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El fiscal especializado contra organizaciones criminales, Fabio Augusto Martínez Lugo, es señalado de interceptar ilegalmente las comunicaciones de directivos del sindicato Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y del presidente para Latinoamérica de la empresa de energía Enel-Codensa. La vicefiscal general, María Paulina Riveros, aseguró que la Fiscalía imputará cargos a Martínez Lugo mañana ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Riveros añadió que el funcionario estaría interceptando las comunicaciones bajo órdenes de otros. Sin embargo, no reveló detalles de quiénes estarían detrás de estos. La vicefiscal rechazó el hecho y aseguró que Martínez Lugo constituyó una “modalidad ilícita de espionaje corporativo totalmente inaceptable”.
El ente investigador aseguró que “el funcionario judicial justificó (ante jueces) las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos e indujo al error a los jueces que avalaron esos procedimientos”. Por esos hechos, le imputarán los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones.
>>El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales
La Fiscalía obtuvo la información en el curso de la investigación en contra del coronel en retiro, Jorge Humberto Salinas, vinculado a una presunta red de interceptaciones que se destapó el año pasado y que salpica al también general en retiro, Humberto Guatibonza. La organización criminal obtenía ilegalmente información reservada de empresas, políticos, integrantes de la fuerza pública, funcionarios judiciales y particulares, para luego venderla a terceros.
Riveros dijo que en el mismo caso ya había sido detenido el exjefe de la sala diamante, desde donde se interceptan las comunicaciones en la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora, quien fue capturado el pasado 16 de diciembre. El funcionario habría estado involucrado en la filtración de las chuzadas hechas al sindicato de Avianca.
<<La hacker involucró a nuevas personas en el caso de las chuzadas en la Fiscalía
Según la segunda al mando del ente investigador, en la entidad están manejando la hipótesis de que Gómez Góngora lograba pasar como legales las interceptaciones que hacía su despacho a través de órdenes expedidas por funcionarios como Martínez Lugo. Gómez Góngora, técnico investigador del CTI, aceptó hoy los cargos que le imputó el ente investigador: falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Sobre las posibles motivaciones de estos hechos, Riveros no se pronunció. Sin embargo, como informó este diario, tras la captura de Laude José Fernández, exdirector de inteligencia del DAS, pieza clave para descubrir todo el entramado de las interceptaciones ilegales a miembros del sindicato de aviadores (Acdac), se supo que estas fueron ordenadas con el propósito de indagar cuáles eran sus movidas legales durante la huelga de pilotos. Por el momento no se sabe quién habría dado la orden de las chuzadas y la vicefiscal aseguró que ese punto “está siendo materia de investigación”.
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La vicefiscal Riveros reveló, además, que van 121 funcionarios de la Fiscalía judicializados por presuntos actos de corrupción. Contra estos servidores públicos ya cursan procesos penales y disciplinarios por “apartarse de los principios de legalidad y transparencia que rigen la administración pública”. “Es un hecho supremamente grave que llegará hasta las últimas consecuencias porque en la administración de justicia no deberían darse estos actos de corrupción”, dijo la vicefiscal.