Abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, llamado a imputación de cargos
El próximo 18 de febrero, en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía le puso cita al litigante tulueño, quien es investigado por, supuestamente, sobornar al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, en medio del proceso judicial que se adelanta contra el expresidente en la Corte Suprema.
Redacción Judicial
El abogado del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena fue citado para el próximo 18 de febrero a los juzgados de Paloquemao. Ese día, la Fiscalía le imputará cargos por los supuestos pagos que habría hecho al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Victor. El exmiembro de las Autodefensas es testigo en contra del exprimer mandatario en la Corte Suprema, la cual lo investiga por soborno y fraude procesal.
(Le puede interesar: El guiño de Uribe a su abogado Diego Cadena)
El abogado ha sido una de las personas más mencionadas durante la investigación y el proceso judicial. Algunos exparamilitares han asegurado que el abogado les pagó a cambio de testimonios a favor del expresidente y ahora senador. No obstante, Cadena ha dicho siempre que se trataba de “subsidios” y “viáticos”. En octubre pasado pidió ser ser escuchado por la Fiscalía para aclarar los hechos sobre este caso.
(Lea también: Los caminos cruzados de Álvaro Uribe e Iván Cepeda)
Días después de esta solicitud, elevada en una carta al fiscal general (e) Fabio Espitia, la Fiscalía confirmó el pasado 21 de cotubre una nueva citación al abogado del expresidente para que amplíe su versión por uno de los casos por los que es investigado. La diligencia se realizó el 5 de noviembre de 2019. Cadena tiene en la Fiscalía tres procesos relacionados con los delitos de tráfico de influencias, simulación de investidura o cargo y acciones en contra de la recta y eficaz administración de la justicia.
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la citación hecha a el reconocido abogado, que defendió narcotraficantes en el pasado, se relacionan con este último delito. A su vez, su amigo personal y socio, Juan José Salazar, le imputarán ese día el delito de soborno en actuación penal.
Alias Víctor dijo ante la Corte Suprema que recibió pagos del abogado por su testimonio a favor del líder de Centro Democrático. Cadena calificó lo declarado por Vélez de “dichos mendaces”.“Siempre he estado presto a acudir al llamado de la justicia, y he comparecido sin excusa alguna ante diferentes autoridades, a efectos de esclarecer la verdad. Situación que es y seguirá siendo de mi total interés. Cuente desde ya en lo que pueda servir para tal fin”, aseguró Cadena en la carta remitida hace unos días a la cabeza encargada del ente acusador, en la que también hace duros señalamientos en contra de alias Víctor.
El abogado dice que conoció a Vélez a través de una persona presa en la cárcel La Picota. Luego, el exparamilitar, dice Cadena, “de mala fe, indujo que fuera visitado en su centro de reclusión para suministrar información con destino al proceso que se tramita contra el Dr. Álvaro Uribe Vélez. En efecto, suscribió tres declaraciones escritas dando fe de hechos y circunstancias, que a la postre desvirtuó en diligencia de declaración ante la Corte Suprema de Justicia”.
Según la versión que ha dado Cadena, Vélez le dijo que su hijo estaba enfermo y que tenía otras dificultades personales, por lo que, “por razones humanitarias” le dio dinero para viáticos y recargas de minutos a un celular. El exparamilitar, mientras tanto, colaboró.
La genesis del proceso contra Uribe
En 2010, el representate a la Cámara, Iván Cepeda, organizó un cronograma de visitas en cárceles para promover el debate sobre la crisis carcelaria del país. Según su testimonio, en esa gestión como integrante de la comisión de derechos humanos, fue como dio con información de exparamilitares que involucraban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con este grupo criminal.
Con esa información decidió realizar un debate de control político que terminó en una denuncia penal, en la que señaló que dos detenidos aseguraron que, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, había operado el Bloque Metro de las Autodefensas.
Cepeda hizo referencia también a la obra los 12 Apóstoles, escrita por la periodista Olga Behar, según la cual la hacienda La Carolina (en Yarumal) fue el sitio desde donde Santiago Uribe operó el grupo paramilitar. Santiago Uribe fue acusado y hoy su juicio se encuentra en la recta final.
Álvaro Uribe no era congresista y no estuvo en el debate. Pero ese mismo día acudió a la Corte Suprema de Justicia y denunció al congresista por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Según Uribe, el senador Cepeda orquestó un cartel de falsos testigos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que lo sindicaran a él de cometer delitos en asocio con los paramilitares.
El 21 de junio de 2013, Uribe decidió ampliar su denuncia y manifestó que Cepeda había visitado 21 veces a Juan Guillermo Monsalve (testigo clave del proceso) y que esos encuentros nada tenían que ver con labores humanitarias.
La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, lo cual hizo en febrero de 2018. Primero, concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista, ni influyó sobre los reclusos mediante sobornos, y que además actuó como vicepresidente de la comisión de derechos humanos y miembro de la comisión de paz.
El alto tribunal determinó que, al contrario, se debía investigar si acaso quien trató de manipular testigos no fue el propio Uribe. Ese fue el inicio del proceso penal por el que, por primera vez en la historia reciente del país, un expresidente fue llamado a rendir indagatoria, la cual se realizó el pasado 8 de octubre.
El abogado del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena fue citado para el próximo 18 de febrero a los juzgados de Paloquemao. Ese día, la Fiscalía le imputará cargos por los supuestos pagos que habría hecho al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Victor. El exmiembro de las Autodefensas es testigo en contra del exprimer mandatario en la Corte Suprema, la cual lo investiga por soborno y fraude procesal.
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El abogado ha sido una de las personas más mencionadas durante la investigación y el proceso judicial. Algunos exparamilitares han asegurado que el abogado les pagó a cambio de testimonios a favor del expresidente y ahora senador. No obstante, Cadena ha dicho siempre que se trataba de “subsidios” y “viáticos”. En octubre pasado pidió ser ser escuchado por la Fiscalía para aclarar los hechos sobre este caso.
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Días después de esta solicitud, elevada en una carta al fiscal general (e) Fabio Espitia, la Fiscalía confirmó el pasado 21 de cotubre una nueva citación al abogado del expresidente para que amplíe su versión por uno de los casos por los que es investigado. La diligencia se realizó el 5 de noviembre de 2019. Cadena tiene en la Fiscalía tres procesos relacionados con los delitos de tráfico de influencias, simulación de investidura o cargo y acciones en contra de la recta y eficaz administración de la justicia.
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la citación hecha a el reconocido abogado, que defendió narcotraficantes en el pasado, se relacionan con este último delito. A su vez, su amigo personal y socio, Juan José Salazar, le imputarán ese día el delito de soborno en actuación penal.
Alias Víctor dijo ante la Corte Suprema que recibió pagos del abogado por su testimonio a favor del líder de Centro Democrático. Cadena calificó lo declarado por Vélez de “dichos mendaces”.“Siempre he estado presto a acudir al llamado de la justicia, y he comparecido sin excusa alguna ante diferentes autoridades, a efectos de esclarecer la verdad. Situación que es y seguirá siendo de mi total interés. Cuente desde ya en lo que pueda servir para tal fin”, aseguró Cadena en la carta remitida hace unos días a la cabeza encargada del ente acusador, en la que también hace duros señalamientos en contra de alias Víctor.
El abogado dice que conoció a Vélez a través de una persona presa en la cárcel La Picota. Luego, el exparamilitar, dice Cadena, “de mala fe, indujo que fuera visitado en su centro de reclusión para suministrar información con destino al proceso que se tramita contra el Dr. Álvaro Uribe Vélez. En efecto, suscribió tres declaraciones escritas dando fe de hechos y circunstancias, que a la postre desvirtuó en diligencia de declaración ante la Corte Suprema de Justicia”.
Según la versión que ha dado Cadena, Vélez le dijo que su hijo estaba enfermo y que tenía otras dificultades personales, por lo que, “por razones humanitarias” le dio dinero para viáticos y recargas de minutos a un celular. El exparamilitar, mientras tanto, colaboró.
La genesis del proceso contra Uribe
En 2010, el representate a la Cámara, Iván Cepeda, organizó un cronograma de visitas en cárceles para promover el debate sobre la crisis carcelaria del país. Según su testimonio, en esa gestión como integrante de la comisión de derechos humanos, fue como dio con información de exparamilitares que involucraban a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez con este grupo criminal.
Con esa información decidió realizar un debate de control político que terminó en una denuncia penal, en la que señaló que dos detenidos aseguraron que, en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, había operado el Bloque Metro de las Autodefensas.
Cepeda hizo referencia también a la obra los 12 Apóstoles, escrita por la periodista Olga Behar, según la cual la hacienda La Carolina (en Yarumal) fue el sitio desde donde Santiago Uribe operó el grupo paramilitar. Santiago Uribe fue acusado y hoy su juicio se encuentra en la recta final.
Álvaro Uribe no era congresista y no estuvo en el debate. Pero ese mismo día acudió a la Corte Suprema de Justicia y denunció al congresista por abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada. Según Uribe, el senador Cepeda orquestó un cartel de falsos testigos ofreciéndoles beneficios jurídicos, económicos, medidas cautelares y ubicación fuera del país, a cambio de que lo sindicaran a él de cometer delitos en asocio con los paramilitares.
El 21 de junio de 2013, Uribe decidió ampliar su denuncia y manifestó que Cepeda había visitado 21 veces a Juan Guillermo Monsalve (testigo clave del proceso) y que esos encuentros nada tenían que ver con labores humanitarias.
La Corte Suprema de Justicia se tomó seis años para adoptar una decisión, lo cual hizo en febrero de 2018. Primero, concluyó que Iván Cepeda no abusó de sus funciones como congresista, ni influyó sobre los reclusos mediante sobornos, y que además actuó como vicepresidente de la comisión de derechos humanos y miembro de la comisión de paz.
El alto tribunal determinó que, al contrario, se debía investigar si acaso quien trató de manipular testigos no fue el propio Uribe. Ese fue el inicio del proceso penal por el que, por primera vez en la historia reciente del país, un expresidente fue llamado a rendir indagatoria, la cual se realizó el pasado 8 de octubre.