Estas son las 30 universidades investigadas por el Ministerio de Educación

Hace dos meses, el anuncio del arribo de un inspector del Ministerio de Educación a la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, con el propósito de vigilar su administración y para promover, entre otras medidas, la constitución de una fiducia para asegurar su dinero y la prohibición de hacer giros al exterior, sacó a relucir el interés del Gobierno por impedir que este centro docente pierda el rumbo. Hay tres investigaciones en curso, una está en pliego de cargos y las otras dos en etapa preliminar, y entre los aspectos evaluados se incluyen irregularidades atribuidas a su último rector, Ramsés Vargas. (¿La universidad donde estudias está investigada o fue sancionada? Consulta aquí)

Según informaciones de prensa, el rector recibía de la nómina de la universidad un salario de $95 millones y una bonificación de $69 millones mensuales como auxilio de seguridad, a pesar de que contaba con escoltas y carros blindados, mientras que los profesores del centro docente completaban meses sin recibir el pago de sus salarios. Entre los datos revelados se dice que Vargas modificó el reglamento de la institución para ampliar el número de miembros de la junta directiva de 9 a 19, y que lo hizo para posesionar a familiares. (Lea aquí: Dos estudiantes caminan de Barranquilla a Bogotá por crisis de la Universidad Autónoma)

Si los escándalos derivados del proceso penal que se adelantó contra la exrectora de la Universidad Autónoma Silvia Gette deterioraron la imagen y proyección de la institución, los hallazgos en el registro a la actual administración demuestran que las anomalías continúan. Por esa razón, el Ministerio de Educación mantiene su ojo vigilante. No solo en esta universidad, sino en 30 más en todo el país, 22 de ellas privadas y ocho públicas, que presentan deficiencias que deben ser corregidas.

En una decena de casos, la investigación del Ministerio de Educación está en etapa preliminar. En esa lista aparecen la Universidad del Pacífico, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, la Corporación John F. Kennedy, la Universidad del Atlántico, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Corporación Bolivariana de Educación Superior, la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad La Gran Colombia.

En otros casos, la actuación del Ministerio ya lleva algunos meses o incluso años. Como en la Universidad del Pacífico, investigada desde 2015 y sometida a un plan de mejoramiento para corregir sus irregularidades, porque se encontraron funcionarios de planta administrativa que no cumplían con los perfiles exigidos, cargos que se crearon sin requisitos o que se duplicaron, un software de contabilidad que estaba siendo subutilizado, y hasta pólizas de seguros a estudiantes sin vigencia, de modo que, si tenían accidentes, en cobertura de salud no estaban amparados.

Según el Ministerio de Educación, otras seis instituciones –Universidad de Cundinamarca, Fundación Universitaria San Martín, Corporación de Ciencia y Desarrollo, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Universidad Incca de Colombia, Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios– ya fueron sancionadas. Las universidades impugnaron las órdenes impartidas y hoy están a la espera de una decisión final, por lo que las investigaciones siguen en curso.

Hace tres años, la universidad Incca de Colombia no tenía recursos económicos para atender su operación normal de funcionamiento, ni para el pago de sus deudas a corto plazo. Además, ni el representante legal, ni el vicepresidente cumplían los requisitos para ocupar sus cargos (situación que ya fue superada). En abril del año pasado, el Ministerio concluyó que la institución avanzó un 81 % en su plan de mejoramiento y por eso levantó la medida preventiva, que incluyó una fiducia y la designación de un inspector in situ.

Desde 2011, la cartera ha impuesto en total 63 sanciones en unas 37 instituciones de educación superior con multas de hasta 60 salarios mínimos, con la suspensión y cancelación de sus programas académicos y hasta con el cierre de sus operaciones. Cinco instituciones han desaparecido en los últimos siete años: Corporación Tecnológica Superior Siglo XXI, Instituto Universitario de Historia de Colombia, Corporación Cristiana Universitaria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación Tecnológica Copacabana y la Fundación de Educación Superior Esatec.

Un drama humano, no institucional

Más de 900 kilómetros recorrieron el mes pasado Jonathan Sanabria, alumno de la Universidad Autónoma del Caribe, y Cristian Sánchez, estudiante de la Fundación Universitaria San Martín. Lo hicieron desde Barranquilla hasta Bogotá para llamar la atención del Congreso sobre la crisis de sus universidades y conseguir que se convocara un debate de control político sobre el tema. Sanabria cursa quinto semestre de ingeniería mecánica gracias a un crédito del Icetex y trabaja como mensajero para cubrir sus gastos.

Hoy cuenta que desde 2016 notó las irregularidades en la Uniautónoma, porque les pedían a los estudiantes que pagaran sus matrículas en efectivo. Quienes lo hacían, recibían descuentos de hasta el 20 %. Más adelante advirtió, por las quejas de profesores a quienes no les pagaban y el aumento del número de estudiantes por cada salón, que había más anomalías en la universidad que trataban de solventarse con medidas forzadas. “Pasamos de ser 30 a 45, porque disminuyó el número de docentes”, expresó a El Espectador el joven de 25 años.

A su vez, Cristian Sánchez, de la Asociación Nacional Académica Sanmartiniana, señala que, como él, en su universidad se estudia con un estigma. “Los estudiantes de otras universidades nos miran mal, creen que somos de una universidad de garaje. Es culpa de los directivos y también del Ministerio, que no supo prevenir a tiempo la crisis en la San Martín”. Por ese estigma, insiste Sánchez, “los estudiantes pasamos de ser 18.000 a 9.000”. Hay quienes incluso estaban a punto de graduarse de médicos e iniciaron nuevas carreras en otras universidades.

Junto a la estigmatización está el drama humano de quienes dependen de su empleo en las universidades investigadas. Es el caso de Margarita*, la mamá de Andrés*, un profesor de ingeniería de la Universidad Autónoma. La mujer, de 74 años, padece un cáncer de pulmón, pero debido a que la institución no le ha pagado la seguridad social, el profesor ha tenido que cubrir los gastos médicos mudándose a la casa de sus suegros para ahorrar y cubrir el atraso en las cuotas de sus créditos y el tope de sus tarjetas de crédito.

“Afortunadamente no tengo hijos, porque la demora en los pagos empezó en febrero de 2016. Hace un mes se pusieron al día con los salarios de noviembre y de diciembre, pero falta por cancelar enero, febrero y marzo. El mejor investigador de la facultad fue despedido por reclamar la seguridad social. Él fue quien descubrió que no la estaban pagando, y por eso lo despidieron de inmediato. Nos invadió el miedo hasta que un profesor murió en octubre pasado porque se enfermó del corazón”, narra el profesor Andrés*.

¿Qué pasó con la Superintendencia de Educación?

Además del Ministerio de Educación, las irregularidades en las universidades no están sujetas a la inspección o vigilancia de otras autoridades públicas. En contraste, hace cuatro años, la organización Transparencia por Colombia evaluó a 32 universidades públicas y ninguna de ellas tenía un riesgo bajo de corrupción. Todas quedaron clasificadas en nivel alto o medio. De hecho, el 52 % de las sancionadas por el Ministerio desde 2011 son públicas, como las universidades del Cauca, de Pamplona, de Cundinamarca y de La Guajira.

“Identificamos debilidades en la planeación del presupuesto, en la contratación de sus funcionarios y en la asignación salarial. Por ejemplo, no existían suficientes referentes, manuales y políticas que les permitieran a las universidades un proceso juicioso de gestión administrativa. Además, tuvimos en cuenta la ausencia de políticas para resolver conflictos de intereses y falta de capacitación frente a la prevención de situaciones de corrupción”, afirma Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

En su criterio, todas las universidades deberían rendir cuentas de manera pública. Una idea que apoya José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, porque algunas instituciones no cumplen su condición de ser entidades sin ánimo de lucro. Se convierten en emporios de familia que se lucran de la institución a través del montaje de negocios que los benefician o a través de pagos excesivos por la participación en consejos directivos. “Una verdadera entidad sin ánimo de lucro vela por que los excedentes se reinviertan en mejorar servicios”, recalca Restrepo.

“La mayoría de rectores no comparte mi posición, pero creo que no se debería combinar la función de vigilancia e inspección con la regulación, como hoy sucede con el Ministerio de Educación. Existe un mayor sesgo o riesgo de incurrir en situaciones de conflicto de interés. Hay que crear cuanto antes la Superintendencia de Educación, en la que tenga presencia activa la comunidad académica. Este sería un espacio autónomo, de alto nivel, y no una oficina de tercer o cuarto nivel en el Ministerio”, concluye Restrepo.

Sin embargo, la ley de inspección y vigilancia (2014) lo que hizo fue darle más dientes al Ministerio de Educación, aspecto que algunos expertos consideran un atentado contra la autonomía universitaria. En un año, el Gobierno debía presentar al Congreso un proyecto de ley para crear la Superintendencia de Educación, pero la Corte Constitucional tumbó ese artículo en 2017, porque el Poder Legislativo no puede obligar al Gobierno a presentar la propuesta ni mucho menos ponerle un plazo perentorio para la iniciativa.

El Ministerio de Educación aclaró que alcanzó a reunirse con organizaciones e instancias del sector de educación superior para “consolidar una propuesta viable en términos técnicos y presupuestales”. Pero una vez llegó el fallo de la Corte Constitucional, el tema quedó frenado. Hoy, la discusión de los expertos apunta a determinar si la Superintendencia de Educación es urgente o si los actuales procedimientos de control en el Ministerio son suficientes. En cualquier caso, lo que preocupa es que cada día son más las universidades en problemas.

*Si conoce casos de corrupción en universidades escriba a pcuartas@elespectador.com

Vea aquí el listado de las universidades investigadas y el estado de algunas indagaciones en las que más ha avanzado el Ministerio de Educación:

📷

**Nota del editor: El 24 de mayo de 2018, después de publicado este artículo, el Ministerio de Educación archivó la investigación preliminar contra Uninpahu.

Hace dos meses, el anuncio del arribo de un inspector del Ministerio de Educación a la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, con el propósito de vigilar su administración y para promover, entre otras medidas, la constitución de una fiducia para asegurar su dinero y la prohibición de hacer giros al exterior, sacó a relucir el interés del Gobierno por impedir que este centro docente pierda el rumbo. Hay tres investigaciones en curso, una está en pliego de cargos y las otras dos en etapa preliminar, y entre los aspectos evaluados se incluyen irregularidades atribuidas a su último rector, Ramsés Vargas. (¿La universidad donde estudias está investigada o fue sancionada? Consulta aquí)

Según informaciones de prensa, el rector recibía de la nómina de la universidad un salario de $95 millones y una bonificación de $69 millones mensuales como auxilio de seguridad, a pesar de que contaba con escoltas y carros blindados, mientras que los profesores del centro docente completaban meses sin recibir el pago de sus salarios. Entre los datos revelados se dice que Vargas modificó el reglamento de la institución para ampliar el número de miembros de la junta directiva de 9 a 19, y que lo hizo para posesionar a familiares. (Lea aquí: Dos estudiantes caminan de Barranquilla a Bogotá por crisis de la Universidad Autónoma)

Si los escándalos derivados del proceso penal que se adelantó contra la exrectora de la Universidad Autónoma Silvia Gette deterioraron la imagen y proyección de la institución, los hallazgos en el registro a la actual administración demuestran que las anomalías continúan. Por esa razón, el Ministerio de Educación mantiene su ojo vigilante. No solo en esta universidad, sino en 30 más en todo el país, 22 de ellas privadas y ocho públicas, que presentan deficiencias que deben ser corregidas.

En una decena de casos, la investigación del Ministerio de Educación está en etapa preliminar. En esa lista aparecen la Universidad del Pacífico, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, la Corporación John F. Kennedy, la Universidad del Atlántico, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Corporación Bolivariana de Educación Superior, la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad La Gran Colombia.

En otros casos, la actuación del Ministerio ya lleva algunos meses o incluso años. Como en la Universidad del Pacífico, investigada desde 2015 y sometida a un plan de mejoramiento para corregir sus irregularidades, porque se encontraron funcionarios de planta administrativa que no cumplían con los perfiles exigidos, cargos que se crearon sin requisitos o que se duplicaron, un software de contabilidad que estaba siendo subutilizado, y hasta pólizas de seguros a estudiantes sin vigencia, de modo que, si tenían accidentes, en cobertura de salud no estaban amparados.

Según el Ministerio de Educación, otras seis instituciones –Universidad de Cundinamarca, Fundación Universitaria San Martín, Corporación de Ciencia y Desarrollo, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Universidad Incca de Colombia, Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios– ya fueron sancionadas. Las universidades impugnaron las órdenes impartidas y hoy están a la espera de una decisión final, por lo que las investigaciones siguen en curso.

Hace tres años, la universidad Incca de Colombia no tenía recursos económicos para atender su operación normal de funcionamiento, ni para el pago de sus deudas a corto plazo. Además, ni el representante legal, ni el vicepresidente cumplían los requisitos para ocupar sus cargos (situación que ya fue superada). En abril del año pasado, el Ministerio concluyó que la institución avanzó un 81 % en su plan de mejoramiento y por eso levantó la medida preventiva, que incluyó una fiducia y la designación de un inspector in situ.

Desde 2011, la cartera ha impuesto en total 63 sanciones en unas 37 instituciones de educación superior con multas de hasta 60 salarios mínimos, con la suspensión y cancelación de sus programas académicos y hasta con el cierre de sus operaciones. Cinco instituciones han desaparecido en los últimos siete años: Corporación Tecnológica Superior Siglo XXI, Instituto Universitario de Historia de Colombia, Corporación Cristiana Universitaria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Corporación Tecnológica Copacabana y la Fundación de Educación Superior Esatec.

Un drama humano, no institucional

Más de 900 kilómetros recorrieron el mes pasado Jonathan Sanabria, alumno de la Universidad Autónoma del Caribe, y Cristian Sánchez, estudiante de la Fundación Universitaria San Martín. Lo hicieron desde Barranquilla hasta Bogotá para llamar la atención del Congreso sobre la crisis de sus universidades y conseguir que se convocara un debate de control político sobre el tema. Sanabria cursa quinto semestre de ingeniería mecánica gracias a un crédito del Icetex y trabaja como mensajero para cubrir sus gastos.

Hoy cuenta que desde 2016 notó las irregularidades en la Uniautónoma, porque les pedían a los estudiantes que pagaran sus matrículas en efectivo. Quienes lo hacían, recibían descuentos de hasta el 20 %. Más adelante advirtió, por las quejas de profesores a quienes no les pagaban y el aumento del número de estudiantes por cada salón, que había más anomalías en la universidad que trataban de solventarse con medidas forzadas. “Pasamos de ser 30 a 45, porque disminuyó el número de docentes”, expresó a El Espectador el joven de 25 años.

A su vez, Cristian Sánchez, de la Asociación Nacional Académica Sanmartiniana, señala que, como él, en su universidad se estudia con un estigma. “Los estudiantes de otras universidades nos miran mal, creen que somos de una universidad de garaje. Es culpa de los directivos y también del Ministerio, que no supo prevenir a tiempo la crisis en la San Martín”. Por ese estigma, insiste Sánchez, “los estudiantes pasamos de ser 18.000 a 9.000”. Hay quienes incluso estaban a punto de graduarse de médicos e iniciaron nuevas carreras en otras universidades.

Junto a la estigmatización está el drama humano de quienes dependen de su empleo en las universidades investigadas. Es el caso de Margarita*, la mamá de Andrés*, un profesor de ingeniería de la Universidad Autónoma. La mujer, de 74 años, padece un cáncer de pulmón, pero debido a que la institución no le ha pagado la seguridad social, el profesor ha tenido que cubrir los gastos médicos mudándose a la casa de sus suegros para ahorrar y cubrir el atraso en las cuotas de sus créditos y el tope de sus tarjetas de crédito.

“Afortunadamente no tengo hijos, porque la demora en los pagos empezó en febrero de 2016. Hace un mes se pusieron al día con los salarios de noviembre y de diciembre, pero falta por cancelar enero, febrero y marzo. El mejor investigador de la facultad fue despedido por reclamar la seguridad social. Él fue quien descubrió que no la estaban pagando, y por eso lo despidieron de inmediato. Nos invadió el miedo hasta que un profesor murió en octubre pasado porque se enfermó del corazón”, narra el profesor Andrés*.

¿Qué pasó con la Superintendencia de Educación?

Además del Ministerio de Educación, las irregularidades en las universidades no están sujetas a la inspección o vigilancia de otras autoridades públicas. En contraste, hace cuatro años, la organización Transparencia por Colombia evaluó a 32 universidades públicas y ninguna de ellas tenía un riesgo bajo de corrupción. Todas quedaron clasificadas en nivel alto o medio. De hecho, el 52 % de las sancionadas por el Ministerio desde 2011 son públicas, como las universidades del Cauca, de Pamplona, de Cundinamarca y de La Guajira.

“Identificamos debilidades en la planeación del presupuesto, en la contratación de sus funcionarios y en la asignación salarial. Por ejemplo, no existían suficientes referentes, manuales y políticas que les permitieran a las universidades un proceso juicioso de gestión administrativa. Además, tuvimos en cuenta la ausencia de políticas para resolver conflictos de intereses y falta de capacitación frente a la prevención de situaciones de corrupción”, afirma Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

En su criterio, todas las universidades deberían rendir cuentas de manera pública. Una idea que apoya José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, porque algunas instituciones no cumplen su condición de ser entidades sin ánimo de lucro. Se convierten en emporios de familia que se lucran de la institución a través del montaje de negocios que los benefician o a través de pagos excesivos por la participación en consejos directivos. “Una verdadera entidad sin ánimo de lucro vela por que los excedentes se reinviertan en mejorar servicios”, recalca Restrepo.

“La mayoría de rectores no comparte mi posición, pero creo que no se debería combinar la función de vigilancia e inspección con la regulación, como hoy sucede con el Ministerio de Educación. Existe un mayor sesgo o riesgo de incurrir en situaciones de conflicto de interés. Hay que crear cuanto antes la Superintendencia de Educación, en la que tenga presencia activa la comunidad académica. Este sería un espacio autónomo, de alto nivel, y no una oficina de tercer o cuarto nivel en el Ministerio”, concluye Restrepo.

Sin embargo, la ley de inspección y vigilancia (2014) lo que hizo fue darle más dientes al Ministerio de Educación, aspecto que algunos expertos consideran un atentado contra la autonomía universitaria. En un año, el Gobierno debía presentar al Congreso un proyecto de ley para crear la Superintendencia de Educación, pero la Corte Constitucional tumbó ese artículo en 2017, porque el Poder Legislativo no puede obligar al Gobierno a presentar la propuesta ni mucho menos ponerle un plazo perentorio para la iniciativa.

El Ministerio de Educación aclaró que alcanzó a reunirse con organizaciones e instancias del sector de educación superior para “consolidar una propuesta viable en términos técnicos y presupuestales”. Pero una vez llegó el fallo de la Corte Constitucional, el tema quedó frenado. Hoy, la discusión de los expertos apunta a determinar si la Superintendencia de Educación es urgente o si los actuales procedimientos de control en el Ministerio son suficientes. En cualquier caso, lo que preocupa es que cada día son más las universidades en problemas.

*Si conoce casos de corrupción en universidades escriba a pcuartas@elespectador.com

Vea aquí el listado de las universidades investigadas y el estado de algunas indagaciones en las que más ha avanzado el Ministerio de Educación:

📷

**Nota del editor: El 24 de mayo de 2018, después de publicado este artículo, el Ministerio de Educación archivó la investigación preliminar contra Uninpahu.