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"No tengo conocimiento de esos planes que se han mencionado en la prensa. En realidad esto es un proceso de insolvencia en el que tenemos que vender unos activos para pagar unos pasivos y simultáneamente asegurar la operación continuada del servicio de energía en la costa Caribe", dijo en una rueda de prensa en Bogotá el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza.
El 15 de noviembre del año pasado esa entidad ordenó la intervención de Electricaribe, inmersa en una crisis financiera que afecta la prestación del servicio en los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde tiene su área de operación.
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Posteriormente, el pasado 14 de marzo la misma Superintendencia ordenó la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio, decisión a la que Gas Natural Fenosa respondió con una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.
Mendoza explicó que por tratarse de un proceso de insolvencia "es un proceso abierto en el que puede participar cualquier persona que quiera poner los recursos que se requieren para remozar la red de distribución de Electricaribe".
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El funcionario reiteró que en el proceso que se sigue con Electricaribe "hay unas reglas que cumplir porque Colombia es un Estado de derecho".
"Aquí hacemos cumplir la ley por encima de cualquier cosa", agregó el superintendente.
De otro Lado, Mendoza anunció un paquete de medidas para garantizar la prestación del servicio de energía en los siete departamentos de la costa atlántica.
Entre ellos está un desembolso de 135.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares), dinero con el que Electricaribe podrá seguir comprando energía en los mercados para atender la demanda hasta finales de 2018.
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