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El escándalo de corrupción de la Triple A (empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla), entidad que supuestamente fue utilizada por su casa matriz, la española Inassa, para cubrir “torcidos” del Partido Popular, quedó sepultado entre otros dos escándalos de corrupción que han zarandeado al país este año: Odebrecht y el cartel de la toga. Aún así el caso Inassa, para el cual España pactó colaboración con la Fiscalía y la Procuraduría colombianas, avanza lentamente. Por eso, Diego Fernando García Arias está hoy un paso más cerca de su extradición a España.
García Arias, exgerente de expansión y nuevos negocios de Inassa y exintegrante de su junta directiva, fue detenido el pasado 24 de agosto, cuando quería hacer un viaje a México. Desde esa fecha permanece recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá. Durante 19 años fue ejecutivo de confianza del conglomerado español Canal de Isabel II, organización dueña de Inassa. Su nombre no es muy conocido fuera de la costa Caribe, pero en España lo tienen fichado: este colombiano es señalado por la Audiencia Nacional Española de haber movido dinero para sobornar políticos a cambio de que Inassa obtuviera contratos y así pudiera comprar empresas en Latinoamérica. (En contexto: Operación Lezo: un escándalo que no se detiene)
Según el medio español El Confidencial, el dinero en efectivo de la tesorería de Inassa “se metía en bolsas o maletas y a veces el directivo que se lo llevaba iba escoltado por el personal de seguridad contratado por Inassa, en muchos casos exmilitares colombianos. Este sistema tan directo y tan evidente motivó las quejas de algunos cargos de la compañía, que avisaron a Edmundo Rodríguez (expresidente de Inassa) de lo irregular de estos pagos y de lo peligrosos que eran, ya que el efectivo se cargaba en vehículos de Inassa para trasladarlo al punto de entrega”.
El Espectador conoció que el pasado 3 de octubre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recibió formalmente la solicitud de extradición del exdirectivo García Arias. El caso le correspondió al despacho del magistrado Luis Guillermo Salazar, quien definirá si el procedimiento cumple con los requisitos. “El proceso podría tardar un año, mientras se determina la legalidad de los documentos entregados y si las autoridades colombianas no lo requieren para procesos judiciales que se adelanten en el país. Sin embargo, por ser este un caso de connotación, es posible que la extradición se dé en seis meses”, señaló una fuente del alto tribunal.
El pasado 7 de junio, en una operación conjunta con España, se allanó una propiedad relacionada con Edmundo Rodríguez, expresidente de Canal de Isabel II. En un apartamento ubicado en Barranquilla, miembros del CTI encontraron en una caja fuerte 262.000 euros y un fajo pequeño con billetes de $50.000. El lugar estaba a nombre de Patricia Rodríguez, hija de Edmundo Rodríguez. El ente investigador indaga su posible participación en el saqueo al Canal de Isabel II y sus empresas para enriquecerse y enriquecer al Partido Popular en España. No obstante, desde ese hallazgo no ha habido resultados públicos sobre este tema. (Le puede interesar: Caso Lezo: Fiscalía allanó sede de Innassa en Barranquilla)
Diego Fernando García Arias, por su parte, ya ha tenido cinco interrogatorios ante un fiscal de la Unidad Anticorrupción. Fuentes del ente investigador aseguran que en los dos últimos empezó a cooperar con la justicia. “Inassa usó terceras empresas para concursos de contratación pública en Colombia, Panamá, Colombia o República Dominicana, entre otros. El pago de comisiones a funcionarios públicos de dichos países habría permitido la adjudicación concertada de dichos contratos”, sseñaló una fuente de la Fiscalía.
Tanto la Procuraduría como la Fiscalía buscan establecer a qué políticos de la costa habrían llegado los sobornos girados desde España. La Fiscalía también indaga sobre las posibles irregularidades en el traspaso de bienes que habría realizado el empresario García Arias para, presuntamente, evitar que se los quitaran. El ente investigador indaga sobre dos apartamentos que compró en Cartagena: uno en 2014, por $521 millones, y otro adquirido en el condominio Brisas del Mar, por $277 millones. Los investigadores tratan ahora de dilucidar, igualmente, si García Arias ocultó fondos procedentes de negocios ilícitos con Inassa en estas operaciones con su familia.( Lea: Operación Lezo y la conexión Panamá)