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La última entrega de esta serie de análisis de política económica de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales gira alrededor de la discusión sobre el modelo productivo del país.
No es una discusión menor en ningún lado, pero cobra una particular importancia en una economía en la que, alentado por los altos precios de las materias primas durante las dos décadas pasadas, se acentuó la dependencia económica de estos sectores.
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El boom petrolero y los buenos tiempos del carbón impulsaron crecimientos económicos superiores al 5 %, lo que, claro, ayudó para asignar más recursos e impulsar importantes inversiones en temas como la infraestructura de transporte. Con estos recursos también se dio un espaldarazo importante a los programas de subsidios condicionados a la demanda, como Familias en Acción, viviendas gratis y, en general, a la política social focalizada.
Esto ayudó a registrar cambios en las cifras de pobreza y escolaridad, pero a la vez creó unas fuertes redes políticas de dependencia y hoy es un suicidio político para cualquier candidato hablar de una modificación o reingeniería de los subsidios. Esto a pesar de que entidades como el Departamento Nacional de Planeación han insistido en la urgente necesidad de focalizar estas ayudas en la población que más las necesita como una forma de disciplina fiscal, pero también para mejorar los indicadores de este panorama.
Adicionalmente a esto, el modelo de producción basado en exportación de materias primas trajo una cantidad importante de dólares al mercado local, lo que generó una revaluación de la moneda y profundizó la crisis en sectores fundamentales para la economía, como la agricultura y la industria.
En palabras más sencillas, un dólar barato genera menos ingresos para los industriales exportadores, quienes prefieren volverse comerciantes con un tipo de cambio barato y para quienes un dólar por debajo de los $2.000 los hace poco competitivos. O sea, al final de la ecuación, comprar colombiano se volvió caro y este resultado afecta toda la cadena de producción local y tiene un duro impacto en la demanda y el consumo (dos de los motores de sectores como la manufactura, por ejemplo).
¿Qué pasó? ¿Por qué un buen precio del petróleo y minerales no se tradujo en bienestar a largo plazo? La década del boom minero-energético no fue aprovechada con un redireccionamiento responsable de recursos para el fomento de sectores intensivos en empleo como la industria manufacturera y el sector agrícola. O sea, sirvió para estimular y darle alcance al gasto estatal, pero no generó una ayuda direccionada hacia otros sectores que podrían haberse visto beneficiados de una tasa de cambio revaluada para comprar bienes de capital. Cuando se agotó la bonanza, también se agotaron los recursos que provenían de ella sin que hubiera fuentes alternativas para seguir invirtiendo y gastando.
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Este escenario lo que terminó generando fue un ciclo especulativo y una clase media que se fue consolidando, de manera inestable, entre la deuda y los subsidios.
El final de la fiesta de los altos precios de las materias primas llegó en 2014, y se hizo evidente que este modelo de crecimiento no era sostenible en términos macroeconómicos y menos aún en términos ambientales.
Hoy los temas de sostenibilidad y cambio climático han pasado a ser centrales en la agenda de la economía y el desarrollo social en todo el mundo, así para algunos líderes el medioambiente y su cuidado sean temas secundarios, por debajo de las prioridades de las industrias extractivas.
Es claro, entonces, que otro de los retos que afrontará el próximo presidente será planear una transición prudente del modelo minero-energético a un modelo con sectores intensivos en empleo, amigables con el medioambiente y que generen valor agregado a los productos.
Esta transición no puede darse de un día para otro. Esta es una realidad que entiende, y defiende, Iván Duque. El candidato, sin embargo, insiste en que Colombia es un país petrolero y esto pareciera cerrar las puertas a pensar en un escenario en el que la industria manufacturera reverdezca y la agroindustria se consolide de manera sostenible y coexistente con la agricultura familiar.
Por su parte, Gustavo Petro insiste fuertemente en el agotamiento del modelo minero-energético y, por lo tanto, presiona por una transición urgente, a más tardar en una década, hacia otros modelos de desarrollo económico y uso y aprovechamiento de la energía.
Vale la pena anotar que una década quizás es un tiempo corto para lograr una tarea de esta envergadura, pero hay que resaltar que hay una intención más clara hacia un cambio.
Es un asunto común que, al hablar de salir del petróleo, se piensa que esto tiene que ver más con la transición energética. Se piensa, entonces, en paneles solares y vehículos eléctricos, elementos que, si bien pueden ser importantes, no son los únicos a tener en cuenta.
La transición hacia nuevos modelos productivos, con sectores fuertes lejos de las industrias extractivas, también pasa por la sostenibilidad económica y por eso hay que pensar en un proceso prudente, concertado, que siempre tenga en mente el largo plazo, pero que también resuelva las necesidades del momento y los traumatismos que trae cualquier transformación.
Un plan así necesita, claro, imaginación, pero también pasos y políticas concretos.
Es aquí en donde es necesario pensar en sectores claves, como los ya mencionados, pero también abrir la discusión hacia temas como la economía naranja, en el que Duque ha hecho una gran insistencia. No obstante, esto no se puede ver como un sustituto de la industria, pues no genera tanto valor agregado y la calidad del empleo es mucho mas volátil.
Ahora bien, aquí también vale la pena señalar que pensar en la economía naranja y la tecnología como fórmulas salvadoras también tiene riesgos, que ya se han hecho evidentes en mercados más maduros. Asuntos como la informalidad laboral (presente en muchos modelos de servicio por aplicación) o la inseguridad jurídica en materia de regulación de internet son dos de los factores más riesgosos en esta materia.
La meta y el gran reto para el próximo presidente es llevar al país hacia industrias que resulten sostenibles en materia ambiental y económica. Pero que también generen puestos de trabajo para continuar con la expansión de la clase media no a punta de gasto estatal o créditos del sistema financiero, sino ingresos reales que se traduzcan en bienestar e incrementos en la calidad de vida.
A pesar de los posibles beneficios que el sector minero-energético ha podido dejarle al país, este es un modelo que se ha agotado y las consecuencias ambientales de su profundización pueden ser lamentables. Adicionalmente, es una actividad intensiva en capital, mas no en trabajo, y este esquema termina por profundizar el crecimiento económico desigual en el país.
* Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.