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La Contraloría General de la República (CGR) informó que estimará los costos adicionales que a futuro se generarán en Hidroituango, “por causa de deficiencias y situaciones adversas que hayan surgido durante la planeación y desarrollo del proyecto”. Lo hizo en el marco de la participación del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, en una audiencia sobre el tema convocada por la Procuraduría.
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Hasta el momento, dice el ente de control, el costo del proyecto Hidroituango se aproxima a los $11,5 billones, de los cuales 38,23 % (más de $4,3 billones) corresponden a recursos propios. El 61,77 % restante proviene de la deuda con banca multilateral, que equivale a casi $7,1 billones.
Córdoba precisó que, de los 200 contratos suscritos por EPM –responsable del proyecto hidroeléctrico– entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, dos están en estado de suspensión, 106 ya terminaron y uno está en trámite de declaratoria de incumplimiento.
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La CGR comunicó que está verificando también el cumplimiento de las obligaciones del contrato BOOMT (contrato entre Hidorituango S. A. y EPM para la construcción del proyecto), y haciéndole un seguimiento cronológico a los hitos del proyecto, a partir destaponamiento del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en abril del año pasado.
Los auditores de la Contraloría, añadió la CGR, examinan a fondo el contrato suscrito entre EPM y Consorcio CCC Ituango para la construcción de la presa, casa de máquinas y obras anexas, cuyo valor ejecutado fue del orden de los $2,9 billones.
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Asimismo, se revisan las fuentes de financiación del proyecto y la destinación e inversión de los recursos públicos del Estado, que fueron aportados por la Gobernación del Departamento de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquía (IDEA), el municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La Contraloría agregó que le preocupa “la situación ecológica que se ha desprendido de la emergencia, el impacto sobre las poblaciones ribereñas, el eventual efecto sobre tarifas y suministro energético y la sostenibilidad económica de una empresa que es patrimonio público”.
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A través de la Delegada de Medio Ambiente, la Contraloría General auditará los estudios de Valoración de Costos Ambientales utilizados por la autoridad ambiental competente para otorgar la Licencia Ambiental al proyecto y las modificaciones a esta.
“El objetivo de esta evaluación es precisar si con base en dichos estudios, los riesgos ambientales fueron adecuadamente previstos, y si se tomaron las decisiones correspondientes para evitar la materialización de dichos riesgos, su minimización, mitigación, y las eventuales compensaciones ambientales”, dice un comunicado de la entidad.
También se busca determinar si las autoridades competentes han efectuado la valoración de los costos ambientales derivados de la contingencia presentada a partir de 2018 en el proyecto, y la forma como se ha previsto asumir dichos costos. “Justamente a partir de hoy, la CGR inició visitas a las diferentes autoridades ambientales con competencia en el área de influencia del Proyecto (CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, CVS, CORPOMOJANA, CSBV y CARDIQUE), además del ANLA, a fin de determinar qué acciones han adoptado en el contexto actual de la contingencia presentada en el proyecto”, explica el comunicado.
“Actuamos sin prevenciones ni prejuicios porque entendemos que la causa fortuita, la fuerza mayor son siempre riesgos presentes en los proyectos colosales de la infraestructura. Pero lo que sí no estamos dispuestos a entender ni a tolerar son aquellos manejos que revelen negligencias, sobrecostos e imprevisión”, sostuvo el contralor Córdoba.