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Nelsy Álvarez creció con las secuelas que dejó la violencia en El Salado, en Bolívar. Como método de escape y, en parte, como única manera que encontró para sobreponerse a la pobreza del corregimiento, comenzó a trabajar como madre comunitaria. Una iniciativa que llevó el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) a esta zona en 1993, con el propósito de convertirla en una forma de amparar a la población infantil más vulnerable en zonas urbanas y rurales. “Decidí hacer parte de este proyecto porque no tenía otra generación de ingreso. En el año en que llegó esta iniciativa comencé a hacer el curso para prepararme, como lo exigía el ICBF, sin embargo, mi proceso quedó en pausa”, cuenta la mujer de 58 años. (Lea: Así es un día de una mamá comunitaria)
Esperando a que su proceso avanzara, Nelsy optó por cuidar niños en su casa. Inicialmente eran 12 menores de edad. “Tres años después, en 1996, una muchacha que se desempeñaba como madre comunitaria abandonó el corregimiento y el ICBF me cedió su lugar. Tengo que confesar que estaba muy feliz. Para mí, trabajar con niños es lo mejor que me ha podido pasar en la vida”, señala.
Con esmero fue adecuando su casa para brindarles la mayor comodidad a los 12 niños. Transformó la sala en un salón para ellos, les elaboró un estudio aparte dedicado a los juegos y les adaptó una mesa para la hora del refrigerio. Nelsy quería hacer de su hogar un espacio de tranquilidad y amor para los niños que llegaban, pues sabía del entorno de violencia en el que muchos estaban creciendo. Con los meses, su hogar pasó a acoger a 15 menores. (Puede leer: La estrategia que sacó a los caimanes de la lista roja de extinción)
La labor de las madres comunitarias, que se constituyó como un programa fundamental del Estado a través de la Ley 089 de 1989, se fue extendiendo a lo largo del territorio nacional. Muchas de ellas empezaron a reclamar las condiciones mínimas laborales y un pago por el trabajo que estaban desempeñando. Debían cumplir un horario de ocho horas y las exigencias hechas en ese entonces por el ICBF, que frecuentemente les realizaba una visita para vigilar que todo estuviera funcionando correctamente y para otorgarles guías psicológicas y pedagógicas. Si no cumplían estos requisitos, su hogar comunitario era cerrado.
Los frutos de esos primeros meses de trabajo fueron llegando. Con algo de nostalgia, Nelsy recuerda que su primer sueldo fue de $96.000. “Para mí, eso era una fortuna. Era lo necesario para mantenernos en mi casa”, añade. Pero los estragos de la violencia una vez más azotaron a su familia. Un año después su esposo fue desaparecido y, después de la masacre de 2000, el miedo la llevó, junto con sus tres hijos, a migrar a otra zona. Terminó siendo un número más de los desplazados por el conflicto armado. (Le puede interesar: Madres comunitarias no podrán ser consideradas funcionarias del Estado todavía)
Con maletas al hombro y de la mano de sus hijos comenzó una nueva vida en El Carmen de Bolívar. Fue un proceso difícil. Dice que en vez de abrirle puertas se las cerraban y que no le asignaban con rapidez un hogar para retomar su labor como madre comunitaria. Con sacrificio y determinación consiguió alquilar una casa para instalarse con sus hijos y los 13 niños que tenía a su cuidado. Apenas en el 2011 pudo regresar a El Salado.
“Retorné porque me di cuenta de que las madres comunitarias generamos un cambio en los niños de El Salado, podemos brindarles una mejor orientación. Cuando pude volver a mi hogar, recibí una beca de $450.000”, recalca. Un sueldo que, a pesar de que para muchas de ellas era bueno, no era una buena remuneración. En 2007, tras varias marchas, consiguieron que les pagaran menos del 50 % de un salario mínimo. (Lea también: "Aeio Tú", la fundación que impulsa la educación en la primera infancia)
A raíz de los reclamos presentados por las madres comunitarias y un tatequieto de la Corte Constitucional, a través de una sentencia de agosto de 2012 en la que ordenó al ICBF adoptar medidas para que de forma progresiva tuvieran un salario mínimo legal y un contrato de trabajo, el instituto planteó la posibilidad de que ellas trabajaran por medio de centros de desarrollo infantil.
Fue así como, en 2011, la fundación AEIO Tú, de la mano de su directora, María Adelaida López, llegó a El Salado. Uno de los objetivos del programa “De cero a siempre”, de la presidencia de Juan Manuel Santos, era hacer el tránsito de madres comunitarias a maestras, un proceso que, a pesar de ser complicado, trajo beneficios al corregimiento. (Puede leer: El renacer de la Misión de Sabios, 25 años después)
“Empezamos por El Salado porque es una zona que se ha caracterizado por ser la tierra del olvido. Allí conocimos historias increíbles y empezamos a hacer un proceso de pedagogía con las madres. Les ofrecimos diferentes herramientas y con alianzas con el Sena o cajas de compensación muchas de ellas pudieron estudiar y graduarse”, afirma Ángela Peláez, directora pedagógica de la fundación. Ese fue el caso de Nelsy, que en 2013 obtuvo su título como técnica en primera infancia.
Hoy es maestra viajera, una modalidad que implementó AEIO Tú para llegar a las zonas más recónditas. Divide sus días entre la escuela de El Salado y la sede ubicada en la vereda La Emperatriz. Orgullosa, asegura que vive feliz haciendo lo que le gusta, a pesar de las adversidades que se le han antepuesto en el camino, como el arresto de su hijo. (Puede leer: Donación de órganos, lo que esperan 1.833 colombianos)
No obstante, muchas madres comunitarias no corrieron con la suerte de Nelsy. Por diferentes motivos, algunas no se integraron a ningún centro infantil de desarrollo y siguen a la deriva. Actualmente, al ICBF están vinculadas 69.000 y recientemente se cayó en la Corte Constitucional la ley que buscaba que tuvieran contrato directo con el Estado. Su estabilidad laboral es como una pelota que se han ido lanzando los gobiernos sin dar una respuesta contundente. (Le podría interesar: ¿Conoces la historia de las madres comunitarias?)