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1. Recuperación de la confianza institucional
Después de que estallara el escándalo del cartel de la toga, en el cual la Fiscalía habló de una “organización criminal” conformada por magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema, junto con litigantes, para pedir dinero a cambio de influir en investigaciones, la reputación de toda la Rama Judicial se vino al suelo. En un solo saco entraron todos los temores de la gente del común: “la justicia es para los de ruana”, “todos los jueces son corruptos”, “en Colombia sólo el pobre va a la cárcel”. Nunca antes estuvo tan cuestionada la legitimidad de los organismos judiciales.
Los magistrados de la Corte Suprema se pusieron al frente del escándalo, al punto de pedirle a la Comisión de Acusación que investigara a uno de los suyos, el magistrado Gustavo Malo. Se necesita, sin embargo, mucho más que eso. “Se deben tomar medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Por ejemplo, fortalecer la carrera judicial para que quienes lleguen a organismos como la Fiscalía sean personas idóneas. O tomar medidas en pro de la celeridad, que el ciudadano vea que en tiempos razonables se resuelve su caso”, señala Carlos Andrés Gómez, decano de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
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Los candidatos presidenciales son conscientes de esta urgencia. Humberto de la Calle sugiere “erradicar las prácticas que deshonran la independencia y rectitud de jueces y magistrados”. Gustavo Petro invita a la “despolitización y meritocracia” en las altas cortes. Sergio Fajardo propone reemplazar la Comisión de Investigación y Acusación para que así haya “justicia para los poderosos”. Germán Vargas Lleras habla de “recuperar la dignidad de la magistratura y del ejercicio de la abogacía”. E Iván Duque, aunque dice que se debe acabar la “justicia espectáculo”, no mostró propuestas concretas para conjurar esta crisis institucional.
2. La reforma a la justicia
Luego del escándalo de corrupción del cartel de la toga, en el que abogados se habrían aliado con exmagistrados y magistrados para direccionar procesos judiciales a cambio de coimas, las altas cortes, el procurador, el fiscal y el presidente Juan Manuel Santos llegaron a un pacto de Estado en la ciudad de Pasto en septiembre de 2017 para impulsar una sola reforma a la justicia. La idea, que no se ha materializado, era fijar unos puntos indispensables que deben cambiarse, por ejemplo, quitarles las facultades electorales y revisar los requisitos y los procedimientos para elegir a los nuevos magistrados de las cortes, crear requisitos más exigentes para ingresar a la Rama Judicial y revisar el sistema de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.
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La propuesta se suma a reformas internas que han hecho las cortes a sus reglamentos, a la creación de la doble instancia en la Corte Suprema y otras ideas que no llegaron a ser realidad, como aquella que creaba un tribunal de aforados, y que modificaba el gobierno de la Rama Judicial. Para el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, la reforma debe incluir un refuerzo del personal de investigación y de policía judicial que permita reducir los tiempos de los casos, y cambiar muchos procedimientos. “La justicia penal está colapsada por el exceso de diligencias”. Incluso, para el expresidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez, hay una falla en la cúpula judicial que “se expresa en la paquidermia para producir decisiones y la corrupción tan rampante”.
Todos los candidatos proponen una reforma a la justicia y coinciden en puntos como eliminar la puerta giratoria entre cortes o cambiar el gobierno judicial. La propuesta que más polémica ha generado la hace Iván Duque, quien ha contemplado fundar una única supercorte y acabar con la reducción de penas o la casa por cárcel. Germán Vargas Lleras propone simplificar el proceso penal y modificar la acción de tutela. Gustavo Petro propone eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Humberto de la Calle enfatiza en la autonomía judicial y la eliminación de beneficios penales por corrupción. Entre tanto, Sergio Fajardo propone facilitar la denuncia y crear una comisión de aforados.
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3. JEP
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz apenas se están acomodando en sus puestos; la mayoría de las posesiones fueron en enero de este año. No obstante, desde que la JEP tomó su primera gran decisión, la de revisar la solicitud de extradición de Jesús Santrich para determinar si es por delitos previos o posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, la polémica no ha cesado. El debate está tan subido de tono que el fiscal, Néstor Humberto Martínez, ha calificado la determinación de la JEP como una amenaza para la democracia, posición que algunos han considerado exagerada.
Más allá de quién tiene razón, la discusión por el caso Santrich ha dejado claro que se viene mucha tela por cortar con respecto a la JEP y que el próximo presidente no podrá ser indiferente a su funcionamiento. “El próximo gobierno tendrá la enorme responsabilidad de garantizar la autonomía de la justicia, incluyendo la Justicia Especial para la Paz, y garantizar que ésta se oriente por el camino correcto de servir como una verdadera justicia transicional”, dice en su programa Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno Nacional en los diálogos de paz de La Habana.
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Gustavo Petro —él mismo beneficiario de un proceso de amnistía para el M-19— asegura que “las víctimas y la sociedad colombiana conocerán la verdad y tendrán la garantía de que se aplicará justicia efectiva y pronta contra los victimarios”, pero no menciona a la JEP en particular. La única mención de Iván Duque que parece estar relacionada con el tema es que prohibirá el narcotráfico como delito político conexo. En su plan programático, Sergio Fajardo no se refiere a este asunto en lo absoluto. Y Vargas Lleras, por su parte, sugiere “aplicar sanciones alternativas del Acuerdo de Paz a delitos de menor impacto”.
4. Crisis carcelaria
Actualmente, en el país hay 117.149 personas en las cárceles, cuando la capacidad apenas es para 79.172 personas. Esto implica un hacinamiento del 47,97 %, de acuerdo con datos del Inpec. De estas personas, 80.489 están condenadas y más de 35.000 están sindicadas de haber cometido un delito, es decir, están siendo investigadas, pero privadas de la libertad sin condena en su contra. Y si se tiene en cuenta que las condiciones de las cárceles son lamentables, la situación en los penales es básicamente —y así lo ha confirmado la Corte Constitucional— una crisis humanitaria.
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Sobre la necesidad de hacer algo al respecto no hay duda, pues las 135 cárceles que hay en el país no dan abasto para enfrentar esta problemática. Todos los candidatos presidenciales proponen ampliar los cupos carcelarios. Además, Humberto de Calle habla de “purificar” el Inpec, mientras que Vargas Lleras habla de “eliminarlo”. Duque sugiere sanciones más duras y resocializar presos. Fajardo propone educación para evitar que los ciudadanos terminen delinquiendo y castigos diferentes a la detención. Petro habla de “transformar las cárceles en centros de rehabilitación”.