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El 6 de septiembre, ante la Comisión Séptima del Senado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reiteró la necesidad de revivir el Programa de Reforma a la Administración Pública (PRAP) que el gobierno del expresidente Álvaro Uribe implementó en el 2002.
De acuerdo con Carrasquilla, quien en esa época también era titular de la cartera de Hacienda, el programa contribuyó a eliminar entidades innecesarias y reducir gastos excesivos. También agregó que, de ser implementado, el PRAP podría generar ahorros del orden de los $1,2 billones.
Carrasquilla propone este plan de ajuste en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2019, cuyo proyecto de ley presentado en julio por la saliente administración tiene un monto de $259 billones.
En el debate del Presupuesto General de la Nación, que se llevó a cabo el pasado agosto en el Congreso de la República, el ministro advirtió que proyectos como Familias en Acción, los créditos a los estudiantes de educación superior a través del Icetex, el Programa de Alimentación Escolar y el Fondo de Reparación de Víctimas, entre otros, peligran por la falta de recursos, que, calculó, son alrededor de $25 billones que no están contemplados en el PGN.
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"Estamos planteando un PRAP 2, en el que vamos a enfatizar en tecnologías de la información para hacer una racionalización del Estado. Es un programa que no podemos implementar en un año pero que sí es nuestro norte en materia de ajuste del Estado en los próximos cuatro años", manifestó hoy durante una intervención en el Congreso Nacional de Exportadores, Analdex.
A propósito de estos cambios, Carrasquilla destacó los tres pilares que compondrán su Plan de Reactivación Económica: reducir la carga tributaria de las empresas para estimular el empleo y el desarrollo, contemplar un escenario en el que las personas naturales de mayores ingresos contribuyan más y reducir la gran cantidad de exenciones que tiene el IVA.
Sobre este último tema, el jefe de la cartera de Hacienda planteó la necesidad de proponer mecanismos efectivos de devolución del IVA a los hogares más vulnerables. “Es un principio constitucional, sería inequitativo no hacerlo. Existe la información necesaria sobre población objetivo de las transferencias y también la tecnología necesaria para hacerlo a costos razonables”, señaló.
Igualmente, el ministro reveló que desde ya se están comenzando a tomar medidas con el fin de ajustar el proyecto de presupuesto del próximo año, entre ellas, una reforma en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la que espera reducir en un 50% la evasión y la elusión de impuestos en el país de aquí al 2022.