Caso UP: JEP llama a versión al sargento (r) Bernardo Garzón Garzón

Para el 23 de febrero próximo fue citado a versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el sargento retirado del Ejército Nacional Bernardo Alfonso Garzón Garzón, dentro del caso 006 sobre la victimización sufrida por los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. La citación es relevante ya que la figura de Garzón Garzón está ligada a las escabrosas desapariciones de civiles perpetradas por integrantes de la Brigada XX y del Batallón Charry Solano en los años 80 y hasta el momento no es claro cuál habría sido su rol en relación con la UP.

(Le puede interesar: Caso UP en la JEP va a paso tortuga, dejan ver informes de la Procuraduría)

Considerado además el eslabón perdido para esclarecer lo ocurrido en la toma y recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 -especialmente la desaparición de la guerrillea Irma Franco-, Garzón Garzón se acogió a la JEP a finales de 2019, lo que en la práctica paralizó una diligencia de indagatoria que estaba prevista en ese proceso judicial. El exintegrante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano fue condenado en 2017 a 11 años de prisión por la tentativa de homicidio, secuestro extorsivo y tortura de Guillermo Marín Martínez, un militante del M-19 que logró sobrevivir a un intento de desaparición.

Garzón Garzón se infiltró en el M-19 y se hacía pasar como un militante llamado “Lucas”. Marín fue secuestrado el 8 de abril de 1986 luego de una reunión en Bogotá, trasladado al Batallón Charry Solano, sometido a tortura y obligado a firmar documentos “identificando” a cabecillas de dicho movimiento. Dos días después lo amarraron, lo metieron en un costal y se lo llevaron al Parque La Florida en Bogotá. Le dispararon dos veces y sobrevivió para vivir una vida en el exilio. El mismo día de su secuestro fue asesinado Antonio Hernández.

(Le puede interesar: El Batallón Charry Solano como emblema de torturas y desaparición en los 80)

Luego de dos años escondido, “Lucas” encontró a José Cuesta, otro militante del M-19, quien estuvo retenido en su poder 14 días y fue solo liberado porque el M-19 exigió su regreso para liberar al dirigente conservador Álvaro Gómez, quien había sido secuestrado el 29 de mayo de 1988. Garzón Garzón está ligado a múltiples casos más. Por ejemplo, el 25 de abril de 1989 fueron secuestrados Amparo Tordecilla Trujillo, militante del Epl, y Carlos Uribe, miembro del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista.

Ambos eran enlaces del Epl con el Gobierno en medio de conversaciones con el grupo guerrillero. Uribe fue llevado a un predio rural, fue esposado a un árbol y logró zafarse, huir y avisar lo sucedido el abogado Eduardo Umaña Mendoza. En el predio donde fue rescatado Uribe, estaba Garzón Garzón cuando llegó la Policía a hacer un allanamiento. De Amparo Tordecilla, secuestrada en un taxi de propiedad del Ejército en Bogotá, no se supo nunca más. Garzón Garzón contactó en 1990 a Umaña Mendoza y decidió hablar. Por su dicho, en una inspección al cementerio de Guayabetal realizada el 26 de julio de 1990, se encontraron los cuerpos de Tordecilla, Nydia Erika Bautista, Víctor Manuel Nieto Campos, Bertel Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón y 11 personas más.

(Lea más en: El informe que revela las violaciones a los DD. HH de inteligencia del Ejército)

Nydia Erika Bautista, simpatizante del M-19, fue abordada por un grupo de desconocidos el 30 de agosto de 1987 en una calle en Bogotá y su rastro se perdió. Un cuerpo encontrado en septiembre 12 de 1987, con un disparo de gracia en la cabeza en Guayabetal fue solo identificado como Bautista tres años después. Su caso aún sigue en la impunidad, entre muchos factores y omisiones porque Garzón Garzón se retractó en 1996 de sus afirmaciones, lo que facilitó que el proceso que se adelantaba contra tres suboficiales del Ejército pasara a la Justicia Penal Militar en donde fueron finalmente absueltos.

En ese momento, el comandante del Batallón Charry Solano era el coronel Iván Ramírez Quintero, quien también se acogió a la JEP y quien también está programado para rendir declaración el 16 de marzo de 2021. Y otro agente de inteligencia condenado por el crimen de Amparo Tordecilla, también fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz para que rinda versión voluntaria. Se trata del agente de la dirección de inteligencia Héctor Hidalgo Cabrera Peña, quien junto al capitán Guillermo Marín Rojas, el agente Wilson Donneys Berón de la Brigada XX, perpetraron el rapto de Tordecilla. Los tres fueron condenados a 26 años en enero de 2003, pena ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.

(Le puede interesar: “Desaparecieron personas como política de Estado”: abogado de Guillermo Marín)

Su diligencia estaba pactada para el pasado 9 de febrero, para realizarse en la instalación militar en la que está recluido. No obstante, según confirmaron fuentes a El Espectador, la sesión tuvo que ser suspendida por aparente falta de garantías y hasta el momento se desconoce para cuando será reprogramada. Cabrera Peña fue parte del Ejército desde el 2 de marzo de 1988 hasta el 30 de septiembre de 1990. Firmó acta de sometimiento a la JEP el 26 de enero de 2018 y fue admitido como tal el 31 de mayo de 2019.

El 26 de diciembre de 2019, una subsala de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó el beneficio de la libertad transitoria luego de verificar, entre otros, que Cabrera Peña no había cumplido con los requisitos que impone el régimen de condicionalidad de la JEP. Por ejemplo, que no había contactado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para entregar información. Y que su relato ha sigo genérico: “para esta Subsala aún el esclarecimiento de la desaparición de la señora Tordecillas Trujillo no está satisfecho, pues a pesar de que endilga responsabilidad en estos hechos a sus compañeros, describe nuevamente lo acontecido durante ese día y se refiera a las razones que llevaron a la retención de la víctima, su relato se limita a lo ya conocido en las providencias judiciales aportas a estas diligencias”.

(Le puede interesar: Cuando Eduardo Umaña destapó los crímenes de inteligencia militar)

Lo que puedan aportar en verdad Garzón Garzón y Cabrera Peña para el caso del exterminio de la UP aún es un misterio, pero desde ya es claro que sus declaraciones tendrían potencial de abrir un nuevo capítulo judicial sobre este proceso judicial que tiene hasta el momento en la JEP a 108 víctimas acreditadas, de un universo potencial de 6.000 víctimas. En el caso están citados los exagentes del DAS José Mansilla García, Emiro Rojas, Manuel Antonio González Henríquez, John Alirio Rodríguez Parra, Jaime Alexánder Romero Vargas, Giovanny Calderón Salazar, Martín Sierra D’Alemán y Carlos Alfonso Corredor Martínez. Así como Miguel Maza Márquez, exdirector de la entidad.

Y están citados los generales en retiro Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quienes también fueron llamados en el caso 004 sobre la región de Urabá y tienen sendos procesos penales por presuntos nexos con paramilitares, entre otros. De otro lado, desde febrero de 2020, organizaciones de víctimas presentaron a la JEP un informe recogiendo los casos de torturas y desapariciones endilgadas a inteligencia militar con la intención de que se abra y priorice un marcocaso al respecto en dicha justicia especial.

(Le puede interesar: Atroz impunidad de Bernardo Alfonso Garzón)

Para el 23 de febrero próximo fue citado a versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el sargento retirado del Ejército Nacional Bernardo Alfonso Garzón Garzón, dentro del caso 006 sobre la victimización sufrida por los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica. La citación es relevante ya que la figura de Garzón Garzón está ligada a las escabrosas desapariciones de civiles perpetradas por integrantes de la Brigada XX y del Batallón Charry Solano en los años 80 y hasta el momento no es claro cuál habría sido su rol en relación con la UP.

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Considerado además el eslabón perdido para esclarecer lo ocurrido en la toma y recuperación del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 -especialmente la desaparición de la guerrillea Irma Franco-, Garzón Garzón se acogió a la JEP a finales de 2019, lo que en la práctica paralizó una diligencia de indagatoria que estaba prevista en ese proceso judicial. El exintegrante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano fue condenado en 2017 a 11 años de prisión por la tentativa de homicidio, secuestro extorsivo y tortura de Guillermo Marín Martínez, un militante del M-19 que logró sobrevivir a un intento de desaparición.

Garzón Garzón se infiltró en el M-19 y se hacía pasar como un militante llamado “Lucas”. Marín fue secuestrado el 8 de abril de 1986 luego de una reunión en Bogotá, trasladado al Batallón Charry Solano, sometido a tortura y obligado a firmar documentos “identificando” a cabecillas de dicho movimiento. Dos días después lo amarraron, lo metieron en un costal y se lo llevaron al Parque La Florida en Bogotá. Le dispararon dos veces y sobrevivió para vivir una vida en el exilio. El mismo día de su secuestro fue asesinado Antonio Hernández.

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Luego de dos años escondido, “Lucas” encontró a José Cuesta, otro militante del M-19, quien estuvo retenido en su poder 14 días y fue solo liberado porque el M-19 exigió su regreso para liberar al dirigente conservador Álvaro Gómez, quien había sido secuestrado el 29 de mayo de 1988. Garzón Garzón está ligado a múltiples casos más. Por ejemplo, el 25 de abril de 1989 fueron secuestrados Amparo Tordecilla Trujillo, militante del Epl, y Carlos Uribe, miembro del Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista.

Ambos eran enlaces del Epl con el Gobierno en medio de conversaciones con el grupo guerrillero. Uribe fue llevado a un predio rural, fue esposado a un árbol y logró zafarse, huir y avisar lo sucedido el abogado Eduardo Umaña Mendoza. En el predio donde fue rescatado Uribe, estaba Garzón Garzón cuando llegó la Policía a hacer un allanamiento. De Amparo Tordecilla, secuestrada en un taxi de propiedad del Ejército en Bogotá, no se supo nunca más. Garzón Garzón contactó en 1990 a Umaña Mendoza y decidió hablar. Por su dicho, en una inspección al cementerio de Guayabetal realizada el 26 de julio de 1990, se encontraron los cuerpos de Tordecilla, Nydia Erika Bautista, Víctor Manuel Nieto Campos, Bertel Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón y 11 personas más.

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Nydia Erika Bautista, simpatizante del M-19, fue abordada por un grupo de desconocidos el 30 de agosto de 1987 en una calle en Bogotá y su rastro se perdió. Un cuerpo encontrado en septiembre 12 de 1987, con un disparo de gracia en la cabeza en Guayabetal fue solo identificado como Bautista tres años después. Su caso aún sigue en la impunidad, entre muchos factores y omisiones porque Garzón Garzón se retractó en 1996 de sus afirmaciones, lo que facilitó que el proceso que se adelantaba contra tres suboficiales del Ejército pasara a la Justicia Penal Militar en donde fueron finalmente absueltos.

En ese momento, el comandante del Batallón Charry Solano era el coronel Iván Ramírez Quintero, quien también se acogió a la JEP y quien también está programado para rendir declaración el 16 de marzo de 2021. Y otro agente de inteligencia condenado por el crimen de Amparo Tordecilla, también fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz para que rinda versión voluntaria. Se trata del agente de la dirección de inteligencia Héctor Hidalgo Cabrera Peña, quien junto al capitán Guillermo Marín Rojas, el agente Wilson Donneys Berón de la Brigada XX, perpetraron el rapto de Tordecilla. Los tres fueron condenados a 26 años en enero de 2003, pena ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá.

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Su diligencia estaba pactada para el pasado 9 de febrero, para realizarse en la instalación militar en la que está recluido. No obstante, según confirmaron fuentes a El Espectador, la sesión tuvo que ser suspendida por aparente falta de garantías y hasta el momento se desconoce para cuando será reprogramada. Cabrera Peña fue parte del Ejército desde el 2 de marzo de 1988 hasta el 30 de septiembre de 1990. Firmó acta de sometimiento a la JEP el 26 de enero de 2018 y fue admitido como tal el 31 de mayo de 2019.

El 26 de diciembre de 2019, una subsala de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le negó el beneficio de la libertad transitoria luego de verificar, entre otros, que Cabrera Peña no había cumplido con los requisitos que impone el régimen de condicionalidad de la JEP. Por ejemplo, que no había contactado a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para entregar información. Y que su relato ha sigo genérico: “para esta Subsala aún el esclarecimiento de la desaparición de la señora Tordecillas Trujillo no está satisfecho, pues a pesar de que endilga responsabilidad en estos hechos a sus compañeros, describe nuevamente lo acontecido durante ese día y se refiera a las razones que llevaron a la retención de la víctima, su relato se limita a lo ya conocido en las providencias judiciales aportas a estas diligencias”.

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Lo que puedan aportar en verdad Garzón Garzón y Cabrera Peña para el caso del exterminio de la UP aún es un misterio, pero desde ya es claro que sus declaraciones tendrían potencial de abrir un nuevo capítulo judicial sobre este proceso judicial que tiene hasta el momento en la JEP a 108 víctimas acreditadas, de un universo potencial de 6.000 víctimas. En el caso están citados los exagentes del DAS José Mansilla García, Emiro Rojas, Manuel Antonio González Henríquez, John Alirio Rodríguez Parra, Jaime Alexánder Romero Vargas, Giovanny Calderón Salazar, Martín Sierra D’Alemán y Carlos Alfonso Corredor Martínez. Así como Miguel Maza Márquez, exdirector de la entidad.

Y están citados los generales en retiro Rito Alejo del Río y el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quienes también fueron llamados en el caso 004 sobre la región de Urabá y tienen sendos procesos penales por presuntos nexos con paramilitares, entre otros. De otro lado, desde febrero de 2020, organizaciones de víctimas presentaron a la JEP un informe recogiendo los casos de torturas y desapariciones endilgadas a inteligencia militar con la intención de que se abra y priorice un marcocaso al respecto en dicha justicia especial.

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