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La exsenadora Piedad Córdoba figura en la lista de políticos y otras personalidades que fueron seguidos, sus teléfonos intervenidos y otras acciones de carácter ilegal por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por el hecho de hacer parte de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe. Por estas acciones, u juez administrativo de Bogotá condenó a la nación a pagarle una indemnización a pedirle disculpas públicas a la exsenadora del Partido Liberal por la persecución realizada por un organismo del Estado.
::Piedad Córdoba pide disculpas públicas del Estado por persecución del extinto DAS::
Dentro del proceso, se pudo determinar que desde el extinto DAS se publicó información falsa de Córdoba con la única intención de desprestigiarla. Estas mentiras habrían desatado un proceso judicial en contra de la exsenadora. Así mismo habría generado la imagen dentro de la población de que la candidata estaba vinculada con grupos al margen, lo que generó la animadversión de varios sectores de la población.
Por las acciones en contra de la excongresista fueron condenados tanto presidencia como el extinto DAS -representado por Fiduprevisora, empresa que tiene la fiducia de los recursos para posibles indemnizaciones del extinto órgano de inteligencia-. Estos dos organismos no solo tendrán que indemnizar a la demandante y su familia, sino que tendrán que presentarle disculpas públicas y reconocer la violación de varios de sus derechos.
(Puede ver: Consejo de Estado reintegró a la vida política a Piedad Córdoba)
En reiteradas ocasiones, Piedad Córdoba ha pedido que el Estado le presente disculpas públicas por los seguimientos y acciones en su contra realizadas por el DAS. En 2017, le solicitó a la presidencia y a los ministerios del Interior y de Defensa que realizaran un acto de desagravio ya que los seguimientos, chuzadas e información falsa difundida le afectaron su honra y buen nombre.
En ese momento, Córdoba aseguró: “En mi caso particular, hizo muchísimo daño, yo creo que hay un daño absolutamente irreparable, porque se generó un crimen de odio”. Así mismo dijo que desde el gobierno debía realizarse “un acto público donde se ofrezcan disculpas a quienes se les afectó su honra y buen nombre con las campañas de desprestigio desplegadas”, reconociendo que no solo fue ella la afectada por las acciones del extinto órgano de inteligencia.
::Las sanciones de la Procuraduría contra Piedad Córdoba que fueron tumbadas::
Los rumores sobre la presunta relación no solo crearon un ambiente en su contra, sino que incluso le llegaron a costar su vida política por varios años. Por estos supuestos vínculos con grupos guerrilleros, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez destituyó a Córdoba y la inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos. La sanción estuvo en pie por 6 años hasta que el Consejo de Estado señaló que las supuestas pruebas en contra de la exsenadora no eran legítimas.
Por el caso de las chuzadas ya fue condenado a siete años y diez meses de prisión el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes. Para la Corte Suprema, el exfuncionario fue responsable de las chuzadas y seguimientos ilegales que el extinto organismo de seguridad ordenó realizar entre 2002 y 2005, a través de un grupo que se llamó G-3, en contra de Piedad Córdoba y otras personalidades opositores al gobierno de Álvaro Uribe.
Según la investigación, las interceptaciones se hicieron bajo la supervisión y beneplácito de Jorge Noguera: “Contaba con el concurso y apoyo de la dirección de inteligencia para el cumplimiento de sus objetivos, incluso de las seccionales”. Así mismo se encontró que el director, junto a José Miguel Narváez, creó y organizó un grupo dentro del DAS, llamado G-3, para cometer delitos amparados en la “llamada inteligencia estratégica”:
::Condenan a Jorge Noguera y piden que se contemple investigar a Uribe::
"Lo expuesto deja al descubierto la conducta ilícita de Jorge Noguera, quien en su condición de director del DAS a través de la dirección general de inteligencia y el G-3 dirigió y encabezó una organización criminal conformada por miembros de ese organismo en marzo de 2003, la cual bajo la apariencia de adelantar labores de inteligencia estratégica, interceptó comunicaciones privadas con los equipos de la entidad y llevó a cabo seguimientos pasivos y patrimoniales, por fuera de la ley", dijo la Corte al condenar al exfuncionario.
Durante este caso, la Fiscalía aseguró que “es evidente que tales seguimientos se solicitaban y realizaban de manera arbitraria e injusta con abuso de las funciones de los servidores del DAS, pues no obedecían a motivación alguna que justificaran la intromisión indebida al derecho a la intimidad de personas y organizaciones. Por si fuera poco, no solamente se incurrieron en seguimientos masivos y arbitrarios de las víctimas, sino que se ejecutaron seguimientos patrimoniales y financieros”.