Fernando Bahamón, de criminal a testigo estrella de la Fiscalía

María fue la primera víctima de Fernando Bahamón Céspedes, al menos en registros judiciales. Esta odontóloga y residente de Neiva fue violada en 1992 por Bahamón, quien, portando un carné falso del DAS y con información detallada de su exesposo, la sacó de su casa bajo engaños y luego, además de abusar de ella, le robó sus joyas. En 1993, la justicia lo halló culpable por este crimen. Durante los años siguientes, personificar a funcionarios, timar a incautos, aceptar sus acciones y resultar condenado fue una constante para él. Lo que no impidió que, en 2017, se convirtiera en un testigo estelar y protegido en casos a los que la Fiscalía ha dado un enorme despliegue mediático.

Tras presentarse como desmovilizado de la columna Teófilo Forero de las Farc, Bahamón parecía ser el eslabón perdido que necesitaba la Fiscalía para resolver procesos de gran importancia. Por un lado, las investigaciones contra tres familias señaladas de ser testaferras de esa guerrilla: los Chaux, los Falla y los Parra. Por otro lado, el crimen de Jhonny Orjuela, el dueño de Surtifruver. El 15 de junio de 2017, investigadores de la Fiscalía recibieron su primer testimonio y lo identificaron como Egipto. Bahamón se refirió a Mauricio Parra como un socio de las Farc, entregó detalles en abundancia y esa fue su puerta de entrada.

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Existen, sin embargo, más de 30 documentos oficiales en poder de este diario sobre su prontuario criminal, que ponen en tela de juicio sus declaraciones y el estatus que le ha otorgado la Fiscalía. Reportes, incluso elaborados por el mismo ente investigativo en años anteriores, han alertado que sus versiones son incongruentes, inconsistentes, incomprobables. Ha sido condenado seis veces por delitos como acceso carnal violento, hurto agravado, simulación de investidura y extorsión, entre otros. Hasta la Corte Suprema ha desenmascarado sus palabras. Aun así, la Fiscalía paga su vivienda, cubre sus gastos y con sus declaraciones ha enviado a siete personas a la cárcel.

De condena en condena

Los registros del Inpec muestran que Bahamón Céspedes ingresó por primera vez a la cárcel en diciembre de 1992, detenido por la violación de la odontóloga María. Tenía 28 años. En ese caso aceptó todo menos haber abusado de la mujer, aunque al final, se lee en el fallo, manifestó que no sabía “de dónde inventó” tantas cosas. Se excusó, mostró arrepentimiento y dijo que el motivo de sus actos era la falta de empleo y una hija de 3 años “con deformidad en la mano derecha”. En abril de 1994, la justicia le comprobó por segunda vez haber cometido acceso carnal violento y aumentó su pena. Permaneció tras las rejas hasta 1997, cuando recibió libertad condicional.

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No duró mucho fuera de la cárcel. En septiembre de 1998 su libertad condicional fue revocada, pues le abrieron un expediente por simulación de investidura o cargo y estafa, por lo que fue condenado en 1999 no una sino dos veces, tras aceptar cargos. En el primer caso se hizo pasar por psicólogo de una comisaría de familia, se identificó como Carlos Alberto Dussán y consiguió así que dos mujeres le dieran dinero. En el segundo, diciendo que se llamaba Álvaro Cardozo, buscó a una mujer con información de la demanda por alimentos que ella había presentado contra su esposo, a otra diciendo que era funcionario de la Fiscalía y que iban a detener a su hermano, y a cada una le robó $400.000.

Según el Inpec, Bahamón Céspedes permaneció en la cárcel de Neiva de 1999 a enero de 2002, cuando fue trasladado a la cárcel Modelo, y en agosto de 2003 recuperó su libertad. Un dato fundamental, si se tiene en cuenta que sus declaraciones bajo juramento de lo que “vio” en la zona de distensión (1999-2002), como supuesto integrante de la columna Teófilo Forero, han sido tomadas por la Fiscalía como ciertas en procesos como el de los Chaux. En una carta dirigida en 2005 a la entonces alcaldesa de Neiva, Cielo González, aseguró que se desmovilizó ante la Policía en 2004. Luego cambiaría su versión: a la Fiscalía le dijo que desertó de las Farc en 2005.

Dos reportes reservados de la Policía de Huila, elaborados en mayo de 2005, contradicen a Bahamón Céspedes. Los informes cuentan que una fuente humana identificó a Bahamón como miembro de la Teófilo Forero y que, por esa razón, en agosto de 2004 lo abordó un teniente para reclutarlo como informante. Bahamón, quien sería alias Cachetes, aceptó. Aunque de poco sirvió: según la Policía, Bahamón solo dio tres declaraciones “sin bases o fundamentos”, nada habló de las intenciones de la Teófilo Forero de cometer secuestros masivos en Neiva y, para rematar, señaló a un hombre identificado como Tío Barbas, no al Paisa, de comandar esa columna de las Farc.

“De acuerdo a las entrevistas realizadas por personal idóneo en la materia, se logró establecer que la persona en mención nunca perteneció a las filas guerrilleras ni a las redes de milicias” de la Teófilo Forero, resaltaron los informes, que fueron enviados tanto a la oficina de enlace del Alto Comisionado para la Paz y al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Pero, así mismo, fueron ignorados. Tres meses más tarde, en agosto de 2005, Bahamón obtuvo un certificado del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda), del Ministerio de Defensa, que asegura que “perteneció a “una organización armada al margen de la ley”, la cual sería la guerrilla.

Una y otra vez, Bahamón Céspedes ha dicho a la Fiscalía que ese documento evidencia que fue guerrillero, omitiendo que en 2006 le negaron el indulto que pidió al Gobierno. Para comprobar su supuesta membresía a las Farc, entregó como soporte otra condena en su contra, de nuevo por mentir y obtener beneficios por ello. Un juzgado de Pitalito lo halló culpable de haberse hecho pasar por inspector de salud ante propietarios de criaderos porcinos en Pitalito, bajo el nombre de Álvaro Dussán, y de haberles pedido dinero para conservar los animales. Lucía una bata blanca, llevaba un estetoscopio y hasta les sacó muestras de sangre a algunos dueños de los animales.

Bahamón le dijo al Ministerio del Interior que esos actos estaban relacionados con sus actividades como guerrillero, y que por eso merecía el indulto. Sin embargo, la entidad le contestó en la resolución 236 de septiembre de 2006: “Los delitos de uso de documento público falso, estafa y usurpación de funciones públicas (…) no corresponden a los tipificados como delitos políticos”. En 2008, nuevamente, Bahamón Céspedes trataría de obtener redención diciendo que el delito que había cometido tenía que ver con sus actividades subversivas. En esta ocasión, se refería a una extorsión, y el argumento lo llevó hasta la Corte Suprema de Justicia.

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En octubre de 2008, Bahamón Céspedes fue sentenciado a 100 meses de prisión por haber intentado extorsionar a Paola Rojas, esposa del comerciante de Neiva César Artunduaga. Según contó Rojas a las autoridades, Bahamón se hizo amigo de su esposo y, al conocer su posición económica, empezó a pedirle dinero. Al no recibirlo, lo incriminó y le dijo a la Sijín de la Policía que Artunduaga era guerrillero, testimonio que llevó al comerciante a la cárcel. Bahamón Céspedes le exigió a Paola Rojas $8 millones a cambio de retractarse y de no hacerle daño a su hijo. Ella lo denunció ante el Gaula Ejército, y en flagrancia fue detenido el 28 de mayo de 2004.

Tres meses después de ese arresto, Bahamón Céspedes se convertiría en informante de la Policía. Al año siguiente, diría por primera vez –en la carta a Cielo González– que era guerrillero. Con el certificado del Coda consiguió que, en 2007, la Fiscalía le precluyera la única investigación por rebelión que ha tenido, por lo que su supuesta pertenencia a las Farc poco o nada se indagó. En mayo de 2008, cuando estaba cerca de ser condenado por la extorsión a Paola Rojas, presentó un recurso para que el proceso se cerrara en el marco de los beneficios jurídicos previstos por la ley para los exguerrilleros. “Se trata de un delito común contra el patrimonio económico (…) cometido en militancia”, arguyó Bahamón.

De nuevo, exhibiendo el certificado del Coda, Bahamón Céspedes dijo que era excombatiente de las Farc y que el dinero exigido a César Artunduaga era “con fines políticos”. La Corte Suprema no compró la versión y determinó: “Fernando Bahamón no es merecedor a la cesación del procedimiento que solicita”. Cinco meses luego fue condenado, fallo que confirmó el Tribunal Superior de Neiva en abril de 2009. Aun así, antes de que esa sentencia se profiriera, se presentó en la revista Semana como un exjefe de seguridad de las Farc en la zona de distensión. Este medio publicó después una entrevista con él titulada “El ‘ventilador’ de la Farc-política”.

En ella acusó a dos congresistas del Huila de haber recibido “cajadas de dinero” de las Farc: Carlos Julio González y Luis Enrique Dussán. Un día después de publicada la entrevista, González y Dussán acudieron a la Corte Suprema a pedirle que indagara al respecto y, en agosto de 2009, este alto tribunal se inhibió de abrirles investigación a los entonces congresistas “por cuanto la conducta imputada no ha existido”. Más importante aún, en ese fallo quedó constancia de que era “imposible” que Bahamón Céspedes hubiese estado en la zona de distensión porque para la época estaba en la cárcel. Primero en Neiva y luego en la Modelo de Bogotá.

El supuesto exguerrillero alegó que las Farc habían logrado su liberación sobornando a un juez de apellido Silva García, quien, dijo él, mantuvo su nombre en los registros carcelarios “prevaliéndose de la ingeniosa figura de hacerlo aparecer en el papel como si estuviera privado de la libertad cuando estaba físicamente libre y operando como militante activo”. Agregó, para reforzar su historia, que el mencionado juez había sido capturado y destituido por ello. La Corte, sin embargo, comprobó que el funcionario judicial del que hablaba Bahamón Céspedes nunca corrió tal suerte, sino que, además, se trataba de un condecorado juez.

Bahamón y la Fiscalía

El 8 de septiembre de 2008 dos investigadoras del CTI también ratificaron que Bahamón estuvo preso entre 1998 y 2003. Además, en su informe, que fue entregado a la Fiscalía 5 delegada ante la Corte Suprema, no solo reconstruyeron la hoja de vida carcelaria de Bahamón, sino que dejaron una anotación clave: “Es de resaltar que encontramos varias inconsistencias entre lo relatado por el señor Fernando Bahamón dentro de su injurada rendida el 7 de diciembre de 2007 ante la Fiscalía Quinta Seccional de Neiva y la entrevista rendida ante el Coda el 2 de junio de 2005, dejando entrever falacias por parte del mismo”.

Pese a las alertas de sus mentiras, Bahamón se sometió a Justicia y Paz y del 22 de febrero de 2010 al 30 de agosto de 2013 realizó ocho diligencias de versión libre. Desde ese momento desapareció del mapa, hasta que reapareció el 15 de junio de 2017 como una fuente humana no formal del CTI que entregó información clave sobre el crimen de Jhonny Alonso Orjuela Pardo, el dueño Surtifruver asesinado el 20 de octubre de 2016 en el norte de Bogotá. A Bahamón lo identificaron con el alias de Egipto, y por primera vez señaló a Mauricio Parra como el responsable de la muerte de Orjuela y de ser testaferro del Bloque Sur de las Farc.

A pesar de todos los registros anteriores, el CTI le dio credibilidad a su historia. Bahamón dijo que conoció a Mauricio Parra en 1995 –época en la que estaba preso según registros del Inpec–, cuando trabajaba con la columna Teófilo Forero llevando víveres y material de intendencia. Sostuvo que a Parra lo conocían con los alias del Opita o el Quesero, que era muy cercano al Paisa y que durante la zona de distensión se convirtió en uno de los socios principales de las Farc en temas de narcotráfico. “Mauricio cuando comenzó era un lichiguero, no era nadie, vivía de vender yuca y queso en la zona”, agregó Bahamón.

En esa declaración también señaló a los primos Ricardo y Hernando Falla, y mencionó que la entonces pareja de Parra, Cristina Trujillo, sirvió como testaferra. Según Bahamón, luego de pagar una condena por narcotráfico entre 2003 y 2010, Parra se convirtió en un prominente empresario gracias a sus nexos con Fabián Ramírez y el Paisa. Frente al homicidio de Alonso Orjuela, Bahamón declaró que la orden de matarlo la dio el Paisa, porque quería apropiarse de los Surtifruver para legalizar dineros del narcotráfico. Y añadió que Mauricio Parra fue el encargado de engañar a Orjuela a través de una mujer para citarlo en el lugar donde fue asesinado.

Seis días después, Fernando Bahamón volvió a testificar en la Fiscalía. El 21 de junio de 2017, identificado plenamente y no con el alias de Egipto, Bahamón declaró ante la dirección de Extinción de Dominio y ratificó sus palabras. Nuevamente relató su supuesto paso por la guerrilla y señaló que en la época de la zona de distensión Parra sacaba entre 50 y 100 kilos de coca semanales. Un mes después, el 25 de agosto de 2017, nuevamente Bahamón habló y salpicó a Paola Parra, hija de Mauricio y quien supuestamente vio en la zona de distensión cuando era menor de edad. También mencionó a César Alberto Sierra, socio y hombre de confianza de Parra.

A las 9:00 de la mañana del 1º de septiembre de 2017 Mauricio Parra denunció a Fernando Bahamón por extorsión. Parra señaló que desde el 4 de julio de ese mismo año Bahamón contactó a una de sus hijas a través de un mensaje en Facebook para decirle que necesitaba reunirse con su papá. A los 10 días, según Parra, Bahamón se apareció en su oficina y, al frente de su socio Carlos Alberto Sierra, le pidió plata a cambio de no hablar en la Fiscalía sobre su supuesto pasado con las Farc y su participación en unos homicidios. Parra explicó que en ese momento se exaltó y la reunión se acabó, pero que Bahamón siguió contactando y amenazando a su socio.

El mismo día que Parra presentó su denuncia, Bahamón estaba a las 9:17 de la mañana declarando en la Fiscalía sobre el crimen de Surtifruver. Además, habló sobre una supuesta relación de confianza que había construido con Carlos Alberto Sierra, quien le dijo que Parra se había enterado de sus problemas y saldría del país. El sábado 2 de septiembre Mauricio Parra y su hija Paola fueron capturados en el aeropuerto El Dorado. La Fiscalía lo presentó como testaferro de las Farc y responsable del asesinato de Orjuela. Y a los tres días, el 4 de septiembre, la Fiscalía embargó todos sus bienes, avaluados en $57.000 millones.

La siguiente declaración que entregó Bahamón fue el 22 de noviembre de 2017. Esta vez acusó a José Hugo Chaux y su familia de ser testaferros de las Farc. Bahamón también dijo que vio a Chaux en la zona de distensión y que había sido escogido como uno de los socios de las Farc. Con ese testimonio como prueba, el 6 de febrero de 2018 la Fiscalía embargó los bienes de la familia, avaluados en $15.000 millones. Y el pasado 13 de febrero, un año después de iniciado el proceso de extinción de dominio, el ente investigador capturó a Chaux, su esposa Luz Stella y su hijo, José Hugo Chaux González, de 21 años, quien quedó en libertad el pasado viernes.

De acuerdo con los sistemas de información de la Fiscalía, contra Fernando Bahamón Céspedes existen 30 denuncias, aparte de la que radicó Mauricio Parra. Esas denuncias incluyen delitos como falso testimonio, actos sexuales con menor de 14 años, extorsión, amenazas, secuestro extorsivo, estafa, rebelión, falsa denuncia, falsedad material e ideológica en documento público, lesiones personales, violencia intrafamiliar; y se han presentado en distintas partes del país: Ibagué, Neiva, Valledupar, Pitalito, Bogotá, Chiquinquirá, Soacha. Algunas de ellas cursan por el sistema penal antiguo, lo que quiere decir que son hechos cometidos antes de 2004. Es decir, desde hace más de 14 años.

Hoy Fernando Bahamón Céspedes es un testigo protegido de la Fiscalía, pese a que el estudio de seguridad de la Unidad Nacional de Protección decretó que su riesgo es ordinario. Es decir, su vida no corre peligro. Bahamón, a pesar de que todas las pruebas que confirman que a finales de los 90 estuvo preso y no en las filas de las Farc, sigue siendo un testigo creíble para el ente investigador, que ha utilizado su testimonio en el caso Surtifruver y como prueba clave en los procesos contra las familias señaladas de ser testaferros de la guerrilla. Y, aunque El Espectador preguntó desde el pasado jueves a la Fiscalía por qué Bahamón goza de tanta credibilidad a pesar de su pasado, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

María fue la primera víctima de Fernando Bahamón Céspedes, al menos en registros judiciales. Esta odontóloga y residente de Neiva fue violada en 1992 por Bahamón, quien, portando un carné falso del DAS y con información detallada de su exesposo, la sacó de su casa bajo engaños y luego, además de abusar de ella, le robó sus joyas. En 1993, la justicia lo halló culpable por este crimen. Durante los años siguientes, personificar a funcionarios, timar a incautos, aceptar sus acciones y resultar condenado fue una constante para él. Lo que no impidió que, en 2017, se convirtiera en un testigo estelar y protegido en casos a los que la Fiscalía ha dado un enorme despliegue mediático.

Tras presentarse como desmovilizado de la columna Teófilo Forero de las Farc, Bahamón parecía ser el eslabón perdido que necesitaba la Fiscalía para resolver procesos de gran importancia. Por un lado, las investigaciones contra tres familias señaladas de ser testaferras de esa guerrilla: los Chaux, los Falla y los Parra. Por otro lado, el crimen de Jhonny Orjuela, el dueño de Surtifruver. El 15 de junio de 2017, investigadores de la Fiscalía recibieron su primer testimonio y lo identificaron como Egipto. Bahamón se refirió a Mauricio Parra como un socio de las Farc, entregó detalles en abundancia y esa fue su puerta de entrada.

(Puede leer: ¿Falsos testigos en caso de testaferros de las Farc?)

Existen, sin embargo, más de 30 documentos oficiales en poder de este diario sobre su prontuario criminal, que ponen en tela de juicio sus declaraciones y el estatus que le ha otorgado la Fiscalía. Reportes, incluso elaborados por el mismo ente investigativo en años anteriores, han alertado que sus versiones son incongruentes, inconsistentes, incomprobables. Ha sido condenado seis veces por delitos como acceso carnal violento, hurto agravado, simulación de investidura y extorsión, entre otros. Hasta la Corte Suprema ha desenmascarado sus palabras. Aun así, la Fiscalía paga su vivienda, cubre sus gastos y con sus declaraciones ha enviado a siete personas a la cárcel.

De condena en condena

Los registros del Inpec muestran que Bahamón Céspedes ingresó por primera vez a la cárcel en diciembre de 1992, detenido por la violación de la odontóloga María. Tenía 28 años. En ese caso aceptó todo menos haber abusado de la mujer, aunque al final, se lee en el fallo, manifestó que no sabía “de dónde inventó” tantas cosas. Se excusó, mostró arrepentimiento y dijo que el motivo de sus actos era la falta de empleo y una hija de 3 años “con deformidad en la mano derecha”. En abril de 1994, la justicia le comprobó por segunda vez haber cometido acceso carnal violento y aumentó su pena. Permaneció tras las rejas hasta 1997, cuando recibió libertad condicional.

(Otros temas de investigación: Las 16 declaraciones en las que futbolistas denunciaron irregularidades en la selección Colombia)

No duró mucho fuera de la cárcel. En septiembre de 1998 su libertad condicional fue revocada, pues le abrieron un expediente por simulación de investidura o cargo y estafa, por lo que fue condenado en 1999 no una sino dos veces, tras aceptar cargos. En el primer caso se hizo pasar por psicólogo de una comisaría de familia, se identificó como Carlos Alberto Dussán y consiguió así que dos mujeres le dieran dinero. En el segundo, diciendo que se llamaba Álvaro Cardozo, buscó a una mujer con información de la demanda por alimentos que ella había presentado contra su esposo, a otra diciendo que era funcionario de la Fiscalía y que iban a detener a su hermano, y a cada una le robó $400.000.

Según el Inpec, Bahamón Céspedes permaneció en la cárcel de Neiva de 1999 a enero de 2002, cuando fue trasladado a la cárcel Modelo, y en agosto de 2003 recuperó su libertad. Un dato fundamental, si se tiene en cuenta que sus declaraciones bajo juramento de lo que “vio” en la zona de distensión (1999-2002), como supuesto integrante de la columna Teófilo Forero, han sido tomadas por la Fiscalía como ciertas en procesos como el de los Chaux. En una carta dirigida en 2005 a la entonces alcaldesa de Neiva, Cielo González, aseguró que se desmovilizó ante la Policía en 2004. Luego cambiaría su versión: a la Fiscalía le dijo que desertó de las Farc en 2005.

Dos reportes reservados de la Policía de Huila, elaborados en mayo de 2005, contradicen a Bahamón Céspedes. Los informes cuentan que una fuente humana identificó a Bahamón como miembro de la Teófilo Forero y que, por esa razón, en agosto de 2004 lo abordó un teniente para reclutarlo como informante. Bahamón, quien sería alias Cachetes, aceptó. Aunque de poco sirvió: según la Policía, Bahamón solo dio tres declaraciones “sin bases o fundamentos”, nada habló de las intenciones de la Teófilo Forero de cometer secuestros masivos en Neiva y, para rematar, señaló a un hombre identificado como Tío Barbas, no al Paisa, de comandar esa columna de las Farc.

“De acuerdo a las entrevistas realizadas por personal idóneo en la materia, se logró establecer que la persona en mención nunca perteneció a las filas guerrilleras ni a las redes de milicias” de la Teófilo Forero, resaltaron los informes, que fueron enviados tanto a la oficina de enlace del Alto Comisionado para la Paz y al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Pero, así mismo, fueron ignorados. Tres meses más tarde, en agosto de 2005, Bahamón obtuvo un certificado del Comité Operativo para la Dejación de las Armas (Coda), del Ministerio de Defensa, que asegura que “perteneció a “una organización armada al margen de la ley”, la cual sería la guerrilla.

Una y otra vez, Bahamón Céspedes ha dicho a la Fiscalía que ese documento evidencia que fue guerrillero, omitiendo que en 2006 le negaron el indulto que pidió al Gobierno. Para comprobar su supuesta membresía a las Farc, entregó como soporte otra condena en su contra, de nuevo por mentir y obtener beneficios por ello. Un juzgado de Pitalito lo halló culpable de haberse hecho pasar por inspector de salud ante propietarios de criaderos porcinos en Pitalito, bajo el nombre de Álvaro Dussán, y de haberles pedido dinero para conservar los animales. Lucía una bata blanca, llevaba un estetoscopio y hasta les sacó muestras de sangre a algunos dueños de los animales.

Bahamón le dijo al Ministerio del Interior que esos actos estaban relacionados con sus actividades como guerrillero, y que por eso merecía el indulto. Sin embargo, la entidad le contestó en la resolución 236 de septiembre de 2006: “Los delitos de uso de documento público falso, estafa y usurpación de funciones públicas (…) no corresponden a los tipificados como delitos políticos”. En 2008, nuevamente, Bahamón Céspedes trataría de obtener redención diciendo que el delito que había cometido tenía que ver con sus actividades subversivas. En esta ocasión, se refería a una extorsión, y el argumento lo llevó hasta la Corte Suprema de Justicia.

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En octubre de 2008, Bahamón Céspedes fue sentenciado a 100 meses de prisión por haber intentado extorsionar a Paola Rojas, esposa del comerciante de Neiva César Artunduaga. Según contó Rojas a las autoridades, Bahamón se hizo amigo de su esposo y, al conocer su posición económica, empezó a pedirle dinero. Al no recibirlo, lo incriminó y le dijo a la Sijín de la Policía que Artunduaga era guerrillero, testimonio que llevó al comerciante a la cárcel. Bahamón Céspedes le exigió a Paola Rojas $8 millones a cambio de retractarse y de no hacerle daño a su hijo. Ella lo denunció ante el Gaula Ejército, y en flagrancia fue detenido el 28 de mayo de 2004.

Tres meses después de ese arresto, Bahamón Céspedes se convertiría en informante de la Policía. Al año siguiente, diría por primera vez –en la carta a Cielo González– que era guerrillero. Con el certificado del Coda consiguió que, en 2007, la Fiscalía le precluyera la única investigación por rebelión que ha tenido, por lo que su supuesta pertenencia a las Farc poco o nada se indagó. En mayo de 2008, cuando estaba cerca de ser condenado por la extorsión a Paola Rojas, presentó un recurso para que el proceso se cerrara en el marco de los beneficios jurídicos previstos por la ley para los exguerrilleros. “Se trata de un delito común contra el patrimonio económico (…) cometido en militancia”, arguyó Bahamón.

De nuevo, exhibiendo el certificado del Coda, Bahamón Céspedes dijo que era excombatiente de las Farc y que el dinero exigido a César Artunduaga era “con fines políticos”. La Corte Suprema no compró la versión y determinó: “Fernando Bahamón no es merecedor a la cesación del procedimiento que solicita”. Cinco meses luego fue condenado, fallo que confirmó el Tribunal Superior de Neiva en abril de 2009. Aun así, antes de que esa sentencia se profiriera, se presentó en la revista Semana como un exjefe de seguridad de las Farc en la zona de distensión. Este medio publicó después una entrevista con él titulada “El ‘ventilador’ de la Farc-política”.

En ella acusó a dos congresistas del Huila de haber recibido “cajadas de dinero” de las Farc: Carlos Julio González y Luis Enrique Dussán. Un día después de publicada la entrevista, González y Dussán acudieron a la Corte Suprema a pedirle que indagara al respecto y, en agosto de 2009, este alto tribunal se inhibió de abrirles investigación a los entonces congresistas “por cuanto la conducta imputada no ha existido”. Más importante aún, en ese fallo quedó constancia de que era “imposible” que Bahamón Céspedes hubiese estado en la zona de distensión porque para la época estaba en la cárcel. Primero en Neiva y luego en la Modelo de Bogotá.

El supuesto exguerrillero alegó que las Farc habían logrado su liberación sobornando a un juez de apellido Silva García, quien, dijo él, mantuvo su nombre en los registros carcelarios “prevaliéndose de la ingeniosa figura de hacerlo aparecer en el papel como si estuviera privado de la libertad cuando estaba físicamente libre y operando como militante activo”. Agregó, para reforzar su historia, que el mencionado juez había sido capturado y destituido por ello. La Corte, sin embargo, comprobó que el funcionario judicial del que hablaba Bahamón Céspedes nunca corrió tal suerte, sino que, además, se trataba de un condecorado juez.

Bahamón y la Fiscalía

El 8 de septiembre de 2008 dos investigadoras del CTI también ratificaron que Bahamón estuvo preso entre 1998 y 2003. Además, en su informe, que fue entregado a la Fiscalía 5 delegada ante la Corte Suprema, no solo reconstruyeron la hoja de vida carcelaria de Bahamón, sino que dejaron una anotación clave: “Es de resaltar que encontramos varias inconsistencias entre lo relatado por el señor Fernando Bahamón dentro de su injurada rendida el 7 de diciembre de 2007 ante la Fiscalía Quinta Seccional de Neiva y la entrevista rendida ante el Coda el 2 de junio de 2005, dejando entrever falacias por parte del mismo”.

Pese a las alertas de sus mentiras, Bahamón se sometió a Justicia y Paz y del 22 de febrero de 2010 al 30 de agosto de 2013 realizó ocho diligencias de versión libre. Desde ese momento desapareció del mapa, hasta que reapareció el 15 de junio de 2017 como una fuente humana no formal del CTI que entregó información clave sobre el crimen de Jhonny Alonso Orjuela Pardo, el dueño Surtifruver asesinado el 20 de octubre de 2016 en el norte de Bogotá. A Bahamón lo identificaron con el alias de Egipto, y por primera vez señaló a Mauricio Parra como el responsable de la muerte de Orjuela y de ser testaferro del Bloque Sur de las Farc.

A pesar de todos los registros anteriores, el CTI le dio credibilidad a su historia. Bahamón dijo que conoció a Mauricio Parra en 1995 –época en la que estaba preso según registros del Inpec–, cuando trabajaba con la columna Teófilo Forero llevando víveres y material de intendencia. Sostuvo que a Parra lo conocían con los alias del Opita o el Quesero, que era muy cercano al Paisa y que durante la zona de distensión se convirtió en uno de los socios principales de las Farc en temas de narcotráfico. “Mauricio cuando comenzó era un lichiguero, no era nadie, vivía de vender yuca y queso en la zona”, agregó Bahamón.

En esa declaración también señaló a los primos Ricardo y Hernando Falla, y mencionó que la entonces pareja de Parra, Cristina Trujillo, sirvió como testaferra. Según Bahamón, luego de pagar una condena por narcotráfico entre 2003 y 2010, Parra se convirtió en un prominente empresario gracias a sus nexos con Fabián Ramírez y el Paisa. Frente al homicidio de Alonso Orjuela, Bahamón declaró que la orden de matarlo la dio el Paisa, porque quería apropiarse de los Surtifruver para legalizar dineros del narcotráfico. Y añadió que Mauricio Parra fue el encargado de engañar a Orjuela a través de una mujer para citarlo en el lugar donde fue asesinado.

Seis días después, Fernando Bahamón volvió a testificar en la Fiscalía. El 21 de junio de 2017, identificado plenamente y no con el alias de Egipto, Bahamón declaró ante la dirección de Extinción de Dominio y ratificó sus palabras. Nuevamente relató su supuesto paso por la guerrilla y señaló que en la época de la zona de distensión Parra sacaba entre 50 y 100 kilos de coca semanales. Un mes después, el 25 de agosto de 2017, nuevamente Bahamón habló y salpicó a Paola Parra, hija de Mauricio y quien supuestamente vio en la zona de distensión cuando era menor de edad. También mencionó a César Alberto Sierra, socio y hombre de confianza de Parra.

A las 9:00 de la mañana del 1º de septiembre de 2017 Mauricio Parra denunció a Fernando Bahamón por extorsión. Parra señaló que desde el 4 de julio de ese mismo año Bahamón contactó a una de sus hijas a través de un mensaje en Facebook para decirle que necesitaba reunirse con su papá. A los 10 días, según Parra, Bahamón se apareció en su oficina y, al frente de su socio Carlos Alberto Sierra, le pidió plata a cambio de no hablar en la Fiscalía sobre su supuesto pasado con las Farc y su participación en unos homicidios. Parra explicó que en ese momento se exaltó y la reunión se acabó, pero que Bahamón siguió contactando y amenazando a su socio.

El mismo día que Parra presentó su denuncia, Bahamón estaba a las 9:17 de la mañana declarando en la Fiscalía sobre el crimen de Surtifruver. Además, habló sobre una supuesta relación de confianza que había construido con Carlos Alberto Sierra, quien le dijo que Parra se había enterado de sus problemas y saldría del país. El sábado 2 de septiembre Mauricio Parra y su hija Paola fueron capturados en el aeropuerto El Dorado. La Fiscalía lo presentó como testaferro de las Farc y responsable del asesinato de Orjuela. Y a los tres días, el 4 de septiembre, la Fiscalía embargó todos sus bienes, avaluados en $57.000 millones.

La siguiente declaración que entregó Bahamón fue el 22 de noviembre de 2017. Esta vez acusó a José Hugo Chaux y su familia de ser testaferros de las Farc. Bahamón también dijo que vio a Chaux en la zona de distensión y que había sido escogido como uno de los socios de las Farc. Con ese testimonio como prueba, el 6 de febrero de 2018 la Fiscalía embargó los bienes de la familia, avaluados en $15.000 millones. Y el pasado 13 de febrero, un año después de iniciado el proceso de extinción de dominio, el ente investigador capturó a Chaux, su esposa Luz Stella y su hijo, José Hugo Chaux González, de 21 años, quien quedó en libertad el pasado viernes.

De acuerdo con los sistemas de información de la Fiscalía, contra Fernando Bahamón Céspedes existen 30 denuncias, aparte de la que radicó Mauricio Parra. Esas denuncias incluyen delitos como falso testimonio, actos sexuales con menor de 14 años, extorsión, amenazas, secuestro extorsivo, estafa, rebelión, falsa denuncia, falsedad material e ideológica en documento público, lesiones personales, violencia intrafamiliar; y se han presentado en distintas partes del país: Ibagué, Neiva, Valledupar, Pitalito, Bogotá, Chiquinquirá, Soacha. Algunas de ellas cursan por el sistema penal antiguo, lo que quiere decir que son hechos cometidos antes de 2004. Es decir, desde hace más de 14 años.

Hoy Fernando Bahamón Céspedes es un testigo protegido de la Fiscalía, pese a que el estudio de seguridad de la Unidad Nacional de Protección decretó que su riesgo es ordinario. Es decir, su vida no corre peligro. Bahamón, a pesar de que todas las pruebas que confirman que a finales de los 90 estuvo preso y no en las filas de las Farc, sigue siendo un testigo creíble para el ente investigador, que ha utilizado su testimonio en el caso Surtifruver y como prueba clave en los procesos contra las familias señaladas de ser testaferros de la guerrilla. Y, aunque El Espectador preguntó desde el pasado jueves a la Fiscalía por qué Bahamón goza de tanta credibilidad a pesar de su pasado, al cierre de esta edición no hubo respuesta.