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Tres investigadores de la justicia se dieron a la tarea de averiguar quién es realmente uno de los testigos estrella dentro del proceso que tiene encartado al exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero.
El político antioqueño está sindicado del presunto delito de concierto para delinquir agravado, en razón, de que según la Corte Suprema de Justicia, se reunió ilegalmente con varios jefes de las autodefensas en Bello (Antioquia) a comienzos de 2005.
Ante las dudas que existen en el caso, agentes especiales decidieron reunirse con Carlos Enrique Areiza Arango, un testigo hoy en prisión condenado por extorsión agravada a ocho años de prisión. En un centro penitenciario, Areiza sostuvo una reunión con el propósito de entregar información relevante a cambio de una cuantiosa cifra económica.
En el video, uno de los investigadores cuenta el dinero que le van a entregar a Areiza por su información y señala condiciones para el suministro monetario. Por su parte, el testigo explica cual es su esquema de trabajo e indica además que tuvo algún contacto con miembros de un partido político de izquierda para atestiguar en un proceso. (Ver video de la negociación).
Según ha dicho Areiza a los investigadores, frente al caso de Ramos Botero, el excongresista tuvo reuniones en 2002 con los extintos jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño.
Pero más allá de la intención de hacer un pacto económico entre el testigo y los investigadores, los antecedentes de Carlos Enrique Areiza Arango no son los mejores. Sin excepción, la mayoría de los organismos judiciales lo tienen como testigo relevante en diversos procesos.
Como lo evidenció El Espectador en su edición del pasado domingo, un documento oficial de la Fiscalía da cuenta del modus operandi de Areiza. Este es también conocido como alias Papo, Juan Camilo o Camilo Restrepo y desde 2007 se viene presentando ante las autoridades como poseedor de información relevante sobre las actividades de la Oficina de Envigado, y la banda de alias Gancho, que operó en Bello. (Vea: El expediente Ramos Botero)
Areiza ha percibido importantes recursos por sus supuestas delaciones. Primero recibió dinero de la Iglesia católica porque llegó a decirles a un prelado en Girardota y al párroco de Bello que la gente de Gancho iba a atentar contra monseñor Alberto Giraldo.
Un año después volvió a obtener dinero por reportar supuestos planes de Gancho, esta vez por la Personería de Medellín. Sin embargo, en diciembre del mismo año, cuando fungía como funcionario en Medellín, gracias a la gestión de un exsecretario de gobierno, se hurtó siete teléfonos celulares.
Aún así, más adelante se volvió informante del CTI, organismo que volvió a pagarle por sus servicios. No obstante, terminó señalando sin pruebas a una teniente de la Sijín, sindicándola de corrupta. También, sus informaciones sobre supuestos atentados nunca se comprobaron.
Ya en 2009, Areiza volvió a aparecer, en esta ocasión contactando al entonces presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, a quien le dijo que su vida estaba en peligro y que algunos congresistas le habían pagado a alias Gancho para que lo mataran, tampoco resultó cierto.
Finalmente, Areiza fue condenado por un juzgado en Medellín, pero luego se supo que también anduvo por el DAS de Bucaramanga, que estuvo a punto de entregarle $1,5 millones; y que el Gaula de Antioquia sí le dio plata por una información que también resultó falsa.
El Espectador estableció que Areiza también recibió dinero de la Corte Suprema de Justicia para gastos de hospedaje, alimentación y transporte previos a sus informaciones, según un documento oficial que reporta la transacción.
El pasado miércoles 19 de marzo la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación contra Ramos Botero, ratificando, entre otras pruebas, que la reunión en Bello fue ilegal. Es casi un hecho que el político deberá responder en juicio por sus actuaciones. Entre tanto, el polémico testigo Carlos Enrique Areiza Arango sigue citado por diversas instituciones judiciales como hombre clave en procesos.