Pago a plazos justos enfrenta a pymes con megaempresas

El proyecto de ley de pago en plazos justos, que espera su tercer debate en el Congreso (en Senado), ha despertado una disputa entre las megacompañías y las medianas y pequeñas empresas (Pymes). La iniciativa parlamentaria quiere definir por ley el tiempo máximo del pago de facturas, para así evitar los abusos de algunas empresas que tardan hasta 180 días para saldar sus compromisos con sus proveedores. De ser sancionado el proyecto, tal cual como está actualmente, por tres años las empresas deberán pagar sus facturas a máximo 60 días, y luego de este periodo (tres años) deberán pagar en menos de 45 días (inicialmente se propuso 30 días).

Lee también: La burocracia y los otros factores que 'matan' emprendimientos en Colombia

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia ya existe una regulación de facturación: el artículo 774 del Código de Comercio establece que en ausencia “de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión”. Sin embargo, según Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) es una norma que no se cumple en la práctica.

“Aunque tenga carácter sancionatorio, las pequeñas empresas no se atreven a denunciar porque no tienen dinero ni tiempo para gastar en abogados y en procesos legales. Además, ellas necesitan ser proveedores de las grandes empresas, por lo que no pueden darse el lujo de tener una mala relación con sus clientes más importantes”, indica Quintero.

Para Acopi en Colombia hay una falla de mercado en el tema de facturación: las grandes cadenas les pagan a más de 60 días a las medianas empresas, lo que provoca que las medianas empresas también les paguen a 60 días a las pequeñas empresas, y lo mismo con las micro. Pero, según el gremio “los que están generando esta distorsión son las grandes compañías con sus políticas de cartera, que tan solo comunican por medio de una circular a sus proveedores”.

Las facturas a plazos largos son un reto para las finanzas de cualquier empresa, incluso las grandes. Afecta principalmente el flujo de caja, que es considerado como ese combustible que mantiene al negocio operando. Y de nada sirve saber que llegará gasolina en tres meses, si el motor se puede apagar en cualquier momento. Por esto, se debe ser muy analítico y responsable para mantener un flujo constante, aunque sea leve. El problema es que cualquier emprendedor en Colombia sabe que las facturas pueden ser algo impredecible, y la planeación no siempre se logra.

El autor del proyecto de ley, el representante de la Alianza Verde Mauricio Toro, explica que “el plazo de los pagos es un problema serio en las grandes cadenas de almacenes: aunque a sus clientes les cobran inmediatamente, al proveedor del producto le pagan varios meses después. No solo porque deciden unilateralmente el plazo de facturación, sino por las estrategias dilatorias y la burocracia: es común ver que a los dos meses de haber radicado la factura llaman a decir que falta un documento y que por ende deben esperar otro mes para que les paguen”.

Por su parte la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), gremio que agrupa algunas de las principales compañías del país, advierte que “regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas”. Además, emite una alerta puntual para el sector salud, pues se “verían obligadas a cancelar algunas de sus cuentas por pagar en el corto plazo, mientras que su cartera está a más de 190 días”.

La Andi también argumenta que “establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones (por preferir proveedores extranjeros) con la afectación de la balanza comercial y cambiaria”. Sin embargo, el gremio propone buscar un consenso entre el Gobierno, el Congreso y los diferentes tipos de empresa para establecer “las condiciones de pago asegurado en un periodo que puede ser de 60 días”.

A pesar de las advertencias sobre los efectos de la economía que hace la Andi, los defensores del proyecto de ley de pago en plazos justos aseguran que su aprobación tendrá efectos positivos sobre la economía. De hecho, citan un estudio de la OCDE de 2018 que indica que una mejora en las prácticas de facturación trae un benefició del orden del 0,3 % del PIB.

Asimismo, el más reciente estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá concluyó que, “en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa, ya que lleva a los empresarios a iniciar y mantener sus actividades con recursos propios o a endeudarse con altas tasas de interés”. Por esta razón la entidad anunció que respalda el proyecto de ley de pagos a plazos justos indicando que beneficia a los micro, pequeños y medianos empresarios que constituyen el 96 % del tejido empresarial de la ciudad.

Al proyecto de ley le quedan todavía dos debates en el Senado, y hay que esperar si el plazo final de facturación (45 días luego de tres años si se expide la ley) sigue aumentando en las próximas discusiones. Pero, el debate ya ha surtido sus efectos, pues empresas como AngloGold Ashanti Colombia anunciaron que pagará a 10 días a proveedores pequeños y microempresarios. Habrá que esperar si otras compañías, como los grandes almacenes, también se unen a este cambio que exigen enérgicamente las Pymes.

El proyecto de ley de pago en plazos justos, que espera su tercer debate en el Congreso (en Senado), ha despertado una disputa entre las megacompañías y las medianas y pequeñas empresas (Pymes). La iniciativa parlamentaria quiere definir por ley el tiempo máximo del pago de facturas, para así evitar los abusos de algunas empresas que tardan hasta 180 días para saldar sus compromisos con sus proveedores. De ser sancionado el proyecto, tal cual como está actualmente, por tres años las empresas deberán pagar sus facturas a máximo 60 días, y luego de este periodo (tres años) deberán pagar en menos de 45 días (inicialmente se propuso 30 días).

Lee también: La burocracia y los otros factores que 'matan' emprendimientos en Colombia

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia ya existe una regulación de facturación: el artículo 774 del Código de Comercio establece que en ausencia “de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión”. Sin embargo, según Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) es una norma que no se cumple en la práctica.

“Aunque tenga carácter sancionatorio, las pequeñas empresas no se atreven a denunciar porque no tienen dinero ni tiempo para gastar en abogados y en procesos legales. Además, ellas necesitan ser proveedores de las grandes empresas, por lo que no pueden darse el lujo de tener una mala relación con sus clientes más importantes”, indica Quintero.

Para Acopi en Colombia hay una falla de mercado en el tema de facturación: las grandes cadenas les pagan a más de 60 días a las medianas empresas, lo que provoca que las medianas empresas también les paguen a 60 días a las pequeñas empresas, y lo mismo con las micro. Pero, según el gremio “los que están generando esta distorsión son las grandes compañías con sus políticas de cartera, que tan solo comunican por medio de una circular a sus proveedores”.

Las facturas a plazos largos son un reto para las finanzas de cualquier empresa, incluso las grandes. Afecta principalmente el flujo de caja, que es considerado como ese combustible que mantiene al negocio operando. Y de nada sirve saber que llegará gasolina en tres meses, si el motor se puede apagar en cualquier momento. Por esto, se debe ser muy analítico y responsable para mantener un flujo constante, aunque sea leve. El problema es que cualquier emprendedor en Colombia sabe que las facturas pueden ser algo impredecible, y la planeación no siempre se logra.

El autor del proyecto de ley, el representante de la Alianza Verde Mauricio Toro, explica que “el plazo de los pagos es un problema serio en las grandes cadenas de almacenes: aunque a sus clientes les cobran inmediatamente, al proveedor del producto le pagan varios meses después. No solo porque deciden unilateralmente el plazo de facturación, sino por las estrategias dilatorias y la burocracia: es común ver que a los dos meses de haber radicado la factura llaman a decir que falta un documento y que por ende deben esperar otro mes para que les paguen”.

Por su parte la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), gremio que agrupa algunas de las principales compañías del país, advierte que “regular las relaciones entre grandes empresas con las Pymes o con las pequeñas empresas, va en contravía del desarrollo de estas últimas”. Además, emite una alerta puntual para el sector salud, pues se “verían obligadas a cancelar algunas de sus cuentas por pagar en el corto plazo, mientras que su cartera está a más de 190 días”.

La Andi también argumenta que “establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las importaciones (por preferir proveedores extranjeros) con la afectación de la balanza comercial y cambiaria”. Sin embargo, el gremio propone buscar un consenso entre el Gobierno, el Congreso y los diferentes tipos de empresa para establecer “las condiciones de pago asegurado en un periodo que puede ser de 60 días”.

A pesar de las advertencias sobre los efectos de la economía que hace la Andi, los defensores del proyecto de ley de pago en plazos justos aseguran que su aprobación tendrá efectos positivos sobre la economía. De hecho, citan un estudio de la OCDE de 2018 que indica que una mejora en las prácticas de facturación trae un benefició del orden del 0,3 % del PIB.

Asimismo, el más reciente estudio de causas de liquidación de empresas, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá concluyó que, “en términos financieros, la falta de liquidez es el principal síntoma que precede el cierre de una empresa, ya que lleva a los empresarios a iniciar y mantener sus actividades con recursos propios o a endeudarse con altas tasas de interés”. Por esta razón la entidad anunció que respalda el proyecto de ley de pagos a plazos justos indicando que beneficia a los micro, pequeños y medianos empresarios que constituyen el 96 % del tejido empresarial de la ciudad.

Al proyecto de ley le quedan todavía dos debates en el Senado, y hay que esperar si el plazo final de facturación (45 días luego de tres años si se expide la ley) sigue aumentando en las próximas discusiones. Pero, el debate ya ha surtido sus efectos, pues empresas como AngloGold Ashanti Colombia anunciaron que pagará a 10 días a proveedores pequeños y microempresarios. Habrá que esperar si otras compañías, como los grandes almacenes, también se unen a este cambio que exigen enérgicamente las Pymes.