolso de estos recursos, se convierte en deuda externa que pasaría a hacer parte de las reservas internacionales administrada por el Banco de la República.

Es decir, que esos recursos solo podrán ser utilizados por el banco central como lo hace co las reservas, para intervenciones cambiarias.

“Es una medida precautelativa que está tomando el gobierno colombiano para estar (tener) unos recursos potenciales de emergencia, en dólares, que se podrían requerir en cualquier momento sobre todo en una crisis como la actual en donde los mercados internacionales están cerrados y el acceso al financiamiento se está complicando”, sostuvo Andrés Pardo, exasesor económico del Gobierno.

El gobierno colombiano ha tenido esta línea de crédito desde 2009 y no ha necesitado pedir desembolsos. La ha venido renovando en varias oportunidades; la última vez fue en mayo de 2018 y como se hace cada dos años, es decir, que se vencía en mayo de 2020 por lo que la administración Duque tomó la decisión de pedir la renovación, seguramente por otros dos años.

Ante las dificultades para conseguir créditos externos y debido a que Colombia tiene un déficit amplio en sus cuentas externas, el Gobierno del presidente Duque solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) renovar la Línea de Crédito Flexible (LCF)que tiene con ese organismo multilateral de crédito.

Ante la solicitud, este jueves el Directorio Ejecutivo del Fondo se reunió para concluir la consulta del Artículo IV sobre Colombia. En un comunicado conjunto el Banco de la República y el ministerio de Hacienda señalaron que “Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, emitió una declaración en la cual recomienda al Directorio Ejecutivo de ese organismo internacional aprobar la LCF en respuesta a la solicitud de Colombia de renovar el acuerdo por el monto actual de DEG 7.848 millones (384% de la cuota de Colombia), que equivale a cerca de USD 10.800 millones”.

(De contexto: La debilidad fiscal ante la pandemia).

El FMI reconoce que “dados los muy sólidos marcos de política y el historial de Colombia, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, tiene la intención de recomendar la aprobación del acuerdo”, cuando el directora del organismo se reúna las próximas semanas.

“El FMI está listo para apoyar a Colombia a través de nuestras facilidades, políticas de apoyo, asesoramiento técnico y trabajando juntos como comunidad internacional a medida que afrontamos esta crisis pandémica global”, dice en un informe de prensa el FMI.

Explica el Fondo que la línea flexible de crédito “ayuda a proteger contra choques externos a los países que tienen marcos de política muy sólidos y una trayectoria de buen desempeño económico, al proporcionar con un amplio acceso a recursos del FMI por adelantado y sin condiciones continuas”.

Explican el banco central y el ministerio de Hacienda que la línea de flexible es “como una herramienta de carácter precautorio, disponible para afrontar situaciones críticas de balanza de pagos”.

De interés: COVID‑19: Perspectivas para la recesión).

En el momento que el país solicite un desembolso de estos recursos, se convierte en deuda externa que pasaría a hacer parte de las reservas internacionales administrada por el Banco de la República.

Es decir, que esos recursos solo podrán ser utilizados por el banco central como lo hace co las reservas, para intervenciones cambiarias.

“Es una medida precautelativa que está tomando el gobierno colombiano para estar (tener) unos recursos potenciales de emergencia, en dólares, que se podrían requerir en cualquier momento sobre todo en una crisis como la actual en donde los mercados internacionales están cerrados y el acceso al financiamiento se está complicando”, sostuvo Andrés Pardo, exasesor económico del Gobierno.

El gobierno colombiano ha tenido esta línea de crédito desde 2009 y no ha necesitado pedir desembolsos. La ha venido renovando en varias oportunidades; la última vez fue en mayo de 2018 y como se hace cada dos años, es decir, que se vencía en mayo de 2020 por lo que la administración Duque tomó la decisión de pedir la renovación, seguramente por otros dos años.