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La cuenta regresiva para que termine el actual Congreso de la República avanza. Al tiempo, también lo hace la urgencia del sector de tecnologías y telecomunicaciones para que se discuta la creación de una entidad reguladora que fusione las actuales Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
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La propuesta es crear una única autoridad en tiempos en que los usuarios están consumiendo televisión por internet, incluso desde el celular, o navegando la red desde el televisor. Eso se denomina convergencia y, por tanto, al proyecto de nuevo ente se le ha denominado “regulador convergente”.
Se trata de un texto que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) presentó en octubre del año pasado y que hasta ahora no ha podido ser debatido. Del Congreso han surgido otras tres propuestas en el mismo sentido. Diferentes actores del sector se reunieron este martes en el Capitolio, para asistir a la discusión de las ponencias sobre el proyecto de ley promovido por el Gobierno, pero por la falta de la ponencia de la Cámara de Representantes, el encuentro se tuvo que aplazar.
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En los meses que lleva la discusión, los privados han pedido el alivio o al menos equiparación de “cargas”. En octubre pasado, el Mintic explicó a este diario que se trataría de “una única tarifa, una contraprestación convergente. Hoy todos (las empresas del sector) aportan diferentes porcentajes sobre sus ingresos. La idea es que exista un único porcentaje para que el sector sea más competitivo”.
Esos aportes al Estado, entre otras cosas, sirven para financiar la televisión pública. Por eso, la desfinanciación de esta ha sido una de las preocupaciones en todo este debate. “Estamos de acuerdo con esa preocupación y por eso en nuestro proyecto propusimos que la televisión pública se cuidara; mantener el fondo de la televisión pública, autónomo, y que quedaran los recursos protegidos”, afirmó el ministro TIC encargado, Juan Sebastián Rozo.
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Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), habla de la conveniencia de un fondo único que reciba esos aportes, a diferencia de los dos que existen actualmente (el Fontic y el Fontv), en el que se garantice una destinación fija para la televisión pública. Rozo, sin embargo, resaltó que la propuesta del Gobierno es hacer estudios que permitan saber si un fondo único daría las garantías financieras para hacer sostenible la televisión pública.
Según Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta del gremio de operadores móviles, Asomóvil, los estudios están hechos, y cita el del Planeación Nacional y propios del gremio. Pero, para Tulio Ángel, presidente de Asomedios, la propuesta se enfoca demasiado en las empresas de telecomunicaciones. “No se habla de la televisión abierta radiodifundida y gratuita. Además, (en vista de que se liquidaría la Autoridad Nacional de Televisión) devuelven el manejo de contenidos y forma de la televisión a la división de vigilancia y control del Mintic. No hay que olvidar que la Constitución Política de 1991 plasmó la necesidad de tener un ente autónomo sin influencia política del gobierno de turno”, dijo el mes pasado, en referencia al documento radicado por el Mintic.
Por otro lado, la presidenta de Asomóvil afirma que, en todo caso, “hay pensar en la convergencia. En todo el mundo ya hay autoridades y fondos (de recursos) convergentes. Colombia necesita unos instrumentos, que, si ya no se logró en esta legislatura, el próximo gobierno rápidamente tiene que tomar el toro por los cachos”.
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La vocera, quien por demás es excongresista, no se mostró muy optimista con respecto al tiempo que queda para que el Legislativo tramite el proyecto. Afirmó que será posible sólo “si hay voluntad política del Congreso y del gobierno en los seis días hábiles que faltan”, en referencia a los días mínimos de plenarias que quedan antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura.
Para Yohai, “hay tiempo”. Añadió que apoya la iniciativa, que “va en línea con el compromiso del presidente Santos con la industria para generar más seguridad jurídica y atraer mayor inversión”. Tanto Yohai, como Gutiérrez, así como el gremio Andesco, señalaron los malos resultados del sector durante los últimos dos años.
A esto último, el ministro TIC encargado pidió tomar en cuenta los resultados que han mostrado los boletines que hace la cartera con base en los reportes de los mismos operadores. Según eso, el comportamiento varía dependiendo del servicio que se presta: “los ingresos operacionales que se produjeron por la prestación del servicio de acceso fijo a Internet alcanzaron los $1,07 billones”, frente a $0,97 billones del mismo periodo de 2016, dice el informe.
Por la prestación del servicio de acceso móvil a Internet por suscripción (pospago) se sumaron $1,06 billones en los últimos tres meses de 2017, frente a $0,89 billones del último trimestre de 2016. Por el servicio de acceso móvil a Internet por demanda (prepago, por ejemplo) hubo $32.000 millones en el trimestre citado, frente a $34.000 millones de finales de 2016. Finalmente, el servicio de telefonía móvil pasó de generar $1,13 billones a $1,04 billones al comparar los mismos periodos.
Pero para los diferentes actores del sector de las comunicaciones este no se ha reactivado. “Es necesario que se generen las condiciones que permitan eliminar la desaceleración sectorial que hoy suma más de ocho trimestres seguidos. La expedición del proyecto de ley permitirá no solo mejorar las condiciones para la inversión sectorial necesaria, sino que optimizará el gasto público”, afirmó Alberto Solano, director de la Cámara TIC y TV de Andesco.
Asomóvil, por su parte, insistió en el paquete de medidas que ha propuesto al Gobierno para promover la inversión en el sector. A comienzos de este año el gremio manifestó que dejar en firme cambios que introduce el proyecto de ley, como ampliar las licencias de espectro de 10 años a 20 años (30 años proponen las ponencias del Congreso), es necesario para seguir adelante con la subasta de la banda de 700 MHz que espera el sector desde hace más de dos años.
El ministro Rozo, sin embargo, afirmó que en absoluto el avance de ese proceso de subasta está supeditado al trámite del proyecto de ley. “Continúa con sus plazos, seguiremos avanzando con toda la determinación, pero sin saltarnos ni un solo paso de los que se deben llevar a cabo, y entre ellos está el proceso de abogacía de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
El Congreso actual terminará el próximo 20 de junio. Es decir, hasta esa fecha, con varios festivos e incluso una segunda vuelta presidencial de por medio, hay plazo para discutir, modificar y sacar adelante uno de los instrumentos que más reclama el sector. Hay discrepancias sobre la naturaleza, composición y funciones que debe tener el nuevo ente, pero es claro que hay relativo consenso en que hay que empezar a hablar de convergencia. El proyecto está con mensaje de urgencia, sin embargo, el debate apenas comienza.