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Una serie de fallas en la recolección de la información del censo nacional de población y vivienda de 2018 dejó por fuera de la medición a 4,09 millones de personas, a quienes el DANE nunca les preguntó sus datos ni sus condiciones de vida. Por esa razón, hasta ayer se creía que el país tenía 44,2 millones de habitantes. Sin embargo, el propio DANE aseguró ayer que, al cruzar los datos del censo con los de la encuesta de calidad de vida determinó que la verdadera cifra es 48,2 millones de habitantes.
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El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó durante la presentación de los resultados que esa diferencia entre la población enumerada y la existente “corresponde a una variable que tienen todos los censos en el mundo: la omisión censal, la cual calcula el efecto de los rechazos, las dificultades de cobertura y otras condiciones naturales como la cantidad de personas ausentes”. Para el último censo esa omisión fue del 8,5 %, más del doble de la obtenida en el censo de 2005 (4,2 %) y 28 puntos básicos por encima del promedio de los censos de América Latina (5,7 %).
La comisión de expertos, convocada por la misma entidad para eliminar los posibles errores del censo, reconoció que la cifra es alta en función de los promedios internacionales, pero fue enfática en que esto no invalida los resultados del ejercicio.
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Las 4,09 millones de personas excluidas del censo fueron identificadas con la encuesta de calidad de vida que se realizó entre octubre y diciembre de 2018, que no solo caracterizó la forma en que viven las personas en el país, sino que sirvió de medición poscensal, pues en ella se les preguntó a los hogares si habían sido censados, “es a partir de ahí que podemos establecer la omisión”, señaló el funcionario.
En una entrevista con El Espectador, Oviedo aseguró el pasado 25 de mayo que esperaba que la omisión censal estuviera por debajo del 6 %, pero no alcanzó. Tras la presentación de los resultados del censo, Oviedo explicó que una vez se hizo la medición “por el método indirecto, que nos permitía dar con mayor certeza un estimado muy cercano, se llegó a ese 8,5 % que desafortunadamente es alto. Obvio que Colombia podría tener la mayor tranquilidad si el número de población omitida hubiera sido muchísimo menor, pero sí teníamos un descache poblacional significativo”.
Ese ajuste, que hasta ahora se hizo en las cuentas nacionales, debe replicarse también por ciudades. En Bogotá, por ejemplo, se censaron 7,2 millones de habitantes, pero aún no se sabe en realidad cuántas personas más viven en la capital. Lo cierto es que difícilmente ese número alcanzará las proyecciones que hablaban de 8,1 millones para 2018.
Oviedo dijo que, según los expertos, Bogotá ha sido una ciudad “altamente expulsora de la población” hacia municipios aledaños como Funza, Madrid, Chía, Zipaquirá y Mosquera, donde se evidencian crecimientos de la población de dos dígitos al comparar las cifras de 2005 con 2018”, agregó el director.
Según Oviedo, “el hecho de que el DANE no tuviera la posibilidad presupuestal de responder frente a las contingencias climáticas y de seguridad o frente a la incertidumbre de no haber hecho un precenso (conteo de las unidades residenciales) impidió lograr mayor cobertura, además de la politización que tomó la operación, entre otras condiciones que explican ese 8,5 %. No hay censo perfecto”, dijo.
El director concluyó que “a pesar de las dificultades operativas que hemos reconocido, la calidad de la información que le estamos presentando al país es supremamente alta y refleja, sin temor alguno, el rigor técnico que caracteriza al DANE como entidad encargada de las estadísticas oficiales”.
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Una población madura
La caracterización del censo permite concluir que mientras la cantidad de jóvenes disminuye (26,1 % del país tiene entre 14 y 28 años), la participación de las personas mayores dentro del total de la población se incrementa (9,1 % de la población tiene más de 65 años), una tendencia contraria a la que mostraban las proyecciones. “Hay menos población joven de la que creíamos tener y estamos envejeciendo mucho más rápido que antes. Hay que reconocer que este es uno de los fenómenos más importantes de la actualidad”, destacó el director del DANE.
De hecho, hace 24 años por cada 100 jóvenes de menos de 15 años había solo 25 adultos mayores. Según el último censo, esa proporción subió a 40,38 adultos mayores y en departamentos como Quindío (el de mayor índice de envejecimiento de todo el país) llega a ser de 72,2 adultos mayores por cada 100 jóvenes. A este grupo pertenecen también Caldas y Risaralda, con índices de envejecimiento de 67 y 60 %, respectivamente. Por el contrario, los departamentos con mayor cantidad de menores fueron Amazonas, Putumayo y Guainía.
El envejecimiento es una tendencia mundial y Colombia no ha escapado a ella. Según The Economist, este año la población mayor de 65 años va a ser más grande que la población menor de cinco años en el promedio de todos los países, “eso requiere que el país responda con contundencia con una política pública del envejecimiento y de inclusión de la población mayor”.
Los resultados permiten evidenciar que en gran parte la condición de discapacidad y dificultad para realizar ciertas actividades cotidianas está asociada con el fenómeno de envejecimiento, de hecho, es la principal causa.
Así fue el censo
El operativo comenzó en enero de 2018 y la recolección de datos terminó en octubre de ese año. La primera etapa del levantamiento fue electrónica, una de las novedades de esta versión y un mecanismo nunca antes utilizado en América Latina, según el DANE. Durante cuatro meses los colombianos tuvieron la posibilidad de entregar su información a la autoridad estadística de manera virtual antes de ser visitados por un censista, lo que les ahorraba el tiempo de la visita. Esto se complementó con la etapa presencial puerta a puerta, que tomó siete meses.
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La realización del censo costó $403.000 millones. La administración anterior aseguró que se necesitarían $350.000 millones para la operación estadística, pero fueron necesarias varias adiciones, incluyendo una que solicitó el director actual por $14.000 millones y que fue autorizada por el Ministerio de Hacienda para terminar el proceso, pues el presupuesto inicial estaba proyectado para agotarse en septiembre de 2018.
Ahora que el DANE tiene clara la radiografía del país, entregará los datos al Congreso de la República, órgano que decidirá si aprueba o no los resultados para cálculos electorales, algo que no sucede desde 1964, a pesar de que se han hecho cinco censos más desde esa década, incluyendo el actual.
También están próximos a salir, el próximo 30 de septiembre, la base de datos anonimizada (permite acceder a las respuestas en detalle, pero protegiendo la identidad de los encuestados) y las proyecciones para 2019, pues el censo se hizo con corte a 2018. Los resultados del censo modificarán a su vez otras operaciones estadísticas del DANE, como la gran encuesta integrada de hogares, que es la base para calcular el desempleo.
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