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Jaime Granados, quien defiende los intereses del coronel (r) del Ejército, Luis Alfonso Plazas Vega, manifestó que su cliente evalúa la posibilidad de demandar al Estado, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, por la detención “injusta” de la que considera fue objeto el coronel por cuenta de las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. (En video: Palacio de Justicia: "El día que el fútbol ocultó el holocausto")
Según el jurista, cuando una persona es privada de la libertad de manera injusta, tiene derecho a ser reparada por el daño que ha sufrido. En ese sentido, Granados radicó este martes una convocatoria de una conciliación ante el Ministerio Público. “Agotado ese trámite hay dos posibilidades: se concilia o se considera fallida esa audiencia, por lo que estaremos en libertad de presentar la demanda ante el Tribunal de Cundinamarca que es la competente para conocer dicha demanda”, precisó. (Le podría interesar: Del Palacio de Justicia nunca se sabrá todo)
Frente a este caso, en junio de 2010, el juzgado tercero especializado de Bogotá determinó que el coronel (r) era responsable de la desaparición forzada de diez civiles y una guerrillera del M-19, y lo condenó a 30 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la condena, pues concluyó que en los casos de Carlos Rodríguez e Irma Franco la evidencia era suficiente para atribuirle a Plazas Vega responsabilidad por su desaparición.
Sin embargo, el 16 de diciembre de 2015, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no existen pruebas que vinculen directamente al excomandante de la Escuela de Caballería con la desaparición Rodríguez y Franco. En concepto del alto tribunal, el oficial en retiro no adelantó tareas de inteligencia en la Casa del Florero, sitio donde eran llevadas las personas que eran liberadas del Palacio de Justicia.
Granados expresó que es una demanda extensa, soportada y, además, contiene un dictamen pericial de los daños ocasionados al oficial (r) del Ejército. Sin embargo, precisó que la demanda no la hará pública hasta que el trámite del Ministerio Público finalice, pues “sería irrespetuoso ventilar en los medios de comunicación las pretensiones (de la demanda)”.