La absurda travesía para validar títulos del exterior

El 14 de diciembre de 2017, Santiago Vargas empezó el proceso para convalidar en Colombia el título de magíster en derecho internacional que había obtenido meses antes en la Universidad de Leiden, Holanda. Ingresó sus datos personales a la plataforma virtual diseñada por el Ministerio de Educación para ese propósito y anexó los documentos que le solicitaban, incluyendo una copia del diploma original, las traducciones oficiales, los contenidos de las materias cursadas y una cantidad de papeles adicionales que certificaban que había terminado con éxito sus estudios. (Lea: "La Universidad Nacional necesita conseguir $60.000 millones antes de diciembre": rectora Dolly Montoya)

Su propósito, como el de cualquier estudiante que regresa al país después de hacer un posgrado, era tener en sus manos, lo más pronto posible, un papel que demostrara que sus estudios en el extranjero eran válidos en nuestro país.

Sin embargo, hasta el día de hoy, casi nueve meses después, la convalidación de su título aún no ha sido expedida y Santiago está cansado de pelear contra la burocracia y la ineficiencia de un proceso que, a su juicio, no solo es anticuado y engorroso, sino absurdo. Esta es su historia: el 30 de enero de 2018, un mes y medio después de subir los documentos, el Ministerio respondió a la solicitud diciendo que no satisfacía los requisitos porque, según la entidad, el diploma no demostraba que se había graduado de magíster, sino que había sido admitido en el programa. La confusión del funcionario del Ministerio debió surgir porque en inglés el diploma decía: Was admitted to the degree of Master of Laws cum laude.

“¿Desde cuándo dan diploma al ingresar a un programa? Ser admitido a un grado no es equivalente a ser admitido a un curso. No sólo me gradué, sino que, además, lo hice con honores, pero parece que el Ministerio no lo entendió”, dijo Santiago mientras mostraba su correspondencia con el Ministerio. (Puede leer: ¿Por qué protestan los profesores en Argentina?)

El problema parecía fácil de resolver porque la traducción oficial, que Santiago también había subido a la plataforma, certificaba que la universidad le había otorgado el título de máster en derecho internacional, pero no se tuvo en cuenta.

Asombrado ante ese absurdo, Santiago respondió la comunicación el mismo 30 de enero aclarando las dudas y demostrando que sí se había graduado. La segunda respuesta del Ministerio llegó hasta el 26 de junio, cinco meses después, y decía lo mismo que la anterior. El Ministerio insistía en que Santiago había sido admitido, pero no se había graduado. Al parecer, el funcionario que llevaba su proceso no solo no había entendido el diploma, ni la traducción, sino que ni siquiera se había tomado el trabajo de leer la carta, de siete páginas, que Santiago envió aclarando todo.

Este caso refleja un problema de fondo que está afectando a muchos jóvenes colombianos a quienes la convalidación de sus títulos en el extranjero se les ha vuelto un calvario. La situación es tan grave, que Luis Alejandro Moya, graduado de maestría en derecho de la Universidad de Harvard en 2017 y quien tampoco ha logrado obtener la convalidación de su título, está liderando un grupo de egresados de distintas instituciones y programas del exterior que padecen el mismo problema. En la actualidad, el grupo está redactando varias demandas contra el Ministerio por violación al debido proceso, al derecho de petición, al derecho a la igualdad y al derecho al trabajo. (Lea también: Icetex tiene 55 becas para estudiar en el exterior)

Para Moya, el proceso de convalidación de títulos es “excesivo e innecesariamente dispendioso”. “El diseño actual de la política parece estar dirigido a obstruir la convalidación, más que a facilitarla”. El ejemplo paradigmático de este problema es el certificado de estudios que exige el contenido de las asignaturas cursadas, la metodología de las mismas, el resultado de aprendizaje, el perfil del egresado, entre otros. “Muy pocas universidades expiden un certificado así y esto ha frenado o imposibilitado del todo algunos procesos de convalidación”.

Ante este reclamo, el Ministerio de Educación dijo que en octubre de 2017 se había actualizado la normatividad de la convalidación de títulos del exterior con el fin de hacer el proceso más rápido, eficiente e idóneo, pero que igual cada ciudadano debía acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la resolución, incluidos estos documentos.

Otra de las dificultades identificadas por el grupo son los problemas técnicos. “La plataforma virtual utilizada para cargar los documentos está pobremente diseñada, no es amigable al usuario y no funciona correcta y permanentemente”, aseguraron los egresados. Frente a esa queja, el Ministerio respondió que próximamente se pondrán en práctica una serie de mejoras a la interfaz para hacerla más amigable, intuitiva e ilustrativa para el ciudadano. “Esta nueva interfaz permitirá a los ciudadanos realizar consultas del estado de su trámite, así como de la documentación adjuntada a sus procesos, descarga de constancias de radicación una vez efectuado el pago, fácil visualización de los requerimientos y solicitudes”, respondió un representante de la entidad. (Puede leer: Programar, tan importante como aprender una segunda lengua)

El retraso masivo y desproporcionado de los procesos y los altos costos, casi un salario mínimo, también han inquietado a los jóvenes. “Llevo esperando siete meses el mencionado concepto de viabilidad y nada que me responden”, dijo Moya. Y añadió: “Me tomará más tiempo convalidar mi título que cursar el programa académico a través del cual lo obtuve. Es un sinsentido”. Según el Ministerio, estas demoras son ocasionales, porque los tiempos establecidos son de dos meses para las instituciones con acreditación y de cuatro para las que no tienen. Frente a la tarifa, el Ministerio dice que es el resultante de sumar variables como: materiales, suministros, insumos tecnológicos y recursos humanos utilizados, anualmente, en cada uno de los procesos y procedimientos. •El cobro permite la recuperación de los costos que le representan al Ministerio de Educación Nacional por adelantar el examen de legalidad y académico”.