Álvaro Ashton, a juicio disciplinario por el cartel de la toga

Al exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo, su presunta participación en el cartel de la toga le podría costar una fuerte sanción disciplinaria. Por su posible participación en esa red de corrupción, este 21 de marzo, la Procuraduría formuló pliego de cargos (es decir, llamó a juicio disciplinario) al excongresista. A juicio de la entidad, Ashton habría incurrido en una “falta gravísima” al, supuestamente, haber entregado dinero a Luis Gustavo Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía, para que su expediente por parapolítica en la Corte Suprema se dilatara.

Tras las denuncias de medios de comunicación en 2017 sobre la posible participación de Ashton Giraldo en el cartel de la toga —como se ha denominado el esquema de sobornos que habrían recibido magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema y abogados particulares—, la Procuraduría inició indagaciones preliminares en septiembre de 2017. El exsenador, quien ocupó un escaño en el Congreso por cuatro períodos seguidos desde 2002, fue señalado de sobornar con $600 millones a los magistrados Gustavo Malo Fernández y José Leonidas Bustos Martínez con el propósito último de que archivaran la investigación en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Malo y Bustos han negado cualquier relación con estos hechos.

(En contexto: Álvaro Ashton fue llamado a juicio por parapolítica)

Durante la indagación preliminar, la Procuraduría pudo recoger pruebas que le llevaron a concluir que: “Al parecer, [Ashton Giraldo] ofreció a través de Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno, aproximadamente seiscientos millones de pesos con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por parapolítica y se emitiera decisión de archivo”. Entre dichas pruebas, que sustentan la hipótesis de la Procuraduría, están los interrogatorios a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, y a Luis Gustavo Moreno, así como las comunicaciones interceptadas al primero, a Leonardo Pinilla —socio de Moreno— y al mismo Ashton Giraldo.

La Procuraduría cita, por ejemplo, lo que Moreno contó en su interrogatorio ante la Fiscalía, y luego confirmó ante la Corte Suprema: que Francisco Ricaurte, otro exmagistrado de la Corte Suprema, lo presentó con Ashton. En su momento, el exfiscal anticorrupción dijo que Ricaurte le ordenó: “Cóbrele [A Ashton Giraldo] doscientos millones de pesos que es para un archivo, ya yo he hablado con él”. Moreno llega incluso a detallar cómo el exsenador le entregó el dinero: la primera mitad cerca de la casa de Ashton, en el barrio Rosales de Bogotá y la segunda en el parqueadero del hotel Portón, uno de los más exclusivos de la ciudad. 

A ese acuerdo habrían llegado Ashton y Ricaurte entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, según las interceptaciones a sus comunicaciones que describió la Procuraduría. Durante ese período, Ricaurte era magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y las visitas del senador barranquillero a su despacho —por lo menos cinco— quedaron registradas en el sistema de ingreso de visitantes del Palacio de Justicia, como informó este diario.

La hipótesis de la Procuraduría coincide también con lo dicho por el exmagistrado auxiliar, José Reyes Casas Rodríguez, quien llevaba el caso en contra de Ashton Giraldo. Como hizo público la revista Semana el año pasado, el Reyes le contó a una fiscal enviada hasta Guatemala, donde reside, que: "en ese caso aparece el doctor Ashton visitando asiduamente al Consejo Superior. Ashton se reunía y buscaba asiduamente a Francisco Ricaurte. A mí eso me huele mal (...) Sabía que Francisco Ricaurte era íntimo amigo de Gustavo Malo y yo llevaba la investigación contra Álvaro Ashton y el doctor Malo me preguntaba, así como desacostumbradamente, sobre el caso de Álvaro Ashton”.

(Lea también: Los chats íntimos del exsenador Álvaro Ashton)

La investigación en su contra por parapolítica, que Ashton habría intentado dilatar, se abrió formalmente en 2017, recién estalló el escándalo del cartel de la toga, con base en testimonios vinculando al cacique electoral con el Bloque Norte de las autodefensas. Esas versiones sostenían que el exsenador participó del “Plan Caribe”, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso. En agosto de 2018 el exsenador mostró interés en comparecer ante la JEP y, como informó este diario a comienzos del presente año, la Jurisdicción le negó la solicitud de libertad mientras decide si aceptaba su sometimiento o no.

El ente disciplinario señaló que, por tratarse de un delito que el excongresita habría cometido para mantener su condición de senador por un período más (2014-2018), procedía la investigación disciplinaria, materia en la que la Procuraduría es la máxima autoridad. Ashton, quien llegó en 2002 al Senado con la votación más alta de su departamento, 73.542 votos, ha sido vinculado a las investigaciones que la Corte Suprema adelanta sobre las coimas repartidas por Odebrecht y el saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes, además de la indagación preliminar que se abrió en su contra en noviembre de 2017, con base en indicios de que él habría tenido encuentros sexuales con mujeres menores de edad. Frente a todos estos señalamientos, Ashton se ha declarado inocente.

(Le puede interesar: Álvaro Ashton seguirá detenido por orden de la JEP)

Al exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo, su presunta participación en el cartel de la toga le podría costar una fuerte sanción disciplinaria. Por su posible participación en esa red de corrupción, este 21 de marzo, la Procuraduría formuló pliego de cargos (es decir, llamó a juicio disciplinario) al excongresista. A juicio de la entidad, Ashton habría incurrido en una “falta gravísima” al, supuestamente, haber entregado dinero a Luis Gustavo Moreno, exjefe anticorrupción de la Fiscalía, para que su expediente por parapolítica en la Corte Suprema se dilatara.

Tras las denuncias de medios de comunicación en 2017 sobre la posible participación de Ashton Giraldo en el cartel de la toga —como se ha denominado el esquema de sobornos que habrían recibido magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema y abogados particulares—, la Procuraduría inició indagaciones preliminares en septiembre de 2017. El exsenador, quien ocupó un escaño en el Congreso por cuatro períodos seguidos desde 2002, fue señalado de sobornar con $600 millones a los magistrados Gustavo Malo Fernández y José Leonidas Bustos Martínez con el propósito último de que archivaran la investigación en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Malo y Bustos han negado cualquier relación con estos hechos.

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Durante la indagación preliminar, la Procuraduría pudo recoger pruebas que le llevaron a concluir que: “Al parecer, [Ashton Giraldo] ofreció a través de Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dio por intermedio de Luis Gustavo Moreno, aproximadamente seiscientos millones de pesos con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por parapolítica y se emitiera decisión de archivo”. Entre dichas pruebas, que sustentan la hipótesis de la Procuraduría, están los interrogatorios a Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, y a Luis Gustavo Moreno, así como las comunicaciones interceptadas al primero, a Leonardo Pinilla —socio de Moreno— y al mismo Ashton Giraldo.

La Procuraduría cita, por ejemplo, lo que Moreno contó en su interrogatorio ante la Fiscalía, y luego confirmó ante la Corte Suprema: que Francisco Ricaurte, otro exmagistrado de la Corte Suprema, lo presentó con Ashton. En su momento, el exfiscal anticorrupción dijo que Ricaurte le ordenó: “Cóbrele [A Ashton Giraldo] doscientos millones de pesos que es para un archivo, ya yo he hablado con él”. Moreno llega incluso a detallar cómo el exsenador le entregó el dinero: la primera mitad cerca de la casa de Ashton, en el barrio Rosales de Bogotá y la segunda en el parqueadero del hotel Portón, uno de los más exclusivos de la ciudad. 

A ese acuerdo habrían llegado Ashton y Ricaurte entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, según las interceptaciones a sus comunicaciones que describió la Procuraduría. Durante ese período, Ricaurte era magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y las visitas del senador barranquillero a su despacho —por lo menos cinco— quedaron registradas en el sistema de ingreso de visitantes del Palacio de Justicia, como informó este diario.

La hipótesis de la Procuraduría coincide también con lo dicho por el exmagistrado auxiliar, José Reyes Casas Rodríguez, quien llevaba el caso en contra de Ashton Giraldo. Como hizo público la revista Semana el año pasado, el Reyes le contó a una fiscal enviada hasta Guatemala, donde reside, que: "en ese caso aparece el doctor Ashton visitando asiduamente al Consejo Superior. Ashton se reunía y buscaba asiduamente a Francisco Ricaurte. A mí eso me huele mal (...) Sabía que Francisco Ricaurte era íntimo amigo de Gustavo Malo y yo llevaba la investigación contra Álvaro Ashton y el doctor Malo me preguntaba, así como desacostumbradamente, sobre el caso de Álvaro Ashton”.

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La investigación en su contra por parapolítica, que Ashton habría intentado dilatar, se abrió formalmente en 2017, recién estalló el escándalo del cartel de la toga, con base en testimonios vinculando al cacique electoral con el Bloque Norte de las autodefensas. Esas versiones sostenían que el exsenador participó del “Plan Caribe”, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso. En agosto de 2018 el exsenador mostró interés en comparecer ante la JEP y, como informó este diario a comienzos del presente año, la Jurisdicción le negó la solicitud de libertad mientras decide si aceptaba su sometimiento o no.

El ente disciplinario señaló que, por tratarse de un delito que el excongresita habría cometido para mantener su condición de senador por un período más (2014-2018), procedía la investigación disciplinaria, materia en la que la Procuraduría es la máxima autoridad. Ashton, quien llegó en 2002 al Senado con la votación más alta de su departamento, 73.542 votos, ha sido vinculado a las investigaciones que la Corte Suprema adelanta sobre las coimas repartidas por Odebrecht y el saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes, además de la indagación preliminar que se abrió en su contra en noviembre de 2017, con base en indicios de que él habría tenido encuentros sexuales con mujeres menores de edad. Frente a todos estos señalamientos, Ashton se ha declarado inocente.

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