Regulador convergente pone en orillas distintas a la TV pública y a operadores privados

Este martes, el Congreso de la República será escenario de un intenso debate alrededor del futuro de las comunicaciones y la televisión en Colombia. Se trata del proyecto de ley de regulador convergente, presentado por el Ministerio TIC en octubre pasado, pero cuyo contenido experimenta varios cambios en la ponencia preparada por los parlamentarios Mario Fernández y Wilmer Carrillo.

Lea también: Nueva autoridad para las comunicaciones: tres semanas de contrarreloj.

Una carta firmada por los gerentes de los canales regionales y de RTVC deja ver que la principal preocupación es la definanciación de la televisión pública. La razón es que la ponencia propone crear, por un lado, un fondo "convergente", para reemplazar los dos actuales: el Fontv y el Fontic. Con el primero se financia la TV pública y con el segundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país.

El texto radicado por el Ministerio, en cambio, mantenía la existencia de ambos fondos.

Lea sobre el proyecto original del Mintic: Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión.

Los gerentes de los canales se refieren en particular a la idea de la ponencia de crear un aporte de 1,96 % de los ingresos de los prestadores de servicios TIC (operadores móviles, por ejemplo) y audiovisuales (empresas de televisión cerrada y televisión abierta), que se iría al mencionado fondo único. Eso, dice la carta, "podría llegar a disminuir en más del 60 % el valor del aporte de la televisión cerrada en el Fontv (con el que se financia la TV pública)". 

La misiva habla de que habría una disminución de recursos de $123.000 millones solo hablando de 2019, "con una mayor disminución cada año, para la producción de contenidos que aportan en la construcción de una ciudadanía crítica, en el desarrollo de las empresas de producción audiovisual independientes y en el robustecimiento de una oferta pública, sin intereses comerciales, de comunicación eficiente y eficaz".

En contraste, la industria privada considera que el proyecto de ley con las modificaciones actuales “no elimina ni debilita la televisión pública en el país”. 

En un comunicado conjunto de Asotic, Andesco, Asiet, Asomóvil y CCIT, los gremios señalan que, contrario a lo que sostienen actores como los canales regionales, la iniciativa “busca garantizar los recursos para ella", es decir, la TV pública, “con un monto mínimo aproximado de $1,8 billones para los próximos diez años”, dice el documento. Según los gremios estos recursos “serán destinados al financiamiento de contenidos, la digitalización y el mantenimiento y expansión de la red”.

Destaca el pronunciamiento de los gremios que en materia audiovisual “la financiación de la televisión pública también se verá beneficiada, ya que se garantizarían recursos para los diversos proyectos de acceso universal –tales como el desarrollo de la TDT (televisión digital terrestre) y DTH (televisión directa al hogar) social en todo el territorio nacional- y el desarrollo de contenidos de programación para RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) y los canales regionales por los próximos diez años”.

Los representantes gremiales consideran que para el caso de la televisión regional, "con la estructura propuesta por el proyecto de ley, existen recursos suficientes para el desarrollo de contenidos locales para los siguientes diez años". Explican que esos recursos en algunos casos son superiores a los valores asignados para programación, por el Fontv (Fondo para el desarrollo de la Televisión), a los canales regionales en 2015 y 2016, de acuerdo con los informes sectoriales publicados por la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión). 

Sin embargo, los representantes de la televisión pública sostienen que "el porcentaje de contraprestación al que se refiere el numeral anterior (1,96 %) no es el producto de un estudio económico sectorial y de mercado; la ponencia para primer debate, sin razón ni sustento técnico, eliminó la posibilidad que incluía el proyecto del Mintic de adelantar un estudio para determinar el valor de la contraprestación".

Para los privados, en contraste, existe la posibilidad de alcanzar niveles de eficiencia en los recursos del Estado "aprovechando las sinergias que genera un único órgano rector y ejecutor de la política pública en los servicios TIC y audiovisual en Colombia". Resaltaron que actualmente se registra una caída en los ingresos de la televisión por suscripción y la televisión privada nacional, que son los aportantes en un 90% del financiamiento de la televisión pública. 

Los representantes de las empresas públicas de televisión concluyen su misiva rechazando el proyecto de ley modificado, mientras en las redes sociales se promueve un hashtag en defensa de la TV pública y se convoca a un plantón en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República, a la misma hora en que será socializada la ponencia. Otras instituciones, como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fundación Karisma asimismo han manifestado su rechazo y afirman que un proyecto de ley de tan importante envergadura amerita un debate más amplio.

Lea la opinión de la directora de la Fundación Karisma: Regulador convergente o el gol de último minuto de Santos

Este martes, el Congreso de la República será escenario de un intenso debate alrededor del futuro de las comunicaciones y la televisión en Colombia. Se trata del proyecto de ley de regulador convergente, presentado por el Ministerio TIC en octubre pasado, pero cuyo contenido experimenta varios cambios en la ponencia preparada por los parlamentarios Mario Fernández y Wilmer Carrillo.

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Una carta firmada por los gerentes de los canales regionales y de RTVC deja ver que la principal preocupación es la definanciación de la televisión pública. La razón es que la ponencia propone crear, por un lado, un fondo "convergente", para reemplazar los dos actuales: el Fontv y el Fontic. Con el primero se financia la TV pública y con el segundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el país.

El texto radicado por el Ministerio, en cambio, mantenía la existencia de ambos fondos.

Lea sobre el proyecto original del Mintic: Lupa al proyecto de ley que quiere un solo regulador para TIC y televisión.

Los gerentes de los canales se refieren en particular a la idea de la ponencia de crear un aporte de 1,96 % de los ingresos de los prestadores de servicios TIC (operadores móviles, por ejemplo) y audiovisuales (empresas de televisión cerrada y televisión abierta), que se iría al mencionado fondo único. Eso, dice la carta, "podría llegar a disminuir en más del 60 % el valor del aporte de la televisión cerrada en el Fontv (con el que se financia la TV pública)". 

La misiva habla de que habría una disminución de recursos de $123.000 millones solo hablando de 2019, "con una mayor disminución cada año, para la producción de contenidos que aportan en la construcción de una ciudadanía crítica, en el desarrollo de las empresas de producción audiovisual independientes y en el robustecimiento de una oferta pública, sin intereses comerciales, de comunicación eficiente y eficaz".

En contraste, la industria privada considera que el proyecto de ley con las modificaciones actuales “no elimina ni debilita la televisión pública en el país”. 

En un comunicado conjunto de Asotic, Andesco, Asiet, Asomóvil y CCIT, los gremios señalan que, contrario a lo que sostienen actores como los canales regionales, la iniciativa “busca garantizar los recursos para ella", es decir, la TV pública, “con un monto mínimo aproximado de $1,8 billones para los próximos diez años”, dice el documento. Según los gremios estos recursos “serán destinados al financiamiento de contenidos, la digitalización y el mantenimiento y expansión de la red”.

Destaca el pronunciamiento de los gremios que en materia audiovisual “la financiación de la televisión pública también se verá beneficiada, ya que se garantizarían recursos para los diversos proyectos de acceso universal –tales como el desarrollo de la TDT (televisión digital terrestre) y DTH (televisión directa al hogar) social en todo el territorio nacional- y el desarrollo de contenidos de programación para RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) y los canales regionales por los próximos diez años”.

Los representantes gremiales consideran que para el caso de la televisión regional, "con la estructura propuesta por el proyecto de ley, existen recursos suficientes para el desarrollo de contenidos locales para los siguientes diez años". Explican que esos recursos en algunos casos son superiores a los valores asignados para programación, por el Fontv (Fondo para el desarrollo de la Televisión), a los canales regionales en 2015 y 2016, de acuerdo con los informes sectoriales publicados por la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión). 

Sin embargo, los representantes de la televisión pública sostienen que "el porcentaje de contraprestación al que se refiere el numeral anterior (1,96 %) no es el producto de un estudio económico sectorial y de mercado; la ponencia para primer debate, sin razón ni sustento técnico, eliminó la posibilidad que incluía el proyecto del Mintic de adelantar un estudio para determinar el valor de la contraprestación".

Para los privados, en contraste, existe la posibilidad de alcanzar niveles de eficiencia en los recursos del Estado "aprovechando las sinergias que genera un único órgano rector y ejecutor de la política pública en los servicios TIC y audiovisual en Colombia". Resaltaron que actualmente se registra una caída en los ingresos de la televisión por suscripción y la televisión privada nacional, que son los aportantes en un 90% del financiamiento de la televisión pública. 

Los representantes de las empresas públicas de televisión concluyen su misiva rechazando el proyecto de ley modificado, mientras en las redes sociales se promueve un hashtag en defensa de la TV pública y se convoca a un plantón en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República, a la misma hora en que será socializada la ponencia. Otras instituciones, como la Fundación para la Libertad de Prensa y la Fundación Karisma asimismo han manifestado su rechazo y afirman que un proyecto de ley de tan importante envergadura amerita un debate más amplio.

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