Caso de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez: ¿se viene o no la imputación?

Las exministras de Educación, Gina Parody, y de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez. / Cortesía

Antes de que Leonardo Espinosa, fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, tuviera que devolver todos los archivos, expedientes y adelantos a la Fiscalía, él y su equipo de trabajo estaban a punto de tomar una decisión crucial en el marco de este escándalo. Luego de ordenar, en abril de este año, el desarchivo de la investigación penal en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, era cuestión de tiempo para que Espinosa solicitara una audiencia en los juzgados de Paloquemao para imputarles cargos a las exfuncionarias. A las dos por interés indebido en la celebración de contratos, y a Álvarez por contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato.

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Así lo dejaron estipulado Espinosa y el fiscal que tenía asignado el caso, Christian Wolffhügel, en cuatro documentos que, en total, suman 91 páginas y ahora están en los despachos de Fabio Espitia en la Fiscalía. Allí fueron a parar luego de que el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, anunciara su renuncia y la Corte Suprema aclarara que, sin Martínez en la entidad, los impedimentos que este presentó en tres casos claves de Odebrecht quedaron sin piso y la Fiscalía ad hoc de Espinosa también llegó a su fin. El Espectador conoció la base de la posible imputación de cargos, que deja entrever que, para los investigadores, no hay dudas de que las dos exfuncionarias violaron la ley.

Según la Fiscalía ad hoc, las supuestas irregularidades cometidas por Álvarez y Parody estarían relacionadas con un otrosí que firmaron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol, cuyo socio mayoritario era Odebrecht y, en minoría Corficolombiana, del Grupo Aval. Es la misma teoría que sostiene la Procuraduría que, en agosto de 2018, las llamó a juicio disciplinario por un aparente conflicto de intereses. La decisión del Ministerio Público fue clave para las conclusiones de Espinosa, tanto para desarchivar el proceso como para planificar la imputación de cargos. Con el fin de explicar sus argumentos, la Fiscalía ad hoc detalló la secuencia cronológica del caso.

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Los documentos recuerdan que el caso se remonta a 2009, año en el que el Estado otorgó varios contratos para la construcción de la Ruta del Sol, obra de conexión entre el centro y la región Caribe. Uno de ellos, el correspondiente al sector 2, fue adjudicado a los brasileños y a sus socios colombianos, quienes, para desarrollarlo, constituyeron la Concesionaria Ruta del Sol. Hoy se sabe que un soborno de US$6,5 millones fue el ingrediente que utilizó Odebrecht para quedarse con la obra, que tenía un valor inicial de $2 billones. El receptor de esa coima fue el viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, entonces director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), y ya condenado por estos hechos.

En julio de 2012, Paolo Ferracuti, quien fungía como representante legal de la Concesionaria y la ANI firmaron una adición al contrato del sector 2 de la Ruta del Sol para realizar una nueva obra: la construcción del tramo conocido como Ocaña-Gamarra. Según las pesquisas que realizó la Fiscalía ad hoc, esta obra no se podía añadir al contrato que ya estaba firmado por dos razones: porque el Consejo de Estado ya había advertido que el Estado no podía hacerlo, pues era ilegal, y porque, en caso de hacerlo, la adición debía tener visto bueno del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

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El problema fue que no se tuvo en cuenta la postura del alto tribunal ni el Conpes aprobó esa adición previamente. El 14 de marzo de 2014, la ANI y la Concesionaria firmaron el otrosí 6 para la construcción de la hoy cuestionada carretera de Ocaña-Gamarra. La exministra Álvarez, quien estuvo en el Ministerio de Transporte del 3 de septiembre de 2012 al 19 de agosto de 2014, consultó al Consejo de Estado si se podían realizar este tipo de adiciones. Aunque no hizo referencia al caso de la Ruta del Sol, la exfuncionaria sí le pidió a la Sala de Consulta y Servicio Civil que le explicara en qué circunstancias es válido firmar un otrosí y añadir una obra a una concesión que ya tiene contrato en desarrollo.

El Consejo de Estado fue claro en advertirle que bajo ninguna circunstancia era legal agregar la construcción de una vía que no tiene relación directa ni necesaria con la carretera ya adjudicada. Y añadió que el camino correcto era abrir una nueva licitación para realizar esa obra. No obstante, dice la Fiscalía ad hoc, la ANI y la Concesionaria firmaron el otrosí 6 para la construcción de Ocaña-Gamarra sin que hubiera licitación. Con un ingrediente más: en ese negocio las partes pactaron cinco condiciones esenciales para la ejecución del proyecto nuevo. Dos de ellas requerían el visto bueno de la cartera de Transporte, por esa época bajo la batuta de Álvarez.

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Por un lado, debía autorizar un aumento de las tarifas en los peajes del sector 2 de la Ruta del Sol y, por el otro, aprobar la construcción de dos nuevas estaciones de peajes en la vía Ocaña-Gamarra. En efecto, el 22 de julio de 2014, Cecilia Álvarez firmó una resolución en la que autorizó las dos condiciones. Para Espinosa y su equipo de trabajo, la exministra “tenía los suficientes elementos de juicio (...) para concluir que la adición no era viable” y que, por el contrario, participó en la adición de esta obra al aprobar los peajes, “a sabiendas de que se incumplían los requisitos esenciales” para realizar la contratación.

Los documentos de la Fiscalía ad hoc, que ahora están en el ente investigador y que fueron conocidos por El Espectador, agregaron un factor más a esta ecuación de presuntas irregularidades que le permitieron concluir que Álvarez habría cometido el delito de contrato sin los requisitos legales. Según la Ley 1150 de 2007, para firmar cualquier contrato adicional, como el ya mencionado otrosí 6, debe existir un requisito clave: el aval del Conpes. Es decir, para que el negocio de la construcción del tramo la vía Ocaña-Gamarra quedara en firme y se pudiera desembolsar el dinero de la obra a la Concesionaria, el Conpes debía aprobarlo primero. Sin embargo, esto no ocurrió.

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Mientras que el otrosí 6 se firmó en marzo de 2014, el Conpes supo del tema hasta octubre de ese mismo año, cuando aprobó el documento en el que declaró la importancia estratégica del sector 2 de la Ruta del Sol y de las conexiones a puertos fluviales al norte y sur de Gamarra (Conpes 3817 de 2014). Según plasmó la Fiscalía ad hoc en los documentos, a la pregunta de si era posible que la exministra Álvarez hubiera cometido el delito de celebración indebida de contratos, al aprobar el asunto de los peajes y al firmar el Conpes 3817 en esas circunstancias, “la respuesta es decididamente afirmativa (...) simular una adición con el fin de evadir una licitación se entiende como una modalidad de este delito”.

Pero, además, y especialmente por haber aprobado la modificación en los peajes, la Fiscalía ad hoc considera que Cecilia Álvarez cometió el delito de prevaricato: cuando un servidor público toma una decisión claramente contraria a la ley. Para reforzar esta idea, la Fiscalía ad hoc recordó un párrafo clave de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en diciembre del año pasado, resolvió una demanda relacionada al caso Odebrecht. Según el tribunal, el Gobierno tenía los suficientes elementos de juicio como para concluir que la adición del otrosí 6 era improcedente. Sin embargo, todos los ministros de ese momento, incluida Gina Parody, le dieron el visto bueno. También lo hizo Néstor Humberto Martínez como ministro de la Presidencia.

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Por otro lado, el caso de Parody es similar al episodio relacionado con el otrosí 6. Ella, en calidad de ministra de Educación, participó en la aprobación del Conpes 3817 de 2014, el mismo que terminó avalando la adición de Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol 2. Para la Fiscalía ad hoc, al aprobar el documento y no aclarar que su familia podría salir beneficiada por esas obras, habría cometido el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Ella, por su parte, ha dicho que no conocía los negocios de su familia por medio de las empresas Cartagena 2 y Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Así se lo hizo saber a la Corte Suprema durante un interrogatorio en octubre de 2017.

El puerto y la familia Parody

Según la documentación de la Fiscalía “ad hoc”, esta sociedad tiene entre sus 25 socios a una empresa de nombre Inversiones Egeo 1 S.A.S., en la cual han participado Alfredo Luis, Luis Carlos y Manuel Isaac Parody, hermanos de la exministra de Educación. En cuanto al padre de los hermanos, Alfredo Parody Bermúdez, el empresario aparece en varios documentos como el gerente de Inversiones Egeo 1. Las pesquisas de los investigadores revelaron que la empresa de los Parody “cuenta con un total de participación en la Terminal Fluvial Andalucía de aproximadamente el 11 %. Para llegar a estos números, se lee en los informes, fue clave el documento mediante el cual la Procuraduría las llamó a juicio disciplinario.

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Por esa época, los empresarios ya habían discutido la idea de invertir en un puerto fluvial en Gamarra (Cesar) e, incluso, comentaron la posibilidad de adquirir dos predios, donde hoy se encuentra precisamente la Terminal Fluvial Andalucía. Fue así como, en marzo de 2011, la sociedad Cartagena 2 solicitó el permiso para adquirir una concesión portuaria (la autorización para desarrollar el proyecto de la Terminal) y, después de más de dos años de procedimientos, en 2014 obtuvieron el aval. Durante ese tiempo, el Ministerio de Transporte de Cecilia Álvarez participó en la firma de otro Conpes que habría beneficiado a los Parody.

Se trata del documento 3758 de 2013, mediante el cual se desarrollaron acciones para restablecer la navegabilidad del río Magdalena y “el fortalecimiento de servicios de transporte, logísticos e intermodales” en cuatro puertos, entre ellos, el de Gamarra. Un dato que no se ignoró en la investigación de la Fiscalía ad hoc es que la versión preliminar del Conpes la presentó Javier Hernández, funcionario “de plena confianza” de Cecilia Álvarez, “tan solo dos meses después de la posesión de esta última como ministra”. Y, además, que todas las actividades realizadas para su elaboración se ejecutaron entre los meses de septiembre y noviembre de 2013, es decir, en las primeras semanas de su gestión.

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Otro de los puntos que resaltó la Fiscalía ad hoc fue el hecho de que, según su investigación, en la adición del otrosí 6 para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra, una de las empresas que se vería directamente beneficiada por la obra era la Terminal Fluvial Andalucía. La razón: la carretera “colindaría directamente con los predios del puerto”, facilitando su transporte. Sus accionistas conocían bien la cercanía geográfica entre la vía Ocaña-Gamarra y el sector de la Ruta del Sol, a cargo de la Concesionaria de Odebrecht. Es más, en un estudio que realizaron los brasileños y sus socios, reseñaron el puerto de Gamarra como uno de los más estratégicos.

El rastreo de los investigadores llevó a la Fiscalía ad hoc a afirmar que la Ruta del Sol y la vía Ocaña-Gamarra les permitiría a los dueños del puerto tener acceso directo a las carreteras. Con el otrosí 6 firmado entre el Estado y la Concesionaria y los avales del Ministerio de Transporte de Álvarez incluidos, solo quedaba pendiente la luz verde del Conpes. “Llama la atención que el oficio mediante el cual Álvarez solicitó agendar de manera prioritaria el documento Conpes se suscribiera días antes de su retiro como ministra y se radicara el mismo día de su renuncia”, recalca el fiscal ad hoc, quien agrega que la elaboración del documento estuvo dirigida por la propia Álvarez.

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Ese documento fue aprobado con el Conpes 3758 de 2013, en el que participó Álvarez como ministra de Industria y Comercio. Y lo hizo, al parecer, sin aclarar que conocía de proyectos en los que participaban los familiares de su pareja, Gina Parody, y que podían resultar beneficiados por la adición al contrato de la Ruta del Sol. Desde que se habló de las supuestas irregularidades, tanto Álvarez como Parody han insistido en su inocencia y en que todo se trata de una retaliación política. Ambas han insistido que se trata de una persecución por parte del senador Álvaro Uribe, quien interpuso la denuncia con la que surgió el proceso contra ellas.

La consecuencia de la renuncia de Martínez fue la suspensión de estas pesquisas. Por eso, una vez la Corte aceptó su dimisión, Leonardo Espinosa devolvió sus adelantos a la Fiscalía que dirige temporalmente Fabio Espitia. Ahora se espera que allí se estudie no solo la eventual imputación de cargos en contra de las exministras, sino también el expediente de los empresarios Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Eduardo Zambrano y Gustavo Adolfo Torres —todos detenidos—, y también el de tres peces gordos de Odebrecht: el portugués Eder Paolo Ferracuti y los brasileños Marcio Marangoni y Amilton Hideaki. El Espectador intentó contactar a las dos exministras, pero uno de sus abogados aclaró que, por ahora, ninguna de ellas habla con medios de comunicación.

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Las versiones del “Ñoño” Elías y Otto Bula

Según Bula, la exfuncionaria habría cumplido un papel fundamental para que Odebrecht se quedara con el negocio de la vía Ocaña-Gamarra. El exsenador, quien ya confesó que recibió coimas de la multinacional, relató que el presidente de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, contactó a Álvarez para pedirle que no se abriera un proceso de licitación.

En cuanto al Ñoño Elías, el exsenador le ha dicho a la Corte Suprema que tiene información clave que apunta a probar  la confluencia de intereses entre la exministra Cecilia Álvarez, el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade y el abogado Javier Hernández López, determinante para los intereses de Odebrecht en Colombia. 

El impedimento del fiscal Néstor Humberto Martínez

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Según el exfiscal, en 2012 elaboró un concepto en el que sostenía que el contrato para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra no se podía adicionar al de la Ruta del Sol, como lo quería Odebrecht, sino que debía abrirse una licitación pública. Y, como la investigación de las exministras tiene relación con este hecho, no podía hacer parte de ella.

Sin embargo, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, ha reprochado que, al contrario, lo dicho por Martínez favorecía a la multinacional. Aun habiendo emitido el concepto, Martínez avaló, al igual que las exministras, el Conpes que le dio vía libre a la obra Ocaña-Gamarra.