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Las autoridades que están tras la pista de detalles y responsables del escándalo de corrupción en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, Triple A, cada vez dan más pistas de cómo se desviaron dineros públicos de la ciudad. El pasado martes, 20 de marzo, la Fiscalía capturó a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa, quien ya aceptó cargo por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. El turno ahora es para la Procuraduría que, después de más de cinco meses de investigación, está tras la pista de Navarro y otros dos exgerentes de la Triple A.
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Sus pesquisas han dado resultados y, por eso, el Ministerio Público iniciará un juicio disciplinario en contra de Ramón Navarro, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermer Redondo, en su calidad de gerentes generales de la empresa. De acuerdo con la investigación del ente de control, las faltas se habrían presentado en la ejecución de un contrato de asistencia técnica suscrito entre Interamericana de Aguas y Servicios S.A (Inassa) y la sociedad Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A E.S.P..
Tras revisar las diferentes etapas del contrato, la Procuraduría encontró que la Triple A, desde el año 2000, venía pagando una remuneración de aproximadamente $1.600 millones cada mes a la empresa española Inassa. El cálculo del Ministerio Público es que al año se estaba desembolsando unos $19.600 millones, y que la cifra total, que se tasó teniendo en cuenta la vigencia del contrato, superó los $237.000 millones. Es decir, cerca de US$80 millones de dólares.
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Desde septiembre el año pasado, el Ministerio Público destinó una comisión especial para investigar el caso y fue así como encontraron los documentos del contrato en cuestión. Según los archivos, el acuerdo consistió en “la prestación de asistencia técnica en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica respecto a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Por estos servicios, la Triple A se comprometió a remunerar a Inassa mensualmente con el 4.5% del recaudo que ingresaban al patrimonio de la sociedad, en la que el Distrito de Barranquilla tiene el 14.5% del capital social.
El caso, hasta ahí, no presentaba ninguna irregularidad pues a ese acuerdo fue al que llegaron las partes del contrato. Sin embargo, cuando un equipo de investigadores de la Procuraduría revisó los documentos de contabilidad de la Triple A y encontró que ningún de los servicios de asistencia técnica, operativa o administrativa, se estuvieran realizando, el problema fue mayor. Tras el hallazgo, el Ministerio Público formuló cargos a los implicados por haber permitido que Inassa se apropiara de recursos de propiedad de Barranquilla.
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En otras palabras, la Triple A autorizó estos pagos con el dinero del cual el Distrito de Barranquilla tiene el 14,5% de derechos accionarios. “La falta imputada a los representantes legales de la Triple A consiste en apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, señaló la Procuraduría, haciendo referencia al caso por el cual Ramón Navarro Pereira, Julia Margarita Serrano Monsalvo y Ramón Heráclito Hermer Redondo serán llamados a juicios.
Esta es solamente una de las varias aristas de investigación que manejan las autoridades, tanto colombianas como españolas. El origen de este escándalo estalló en España, en junio del año pasado, y es conocido como el caso Lesso. Según la investigación, la empresa Triple A fue utilizada, supuestamente, por su casa matriz, Inassa, para cubrir pagos “torcidos” del Partido Popular español. De acuerdo con lo que han logrado establecer las autoridades de España, los cerebros del escándalo lograron desviar $25 millones de dólares a través de las empresas públicas de aguas canal de Isabel II en España, por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.
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El dinero, señala la investigación, fue utilizado por el Partido Popular y por quienes defraudaron a las empresas. En Colombia, el caso aterrizó en Barranquilla. Las autoridades buscan establecer si se pagaron sobornos a políticos colombianos con los recursos de Inassa y de la Triple A. Según el medio español El Confidencial, dinero en efectivo de la tesorería de Inassa “se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos”.