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Los nueve miembros de la Comisión Asesora en Política Criminal esperan reunirse la próxima semana, tal vez lunes o martes, para discutir el tema que los puso en el eje de la más reciente controversia política: el concepto que entregaron al Gobierno en mayo de este año sobre la inconveniencia de aplicar en Colombia la cadena perpetua. Controversia que ya generó la renuncia de quien era el décimo integrante de la Comisión y su presidente, Ricardo Posada Maya, director del área de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. Posada no quiso ahondar la herida y se rehusó a hablar con medios, pero su molestia con lo que viene pasando, para quienes conocen su trabajo, es evidente.
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Hasta ahora el Ministerio de Justicia se ha negado a divulgar las “Consideraciones sobre la implementación de la pena de prisión perpetua en Colombia”, un documento de 20 páginas que entregó este grupo de expertos –todos elegidos por este Gobierno o el anterior, todos ad honórem–. Para Posada Maya es inexplicable. “La tarea de estudiar desde un punto de vista científico los principales problemas jurídico-penales, procesales y criminológicos del país es crucial, y dichos estudios deben ser divulgados con prontitud y transparencia para el beneficio de toda la comunidad, con independencia de que sean o no acogidos”, reclamó en su carta de renuncia, dirigida a la ministra Margarita Cabello.
Implementar la cadena perpetua en Colombia es un debate atravesado por meridianos políticos, jurídicos y de derechos humanos y que, en los últimos años, se ha exacerbado cada vez que se conoce de un crimen atroz en contra de un menor de edad. El presidente Iván Duque, por ejemplo, puso el tema sobre la mesa justo cuando en Fundación (Magdalena) fue asesinada Génesis Rúa, una niña de 9 años, y su cuerpo, incinerado. Ocurrió en octubre del año pasado. “Estos casos nos estremecen a los colombianos, nos duelen”, dijo entonces el primer mandatario. “Estoy a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores”.
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Lo mismo dijo el pasado jueves, tras conocerse del crimen de Sharik Buitrago, una pequeña de 10 años que fue violada y asesinada en El Retorno (Guaviare), y cuyo cuerpo fue hallado en una caneca de basura, mientras quien fue detenido como su presunto agresor tiene abiertos dos procesos por acceso carnal violento. “El paso debe ser claro: la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”, dijo Duque, quien señaló que no descartaba “hacer un llamado a la sociedad colombiana para que se pronuncie”. “Lástima que no haya prisión perpetua, lástima que no haya pena de muerte, porque es que estos criminales no merecen sino eso”, complementó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Integrantes de la Comisión Asesora en Política Criminal le contaron a este diario que el concepto en cuestión, que ha levantado tanta polvareda, se los pidió la anterior ministra de Justicia, Gloria Borrero, en febrero de este año. Fue la primera vez que la entonces funcionaria recurrió a este grupo de expertos, el cual, después de pedirle información al Ministerio y de reunirse por lo menos en tres ocasiones para elaborar el documento, le dijo al Gobierno de manera unánime que la aplicación de la pena perpetua “es inútil (…) supone invertir los escasos recursos del Estado en los victimarios, en vez de reparar a las víctimas o prevenir el crimen mediante políticas públicas eficaces”.
El plan de la exministra Borrero, dicen las personas consultadas, era conocer la posición de la Comisión para darle argumentos al presidente Duque, quien desde que estaba en campaña ha mostrado interés en implementar esta propuesta. “Ella fue muy transparente con nosotros. Nos dijo que no había garantía de que el presidente nos hiciera caso, pero quería que él nos oyera, que nos reuniéramos todos”, dice una de las fuentes. “El punto es proteger a las niñas y niños, y la cadena perpetua no logra eso. Si no resuelve el problema, entonces no es aconsejable”, agregó otro de los consultados. Los comisionados no quieren hablar abiertamente mientras el concepto no sea público.
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En su documento, la Comisión señaló algo que el gobierno Santos también escuchó, no una sino varias veces, pues durante sus dos mandatos (2010-2018) hubo seis iniciativas en el Congreso para establecer la cadena perpetua en crímenes contra menores de 14 años, aunque todas resultaron archivadas. “Desde que se creó la Comisión (en 2011) le han venido preguntando sobre este tema y la Comisión ha dicho siempre lo mismo: no a la cadena perpetua”, le dijo a este diario un antiguo miembro de este grupo de expertos, que prefirió omitir su nombre debido al cargo que ocupa ahora. “La cadena perpetua le da al Estado una excusa perversa: decir que ya lo intentó todo y que no hay más que hacer”.
Desde hace ocho años, la Comisión viene dando los mismos argumentos para explicar por qué la cadena perpetua es “innecesaria” y “desproporcionada”. Uno de ellos, tal vez de los más importantes, es que no hay pruebas de que esta pena reduzca la ejecución de crímenes como homicidios y abusos contra niños y niñas. “No se ha demostrado empíricamente la relación que existe entre la aplicación de la prisión perpetua, la prevención del delito y la reducción de la reincidencia de delitos graves en contra de menores de edad”, dice el último concepto, en el que se agrega que querer imponerla solo a crímenes contra menores obedece a “criterios de selectividad política coyuntural”.
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En otras palabras: oportunismo político
La Comisión le indicó al gobierno Duque varios argumentos que ya se han esgrimido antes: que no se trata de una medida idónea para proteger a niñas y niños, pues se centra en castigar a los infractores y no en prevenir nuevos abusos. Que el aumento de penas, está demostrado, no disminuye la comisión de delitos. Que es una pena cruel. Que deja al sistema penal “herido de muerte por sus temibles incoherencias”. Que elimina todo tipo de mensaje preventivo. Que atenta contra la dignidad de los condenados. Que se trata de un castigo que busca la venganza, no la reincorporación a la sociedad de quienes le han fallado. Que es populismo punitivo.Antiguos integrantes de la Comisión resaltan que, en esta ocasión, se agregó un argumento nuevo y bastante relevante: el costo fiscal que tendría para el país sostener a un preso de por vida. Datos del Ministerio de Justicia revelaron que un recluso le cuesta al Estado más de $18 millones por año. En este momento hay 1.568 condenados por delitos sexuales, mantener esa cifra con sentencias de cadena perpetua implicaría un gasto de más de $29.000 millones al año. Sin contar con que tendrían que construirse más cárceles –aunque la nueva ministra de Justicia dijo hace poco que ello era poco probable– y, encima, cárceles especiales solo para sentenciados de por vida.
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En este momento en el Congreso cursa un proyecto de acto legislativo que busca imponer la cadena perpetua, “de manera excepcional”, aclara el documento, para personas que violen o asesinen a niños. Lo radicó la representante Martha Villalba, la misma que, en marzo de este año, radicó uno similar “en memoria de Gilma Jiménez”, quien pasó del Concejo de Bogotá al Congreso con la bandera de la cadena perpetua para los agresores de menores. Exmagistrados de la Corte Constitucional como Mauricio González Cuervo han señalado que instaurar esta pena en Colombia no afectaría la esencia de la Constitución y que los tratados internacionales no lo prohíben.
Académicos de la Comisión difieren de esa postura. “Lo único que faltaba es la aserción según la cual la introducción de la cadena perpetua es conforme con los pactos mundiales de derechos humanos (…) ¡Ni más faltaba!”, señaló Fernando Velásquez, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, en un concepto que envió para otra propuesta de reformar a la Constitución en esta materia, que se radicó en 2018 –y también se hundió–. “Me preocupa muchísimo hacia dónde están guiando el tema desde lo político”, dijo un exintegrante de la Comisión. Y agregó: “Desde que comenzó esta discusión, ha servido más para la búsqueda de votos que para la solución del problema”.