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La Sala Plena de la Corte Constitucional falló a favor de la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol) la tutela que ese grupo de campesinos había interpuesto para que les regresaran más de 1.800 hectáreas de la Hacienda Bellacruz que según ellos, los paramilitares les habían despojado en 1996 y que hoy pertenecen al empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca.
En el fallo, el alto tribunal le ordena a la Agencia Nacional de Tierras iniciar el proceso de devolución de baldíos a los campesinos reclamantes de los predios de la Hacienda Bellacruz, la finca de 5.5000 hectáreas ubicada al sur del César. En igual sentido, le ordenó al Superintendente de Notariado y Registro cancelar los registros de propiedad actuales.
El fallo exige además que a más tardar dentro de un año el proceso de división y ocupación de los baldíos esté completado, y que dicho procedimiento se realice bajo la supervisión de los organismos de control (Procuraduría, Contraloría y Defensoría), que, al igual que la Agencia Nacional de Tierras, deberán entregar informes bimensuales de los avances.
La Hacienda Bellacruz, ubicada en el municipio La Gloria al sur de Cesar, ha sido objeto de disputa desde hace varios años. En 2007, la empresa La Dolce Vista Estate, cuyo principal accionista es Efromovich, comenzó a desarrollar un cultivo de palma africana en toda la extensión del predio. (Ver Corte Constitucional dictó medidas cautelares a la población desplazada de la Hacienda Bellacruz)
Pero en 2013, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que 1.178 hectáreas de la finca eran baldíos, de acuerdo a la Ley 160 de 1994, y que por ello debían ser regresados a la Nación para que las adjudicara a los campesinos. (Ver Buscan recuperar 1.200 hectáreas baldías en hacienda Bellacruz en el Cesar)
Sin embargo, el año pasado esa misma entidad tumbó los decretos y estableció que los terrenos sí pertenecían al empresario. Fue por eso que en junio de 2015 un grupo de campesinos de Asocol se tomó los terrenos de la hacienda argumentando que en 1996 habían sido despojados por el Bloque Héctor Julio Peinado Becerra bajo las órdenes de Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada”.
Ante las acciones de los labriegos, el empresario Germán Efromovich afirmó haberle comprado la finca a la familia de Alberto Marulanda, que a su vez, había adquirido buena parte de los predios en 1995, antes de que llegara el bloque de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que los desplazaría.
Con esta decisión, el alto tribunal le dio la razón a los campesinos reclamantes y ordenó poner en marcha el proceso de adjudicación de los terrenos del Estado. La Corte señaló además que “en caso de que algunos de los predios no sean objeto de adjudicación, se incluirán como bienes baldíos en Fondo Nacional Agrario para ser adjudicados a la población campesina que cumpla con los requisitos establecidos en la ley”.