Así es el decreto con el que Gobierno busca retomar la aspersión aérea con glifosato

El Ministerio de Justicia publicó este lunes en su página web el proyecto de decreto para darle fuerza a la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas en el país estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola que había sido suspendida por la Corte Constitucional en 2017. 

(En contexto: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)

Según el Ministerio, "mediante la reglamentación de la actividad de erradicación a través del método de aspersión aérea que propone este Proyecto de Decreto se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, que establecen la obligatoriedad al Gobierno Nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad". Es decir, la norma busca solucionar esa tensión entre los riesgos que supone para la salud pública el uso del químico y la necesidad que el gobierno ve en utilizarlo para combatir el narcotráfico.

En concreto, la norma dispone: que la fumigación queda a cargo, exclusivamente, de la Policía Nacional; que se creará un mecanismo independiente de seguimiento a los riesgos del uso del químico en cabeza del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); que existirá una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación. 

(Lea también: El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)

Asimismo, que se realizarán estudios sobre los efectos del herbicida en las poblaciones expuestas y que estos serán previos, durante y posteriores a la fumigación; que habrá un procedimiento independiente para que los ciudadanos presenten quejas sobre las diversas afectaciones que puedan generarse; y, en general, que el proceso de fumigación contará con mayor participación ciudadana y un fácil acceso a la información. 

El tema de utilizar glifosato para fumigar cultivos escaló a la Corte Constitucional en 2017, cuando en una acción de tutela habitantes de Nóvita (Chocó) denunciaron afectaciones en su salud a raíz del contacto con el herbicida. El recurso fue seleccionado para revisión en el alto tribunal. Tras su estudio, la Corte frenó la aspersión a nivel nacional y anunció que le ponía una serie de condiciones al gobierno si querían retomarla.

(Le puede interesar: ¿En qué va el punto sobre drogas ilícitas del Acuerdo de Paz?)

La aspersión de cultivos de coca —principalmente, aunque también de amapola— ha sido una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque, que la defiende como una forma de hacerle frente al exponencial aumento de estos cutlivos en los últimos años, lo que han aprovechado grupos armados ilegales para su financiación. De hecho, el pasado 18 de junio, desde Londres, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero anunció que retomarían la fumigación aérea en “cuestión de semanas”.

Luego, en julio de este año, la Corte dejó en firme la suspensión de asperjar desde el aire cultivos declarados ilícitos con glifosato. Sin embargo, despejó las dudas sobre responsabilidades: es el Consejo Nacional de Estupefacientes el llamado a vigilar que se cumplan los requisitos para retomar la fumigación con el herbicida. Sin embargo, la Corte señaló que aclarar los efectos del químico sobre la salud "no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto". 

Este es el proyecto de decreto: 

El Ministerio de Justicia publicó este lunes en su página web el proyecto de decreto para darle fuerza a la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Se trata de un trámite necesario para este tipo de normas y, durante 30 días, esta cartera encargada de la política de drogas en el país estará recibiendo comentarios de ciudadanos interesados en el tema a través de su portal. Una vez este proceso se surta, el decreto entrará en rigor, será estudiado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y, solo después de eso, podrá retomarse esta técnica de erradicación de coca, marihuana y amapola que había sido suspendida por la Corte Constitucional en 2017. 

(En contexto: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)

Según el Ministerio, "mediante la reglamentación de la actividad de erradicación a través del método de aspersión aérea que propone este Proyecto de Decreto se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, que establecen la obligatoriedad al Gobierno Nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad". Es decir, la norma busca solucionar esa tensión entre los riesgos que supone para la salud pública el uso del químico y la necesidad que el gobierno ve en utilizarlo para combatir el narcotráfico.

En concreto, la norma dispone: que la fumigación queda a cargo, exclusivamente, de la Policía Nacional; que se creará un mecanismo independiente de seguimiento a los riesgos del uso del químico en cabeza del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA); que existirá una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación. 

(Lea también: El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)

Asimismo, que se realizarán estudios sobre los efectos del herbicida en las poblaciones expuestas y que estos serán previos, durante y posteriores a la fumigación; que habrá un procedimiento independiente para que los ciudadanos presenten quejas sobre las diversas afectaciones que puedan generarse; y, en general, que el proceso de fumigación contará con mayor participación ciudadana y un fácil acceso a la información. 

El tema de utilizar glifosato para fumigar cultivos escaló a la Corte Constitucional en 2017, cuando en una acción de tutela habitantes de Nóvita (Chocó) denunciaron afectaciones en su salud a raíz del contacto con el herbicida. El recurso fue seleccionado para revisión en el alto tribunal. Tras su estudio, la Corte frenó la aspersión a nivel nacional y anunció que le ponía una serie de condiciones al gobierno si querían retomarla.

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La aspersión de cultivos de coca —principalmente, aunque también de amapola— ha sido una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque, que la defiende como una forma de hacerle frente al exponencial aumento de estos cutlivos en los últimos años, lo que han aprovechado grupos armados ilegales para su financiación. De hecho, el pasado 18 de junio, desde Londres, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero anunció que retomarían la fumigación aérea en “cuestión de semanas”.

Luego, en julio de este año, la Corte dejó en firme la suspensión de asperjar desde el aire cultivos declarados ilícitos con glifosato. Sin embargo, despejó las dudas sobre responsabilidades: es el Consejo Nacional de Estupefacientes el llamado a vigilar que se cumplan los requisitos para retomar la fumigación con el herbicida. Sin embargo, la Corte señaló que aclarar los efectos del químico sobre la salud "no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto". 

Este es el proyecto de decreto: