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La implementación de la doble instancia para aforados sigue su curso para escoger los nueve magistrados: seis harán parte de la Sala de Instrucción y tres conformarán la Sala Especial de Primera Instancia. Este jueves, como quedó establecido en las reglas de juego para escoger a los funcionarios, la Sala Plena de la Corte Suprema escuchó en audiencia pública a las 90 personas que fueron preseleccionadas. (Le sugerimos: Justicia: los retos que se vienen para el próximo presidente)
La Sala Instrucción se encargará de investigar y acusar ante la Sala de Primera Instancia, que emitirá sentencia de ser de caso. Y la actual Sala Penal, que está conformada por nueve magistrados, pasará a ser la segunda instancia para los aforados constitucionales. Para la Sala Especial se hicieron tres listas de 10 personas y para la Sala de Instrucción se hicieron seis listas con 60 nombres.
En la Sala Especial se destacan nombres como Iván González Amado, seleccionado como uno de los 18 magistrados de las Salas de la Jurisdicción Especial para la Paz; Myriam Ávila Roldán y Jorge Emilio Caldas, procuradores delegados ante la Corte Suprema, así como Uldi Teresa Jiménez, magistrada suplente para el Tribunal de Paz. Eduardo Roso Castellanos, magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, y Ramiro Alonso Marín, fiscal en el periodo del fiscal Mario Iguarán, también figuran en la lista.
En la Sala de Instrucción se destacan Iván Andrés Cortés, magistrado auxiliar de la Corte Suprema Jaime Gutiérrez Millán, exprocurador; la exfiscal de Justicia y Paz, Deicy Jaramillo Rivera; Herman Rincón, jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuarduría, Cuéllar, entre otros togados. En esta lista también se encuentran Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá; Francisco Javier Molina, exprocurador delegado; el abogado Carlos Mario Isaza, entre otros. (Le podría interesar: Estos son algunos de los 739 juristas que aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema)
Mientras avanza este proceso, la Sala Penal continúa con sus competencias de investigar, juzgar y dictar sentencia hasta que sean nombrados y se posesionen los nueves magistrados. La doble instancia quedó establecida en el Acto Legislativo 01 de 2018. Durante años, integrantes del Congreso han exigido la segunda instancia, reclamando que si los colombianos del común tienen derecho a que sus fallos sean revisados por una segunda instancia, ellos también.