Comunidades aseguran que el desplazamiento forzado no está superado en el país

Como parte del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales el desplazamiento forzado en el país, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública este jueves para evaluar cómo se ha atendido este fenómeno. A la cita fueron invitados gobernadores, alcaldes representantes de comunidades e instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Por ejemplo, las comunidades que habitan en territorios afectados por esta problemática aseguran que el desplazamiento forzado no está superado en el país.

Elizabeth Moreno, representante de comunidades indígenas, dijo que el estado de cosas inconstitucional no está superado en el país, pues, según ella, en la región de Buenaventura hay un desplazamiento de más de 500 familias, además del confinamiento y la crisis humanitaria en esta región. Moreno dice que existe una “vulneración a las niñas” induciéndolas a la prostitución y otras actividades ilícitas”. “Están generando presión en nuestro territorio e interrupción de las dinámicas organizativas y comunitarias”, dijo la representante a los magistrados de la Sala Plena. (En contexto: Desplazamiento forzado, a examen en la Corte Constitucional)

Aunque reconoce las acciones del Estado para hacerle frente a esta situación, estás “no han sido contundentes” y en gran parte no se conciertan con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que, en teoría, permiten la intervención del Gobierno en regiones afectadas por el conflicto armado. El alcalde de Medellín, Federico Gaviria, quien también fue invitado a la audiencia pública, aseguró que la violencia a través de las organizaciones ilegales persiste en Colombia y resaltó importancia, para eliminar el desplazamiento forzado, de atacar estas estructuras.

“Dentro de todo el país hay 23 Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Solo Medellín y los municipios del área metropolitana se concentra el 43 % de las GDO que existen hoy en el país. De ahí la importancia en de dar esta lucha contra las estructuras criminales”, dijo el mandatario de la capital de Antioquia, quien también manifestó que, incluso, hay delincuentes o jefes de bandas criminales que ordenan desplazamientos forzados desde las cárceles donde están detenidos. “Hoy están delinquiendo desde allí”, precisó Gaviria.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien también intervino en la audiencia, expresó que el Gobierno comparte las mismas preocupaciones de la Corte Constitucional. “Es totalmente inaceptable que, después de 14 años (cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional), el avance del Estado, en materia de protección a los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de distintos lugares del país, sea tan precario”. Dijo que, por pedido del presidente Iván Duque, el Gobierno realizará un seguimiento a los municipios donde la presencia del estrado es poca. (Le podría interesar: Los caminos del desplazamiento forzado)

Ramírez aseguró, además de que se necesitan invertir más recursos, que el desplazamiento forzado lo ocasiona las acciones de grupos armados ilegales y la pobreza. “No es la falta de presencia de las Fuerzas Militares, es la presencia integral del Estado con programas de desarrollo”, precisó. Víctor Carpio, representante de población pueblos indígenas, dijo: “Tenemos preocupación por las amenazas debido a la persistencia de las dinámicas de violencia en nuestros territorios, relacionadas con la disputa territorial de grupos armados y narcotráfico”.

Por su parte, Wellinton Ibargüen, alcalde Litoral de El San Juan, ubicado en el departamento del Chocó, expresó que en estos municipios el presupuesto es muy bajo y pidió la atención del Gobierno con más recursos. “Cuando se presentan emergencias sólo nos acompañan la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública”, dijo Ibargüen. Entre tanto, Delcy Falla, representante de la población de Putumayo, enunció que más del 51% de la población son víctimas. “Se han registrado 77 asesinatos a líderes y lideresas desde 2017 y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, comentó. La gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, afirmó en la audiencia pública que en 2018 se han presentado 1015 desplazamientos, 23 homicidios y siete hechos de desaparición forzada.

“La solicitud puntual es el acompañamiento e implementar acciones diferenciales por parte del Estado para territorios como Nariño”, dijo Camilo Romero, gobernador de Nariño. Por parte del Gobierno, ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez, expresó que, según el mapa de riesgos, un 10% de municipios tienen un alto riesgo de desplazamiento. "La atención a los desafíos implica la articulación del Gobierno Nacional, armonización con otras entidades del Estado y coordinación con las entidades territoriales", dijo la ministra. (Lea también: Amnistía Internacional pide al Gobierno detener desplazamientos forzados)

Como parte del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 que declaró un estado de cosas inconstitucionales el desplazamiento forzado en el país, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública este jueves para evaluar cómo se ha atendido este fenómeno. A la cita fueron invitados gobernadores, alcaldes representantes de comunidades e instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Por ejemplo, las comunidades que habitan en territorios afectados por esta problemática aseguran que el desplazamiento forzado no está superado en el país.

Elizabeth Moreno, representante de comunidades indígenas, dijo que el estado de cosas inconstitucional no está superado en el país, pues, según ella, en la región de Buenaventura hay un desplazamiento de más de 500 familias, además del confinamiento y la crisis humanitaria en esta región. Moreno dice que existe una “vulneración a las niñas” induciéndolas a la prostitución y otras actividades ilícitas”. “Están generando presión en nuestro territorio e interrupción de las dinámicas organizativas y comunitarias”, dijo la representante a los magistrados de la Sala Plena. (En contexto: Desplazamiento forzado, a examen en la Corte Constitucional)

Aunque reconoce las acciones del Estado para hacerle frente a esta situación, estás “no han sido contundentes” y en gran parte no se conciertan con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial que, en teoría, permiten la intervención del Gobierno en regiones afectadas por el conflicto armado. El alcalde de Medellín, Federico Gaviria, quien también fue invitado a la audiencia pública, aseguró que la violencia a través de las organizaciones ilegales persiste en Colombia y resaltó importancia, para eliminar el desplazamiento forzado, de atacar estas estructuras.

“Dentro de todo el país hay 23 Grupos Delincuenciales Organizados (GDO). Solo Medellín y los municipios del área metropolitana se concentra el 43 % de las GDO que existen hoy en el país. De ahí la importancia en de dar esta lucha contra las estructuras criminales”, dijo el mandatario de la capital de Antioquia, quien también manifestó que, incluso, hay delincuentes o jefes de bandas criminales que ordenan desplazamientos forzados desde las cárceles donde están detenidos. “Hoy están delinquiendo desde allí”, precisó Gaviria.

La vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien también intervino en la audiencia, expresó que el Gobierno comparte las mismas preocupaciones de la Corte Constitucional. “Es totalmente inaceptable que, después de 14 años (cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional), el avance del Estado, en materia de protección a los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de distintos lugares del país, sea tan precario”. Dijo que, por pedido del presidente Iván Duque, el Gobierno realizará un seguimiento a los municipios donde la presencia del estrado es poca. (Le podría interesar: Los caminos del desplazamiento forzado)

Ramírez aseguró, además de que se necesitan invertir más recursos, que el desplazamiento forzado lo ocasiona las acciones de grupos armados ilegales y la pobreza. “No es la falta de presencia de las Fuerzas Militares, es la presencia integral del Estado con programas de desarrollo”, precisó. Víctor Carpio, representante de población pueblos indígenas, dijo: “Tenemos preocupación por las amenazas debido a la persistencia de las dinámicas de violencia en nuestros territorios, relacionadas con la disputa territorial de grupos armados y narcotráfico”.

Por su parte, Wellinton Ibargüen, alcalde Litoral de El San Juan, ubicado en el departamento del Chocó, expresó que en estos municipios el presupuesto es muy bajo y pidió la atención del Gobierno con más recursos. “Cuando se presentan emergencias sólo nos acompañan la Unidad de Víctimas, el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (Icbf), la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública”, dijo Ibargüen. Entre tanto, Delcy Falla, representante de la población de Putumayo, enunció que más del 51% de la población son víctimas. “Se han registrado 77 asesinatos a líderes y lideresas desde 2017 y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”, comentó. La gobernadora del Putumayo, Sorrel Aroca, afirmó en la audiencia pública que en 2018 se han presentado 1015 desplazamientos, 23 homicidios y siete hechos de desaparición forzada.

“La solicitud puntual es el acompañamiento e implementar acciones diferenciales por parte del Estado para territorios como Nariño”, dijo Camilo Romero, gobernador de Nariño. Por parte del Gobierno, ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez, expresó que, según el mapa de riesgos, un 10% de municipios tienen un alto riesgo de desplazamiento. "La atención a los desafíos implica la articulación del Gobierno Nacional, armonización con otras entidades del Estado y coordinación con las entidades territoriales", dijo la ministra. (Lea también: Amnistía Internacional pide al Gobierno detener desplazamientos forzados)