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Los primeros casos de COVID-19 en población carcelaria se confirmaron en la cárcel de Villavicencio con dos muertos y una persona hospitalizada, aunque se desconoce si el contagio del virus se hizo en la cárcel local. Con todas las alarmas encendidas, senadores, analistas, guardianes del Inpec, reclusos y alcaldes están reclamando al Gobierno para que de manera urgente expida el decreto de excarcelación masiva que pretende descongestionar las prisiones.
En diálogo con El Espectador, Ricardo*, quien está detenido en el ERON La Picota, calificó de precaria su situación pues no tienen elementos de bioseguridad. Los tapabocas que tienen los hicieron ellos mismos y -dijo- recibieron un tarro de jabón líquido para 212 personas. “Hemos optado por no salir del patio ni no dejar entrar a nadie. Hemos hablado con la guardia y están muy preocupados, aseguró.
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“Hay algunos guardianes que dicen que no se van a quedar acá. Es entendible porque son seres humanos. Necesitamos que aceleren el decreto para que haya excarcelación. En el momento que llegue la pandemia de 9.000 internos, ¿cuántos van a fallecer? Se están violando los derechos humanos”, aseguró. En la cárcel hay personas con enfermedad respiratoria y personas mayores de 60 años.
Según Ricardo, en esa cárcel no se han hecho jornadas para identificar presos con posibles síntomas o con enfermedades que impliquen un riesgo de cara al coronavirus. “No se ha hecho un tamizaje para nosotros. Nos dicen que llegaron tres compañeros de Villavicencio una semana y no les han hecho exámenes”, afirma.
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“Necesitamos que el gobierno de Iván Duque respete nuestra vida porque no puede haber colombianos de primera y tercera categoría. ¿Qué está esperando? ¿Qué haya 5.000 o 7.000 muertos? ¿Qué está esperando el fiscal? ¿Dónde están los jueces de ejecución de penas? No hay una política criminal verdadera”, asegura. El reclamo de este recluso al fiscal general Francisco Barbosa está relacionado con las críticas que este hizo el borrador del decreto de excarcelación.
Según Barbosa, el decreto sería inconstitucional por múltiples razones. Primero, porque así una persona salga a prisión domiciliaria no le quita la carga al Estado de velar por su bienestar, porque la libertad aliviaría el hacinamiento, pero no sería una medida sanitaria y pondría en riesgo la seguridad ciudadana, entre otros.
En respuesta, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil Sentencia T-388 de 2013 (que declaró un estado de cosas inconstitucionales en materia carcelaria) asegura que los argumentos son falaces. “Resulta cuestionable que, a juicio de la Fiscalía, una afectación a la seguridad ciudadana habilite al Estado para no adoptar las medidas relevantes que permitan reducir el grave riesgo que enfrenta la población privada de la libertad frente a la llegada del SARS-Cov-2, el cual se puede materializar en graves afectaciones a la salud e incluso a la vida”, dice el documento.
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Este domingo se conoció el reclamo de varios guardianes del Inpec que, en redes sociales, aseguran que han tenido que hacer recolectas y rifas para comprar tapabocas. El personal de sanidad de las prisiones también ha expresado a los reclusos sus temores de contagio. El senador Alexander López compartió un comunicado en el que recoge las posiciones de varios guardianes que le han comunicado si intención de renunciar si no les dan garantías para tratar el COVID-19.
Así se lo expresaron 86 funcionarios con los que sostuvo una reunión virtual. En el comunicado se afirma que los guardianes prefieren quedarse en casa “aguantando hambre que morirnos contagiados”. Los guardianes agregaron que en algunas cárceles no hay agua las 24 horas ni cuentan con servicio médico en las noches o en los fines de semana. El senador López solicitó al gobierno “acciones necesarias para garantizarle la salud y la vida a los trabajadores y a los internos quienes están gravemente expuestos”.
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“Tenemos toda la disposición de ayudar, de sumar voluntades, pero necesitamos apoyo del Gobierno nacional en agilizar procedimientos que nos permitan el traslado de los reclusos a un aislamiento seguro con disposición de personal de salud, por eso requerimos en atención a la crisis, el Centro de reclusión de menores Yari, así como acompañamiento nacional del Ministerio de Salud y Justicia frente a la contingencia”, dijo el alcalde.
Villavicencio inaugurará un centro de atención de casos respiratorios para habitantes de la ciudad, por lo que suma a las solicitudes al Presidente Duque, la dotación para la Clínica Marta. “Presentamos un proyecto a la Presidencia, ya tenemos toda la infraestructura lista con las condiciones de asepsia y desinfección que se requerían y que eran de nuestra competencia, solo estamos a la espera de la dotación”, dijo el alcalde Harman.