Autoridades a frenar tala de árboles y contaminación en La Cocha: Consejo de Estado

La tala indiscriminada de árboles. La extracción ilegal de carbón y pesca con chinchorros en horas de la madrugada. Acumulación de aguas residuales y la utilización del lugar como basurero público. Estas son algunas de las malas prácticas que a diario se ven en La Cocha, una  laguna ubicada a 20 minutos del casco urbano de Pasto (Nariño) en el corregimiento de El Encanto, uno de los principales atractivos turísticos del departamento. Su crítica situación llegó a oídos de los magistrados del Consejo de Estado que en una reciente decisión ordenó la protección inmediata  para la laguna. 

(Le puede interesar: U. Nacional: piscicultura contamina laguna de La Cocha)

La decisión se tomó luego de estudiar, en segunda instancia, una acción popular que interpuso Emilio Orlando Gámez Caicedo en contra del municipio de Pasto, la Corporación Autónoma de Nariño,  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Policía Metropolitana. Para él, la justicia debía proteger los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la seguridad y salubridad públicas que estaban siendo violados por la falta de control y protección de la laguna. Aseguró además que las autoridades nada habían hecho para proteger el recurso hídrico.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño le dio la razón y le ordenó a las entidades demandadas proteger de inmediato a la laguna, la segunda más grande de todo el país, además de construir una red de alcantarillado. Sin embargo, el municipio de Pasto apeló la decisión pues consideró que sí estaba haciendo lo posible por proteger la zona. El tema llegó al Consejo de Estado que ratificó las órdenes impartidas para que las autoridades “regionales mitiguen el impacto ambiental del vertimiento de aguas residuales en la laguna y tomen medidas que prevengan el daño”.

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Aunque revocó la orden del Tribunal de Nariño sobre la construcción de una red de alcantarillado, pues consideró que no era una decisión adecuada para este tipo de territorios, el alto tribunal le ordenó a Corponariño fortalecer el proyecto de implementación de tecnologías contra la deforestación y dispuso incrementar las labores de inspección, control y vigilancia por parte de las entidades competentes en la zona.

“El fallo tiene un componente pedagógico que involucra al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica, al Ministerio de Ambiente y a Corponariño en la realización de campañas que visibilicen el valor ambiental del lugar, las medidas que deben adoptarse para conservar el bosque y frenar la pesca indiscriminada de trucha y las sanciones administrativas y penales en las que puede incurrir quien desconozca ciertas normas de protección al medio ambiente”, explicó el alto tribunal.

El problema en La Cocha, o en el Lago Guamuez como también se le conoce a este territorio, ya lo han alertado estudiosos del tema. Por ejemplo, la Universidad Nacional, en mayo de este año, alertó sobre la contaminación que enfrenta la zona por la piscicultura. Elizabeth Burbano Gallardo, candidata a magíster en Ingeniería Ambiental en esta institución, dedicó su tesis a estudiar los impactos ambientales de la cría de trucha. 

De acuerdo a sus mediciones,  los valores promedio de contenido de amonio, nitrito y nitrato reportados en una zona de producción intensiva de trucha arcoíris fueron casi 50 % más altos que los hallados en un punto donde no se realiza actividad piscícola. A su vez, el contenido de fósforo total fue tres veces más alto en la zona de producción intensiva que en el punto sin jaulas flotantes. 

En la Laguna de la Cocha cada año se producen 2.500 toneladas de trucha arcoíris, mediante sistemas de producción en jaulas flotantes en los que operan alrededor de 90 productores o empresas de diferente envergadura. Esta parte del territorio nariñence fue declarada hace varios años como humedal Ramsar, una convención utilizada a nivel mundial para denominar fuentes hídricas que requieren conservación y uso racional.

La tala indiscriminada de árboles. La extracción ilegal de carbón y pesca con chinchorros en horas de la madrugada. Acumulación de aguas residuales y la utilización del lugar como basurero público. Estas son algunas de las malas prácticas que a diario se ven en La Cocha, una  laguna ubicada a 20 minutos del casco urbano de Pasto (Nariño) en el corregimiento de El Encanto, uno de los principales atractivos turísticos del departamento. Su crítica situación llegó a oídos de los magistrados del Consejo de Estado que en una reciente decisión ordenó la protección inmediata  para la laguna. 

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La decisión se tomó luego de estudiar, en segunda instancia, una acción popular que interpuso Emilio Orlando Gámez Caicedo en contra del municipio de Pasto, la Corporación Autónoma de Nariño,  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Policía Metropolitana. Para él, la justicia debía proteger los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la seguridad y salubridad públicas que estaban siendo violados por la falta de control y protección de la laguna. Aseguró además que las autoridades nada habían hecho para proteger el recurso hídrico.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Nariño le dio la razón y le ordenó a las entidades demandadas proteger de inmediato a la laguna, la segunda más grande de todo el país, además de construir una red de alcantarillado. Sin embargo, el municipio de Pasto apeló la decisión pues consideró que sí estaba haciendo lo posible por proteger la zona. El tema llegó al Consejo de Estado que ratificó las órdenes impartidas para que las autoridades “regionales mitiguen el impacto ambiental del vertimiento de aguas residuales en la laguna y tomen medidas que prevengan el daño”.

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Aunque revocó la orden del Tribunal de Nariño sobre la construcción de una red de alcantarillado, pues consideró que no era una decisión adecuada para este tipo de territorios, el alto tribunal le ordenó a Corponariño fortalecer el proyecto de implementación de tecnologías contra la deforestación y dispuso incrementar las labores de inspección, control y vigilancia por parte de las entidades competentes en la zona.

“El fallo tiene un componente pedagógico que involucra al Grupo de Policía Ambiental y Ecológica, al Ministerio de Ambiente y a Corponariño en la realización de campañas que visibilicen el valor ambiental del lugar, las medidas que deben adoptarse para conservar el bosque y frenar la pesca indiscriminada de trucha y las sanciones administrativas y penales en las que puede incurrir quien desconozca ciertas normas de protección al medio ambiente”, explicó el alto tribunal.

El problema en La Cocha, o en el Lago Guamuez como también se le conoce a este territorio, ya lo han alertado estudiosos del tema. Por ejemplo, la Universidad Nacional, en mayo de este año, alertó sobre la contaminación que enfrenta la zona por la piscicultura. Elizabeth Burbano Gallardo, candidata a magíster en Ingeniería Ambiental en esta institución, dedicó su tesis a estudiar los impactos ambientales de la cría de trucha. 

De acuerdo a sus mediciones,  los valores promedio de contenido de amonio, nitrito y nitrato reportados en una zona de producción intensiva de trucha arcoíris fueron casi 50 % más altos que los hallados en un punto donde no se realiza actividad piscícola. A su vez, el contenido de fósforo total fue tres veces más alto en la zona de producción intensiva que en el punto sin jaulas flotantes. 

En la Laguna de la Cocha cada año se producen 2.500 toneladas de trucha arcoíris, mediante sistemas de producción en jaulas flotantes en los que operan alrededor de 90 productores o empresas de diferente envergadura. Esta parte del territorio nariñence fue declarada hace varios años como humedal Ramsar, una convención utilizada a nivel mundial para denominar fuentes hídricas que requieren conservación y uso racional.