Caso Cemex ya tiene un primer condenado: Camilo González Téllez

Hace menos de dos semanas, uno de los tres exdirectivos de la multinacional Cemex implicados en el irregular negocio de una mina caliza terminó de sellar su suerte con la justicia. Se trata de Camilo González Téllez, quien, como vicepresidente jurídico de la compañía, representante legal de la misma y miembro suplente de la junta directiva, impulsó la iniciativa de comprar cuatro activos de una empresa llamada CI Calizas y Minerales S.A. El problema era que los activos estaban comprometidos en un proceso de extinción de dominio y González Téllez, a pesar de conocer esa realidad, trató de seguir adelante con la negociación.

El pasado viernes 26 de abril, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el preacuerdo que pactaron González Téllez y la Fiscalía, el cual se convierte a su vez en la primera condena de este controversial caso que le causó a Cemex Latam Holding, la empresa matriz, una pérdida de unos $42.000 millones en 2016. Por el delito de administración desleal, en calidad de cómplice, el exvicepresidente jurídico de Cemex fue sancionado con 32 meses de prisión —que pagará bajo libertad condicional— y 13,3 salarios mínimos mensuales, unos $12 millones.

(Lea aquí: Cemex llegó a un acuerdo para producción de planta en Maceo, Antioquia).

Según el acta de preacuerdo, conocida por El Espectador, González Téllez “abusó de las funciones propias de su cargo”. La Fiscalía señala que, por cuenta de su gestión, el propósito de Cemex de comprar un lote en Maceo (Antioquia) para construir una nueva planta de cemento y aumentar su operación pasó de ser un negocio cualquiera a un lío judicial. Lío en el que también resultó involucrado Édgar Ramírez Martínez, quien era vicepresidente de planeación de Cemex Colombia y quien fue llamado a juicio por administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en provecho de particulares.

Con el preacuerdo, González Téllez admitió que, gracias a las debidas diligencias que realizó la multinacional sobre los lotes en cuestión en 2011, él sabía de antemano que los lotes que Cemex quería en Antioquia estaban en un proceso de extinción de dominio, por la relación entre CI Calizas y Minerales y José Aldemar Moncada. Este último era uno de los hombres claves en el desfalco a la DIAN. Fue condenado por haberse quedado ilegalmente con más de $36.000 millones a través de devoluciones fraudulentas del IVA y fue asesinado en abril de 2016 por sicarios en Envigado (Antioquia).

(También: Caso de corrupción hace retroceder 22% la acción de Cemex).

El acta de preacuerdo sostiene que “en un intento de darle apariencia de legalidad y de salvar parte de los activos afectados (…) se falsificaron dos contratos con tales fines, con supuesta presentación ante la Notaría Primera del Círculo de Bello, Antioquia”. González Téllez, como miembro de la junta directiva, “actuó para autorizar el negocio”. Para la Fiscalía, “es evidente el perjuicio causado” a Cemex, que, aparte de los más de $40.000 millones que invirtió en los lotes que se embolataron, invirtió $345 millones en el montaje de una planta que no ha llegado a ver, todo eso “aunado al daño reputacional que viene sufriendo”.

Édgar Ramírez Martínez es prófugo de la justicia. González Téllez, en cambio, se dedicó a dialogar con la Fiscalía para encontrar la mejor salida posible al embrollo. Y al parecer lo logró. No solo consiguió que un juez de la República legalizara su preacuerdo, sino que también obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía en enero de este año. También era investigado por enriquecimiento ilícito, proceso que quedó suspendido a cambio de que se convirtiera en testigo de cargos contra quien alguna vez fue su colega y contra Eugenio Correa Díaz, representante de CI Calizas y Minerales. El paradero de Correa Díaz también es desconocido.

(Le puede interesar: Cartel del cemento: sanción contra Cemex fue confirmada).

En la audiencia del preacuerdo, sin embargo, el fiscal del caso dio luces sobre el posible desenlace para este proceso, que se develó con una auditoría de la multinacional: tanto Ramírez Martínez como Correa Díaz negocian la aceptación de cargos para recibir una rebaja de penas. De esta manera se cerraría toda la investigación con tres culpables sobre la mesa. Para el próximo 23 de julio está programada la audiencia preparatoria del juicio de los dos, que podría cancelarse si los involucrados acuerdan algo con la Fiscalía antes de la fecha y un juez lo avala. Tal como acaba de ocurrir con el exvicepresidente jurídico de Cemex Colombia.

Hace menos de dos semanas, uno de los tres exdirectivos de la multinacional Cemex implicados en el irregular negocio de una mina caliza terminó de sellar su suerte con la justicia. Se trata de Camilo González Téllez, quien, como vicepresidente jurídico de la compañía, representante legal de la misma y miembro suplente de la junta directiva, impulsó la iniciativa de comprar cuatro activos de una empresa llamada CI Calizas y Minerales S.A. El problema era que los activos estaban comprometidos en un proceso de extinción de dominio y González Téllez, a pesar de conocer esa realidad, trató de seguir adelante con la negociación.

El pasado viernes 26 de abril, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá aprobó el preacuerdo que pactaron González Téllez y la Fiscalía, el cual se convierte a su vez en la primera condena de este controversial caso que le causó a Cemex Latam Holding, la empresa matriz, una pérdida de unos $42.000 millones en 2016. Por el delito de administración desleal, en calidad de cómplice, el exvicepresidente jurídico de Cemex fue sancionado con 32 meses de prisión —que pagará bajo libertad condicional— y 13,3 salarios mínimos mensuales, unos $12 millones.

(Lea aquí: Cemex llegó a un acuerdo para producción de planta en Maceo, Antioquia).

Según el acta de preacuerdo, conocida por El Espectador, González Téllez “abusó de las funciones propias de su cargo”. La Fiscalía señala que, por cuenta de su gestión, el propósito de Cemex de comprar un lote en Maceo (Antioquia) para construir una nueva planta de cemento y aumentar su operación pasó de ser un negocio cualquiera a un lío judicial. Lío en el que también resultó involucrado Édgar Ramírez Martínez, quien era vicepresidente de planeación de Cemex Colombia y quien fue llamado a juicio por administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en provecho de particulares.

Con el preacuerdo, González Téllez admitió que, gracias a las debidas diligencias que realizó la multinacional sobre los lotes en cuestión en 2011, él sabía de antemano que los lotes que Cemex quería en Antioquia estaban en un proceso de extinción de dominio, por la relación entre CI Calizas y Minerales y José Aldemar Moncada. Este último era uno de los hombres claves en el desfalco a la DIAN. Fue condenado por haberse quedado ilegalmente con más de $36.000 millones a través de devoluciones fraudulentas del IVA y fue asesinado en abril de 2016 por sicarios en Envigado (Antioquia).

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El acta de preacuerdo sostiene que “en un intento de darle apariencia de legalidad y de salvar parte de los activos afectados (…) se falsificaron dos contratos con tales fines, con supuesta presentación ante la Notaría Primera del Círculo de Bello, Antioquia”. González Téllez, como miembro de la junta directiva, “actuó para autorizar el negocio”. Para la Fiscalía, “es evidente el perjuicio causado” a Cemex, que, aparte de los más de $40.000 millones que invirtió en los lotes que se embolataron, invirtió $345 millones en el montaje de una planta que no ha llegado a ver, todo eso “aunado al daño reputacional que viene sufriendo”.

Édgar Ramírez Martínez es prófugo de la justicia. González Téllez, en cambio, se dedicó a dialogar con la Fiscalía para encontrar la mejor salida posible al embrollo. Y al parecer lo logró. No solo consiguió que un juez de la República legalizara su preacuerdo, sino que también obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía en enero de este año. También era investigado por enriquecimiento ilícito, proceso que quedó suspendido a cambio de que se convirtiera en testigo de cargos contra quien alguna vez fue su colega y contra Eugenio Correa Díaz, representante de CI Calizas y Minerales. El paradero de Correa Díaz también es desconocido.

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En la audiencia del preacuerdo, sin embargo, el fiscal del caso dio luces sobre el posible desenlace para este proceso, que se develó con una auditoría de la multinacional: tanto Ramírez Martínez como Correa Díaz negocian la aceptación de cargos para recibir una rebaja de penas. De esta manera se cerraría toda la investigación con tres culpables sobre la mesa. Para el próximo 23 de julio está programada la audiencia preparatoria del juicio de los dos, que podría cancelarse si los involucrados acuerdan algo con la Fiscalía antes de la fecha y un juez lo avala. Tal como acaba de ocurrir con el exvicepresidente jurídico de Cemex Colombia.