"Decir que hoy se violan más mujeres porque se puede abortar es indigno": abogada

¿Creen que Colombia está preparada para hablar de aborto sin restricciones, al menos en el primer trimestre? 
En Colombia el aborto es legal desde hace 14 años y toda persona puede acceder al mismo a través de las causales establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006, es decir, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida y la salud de la mujer – incluyendo salud mental-, cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando el feto tenga una incompatibilidad con la vida fuera del útero. Sin duda este ha sido un avance muy importante para las mujeres y niñas en Colombia. (“Un aborto se debe hacer tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario”: Mónica Roa)

Sin embargo, estos años han persistido múltiples barreras para poder acceder a este servicio de salud. Algunas relacionadas con falta de información, exigencia de requisitos adicionales, señalamientos y estigmatización o la negación del servicio por interpretaciones restrictivas de las causales. Esto nos muestra que es necesario al menos, tener una conversación e implementar medidas para mejorar el acceso al aborto legal, pues, de otro modo, seguiremos empujando a las personas a acudir a abortos inseguros en la clandestinidad y seguiremos negándole a las mujeres su derecho de participar en plena igualdad en la sociedad. El aborto sin restricciones puede ser una de esas medidas.

¿Está alguna vez una sociedad preparada para despenalizar por completo el aborto? 

Para las organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos es claro que el acceso al aborto legal es un tema importante y que debe priorizarse, porque entre mayores sean las barreras para acceder al aborto seguro, más estaremos empujando a las mujeres a acudir a procedimientos en la clandestinidad. En otras palabras, entre más avancemos para mejorar el acceso al aborto seguro, más vidas de mujeres y niñas se salvan. Más les permitimos a nuestras mujeres vivir plena, dignamente y sin discriminación. Cuando se ve el tema desde esta perspectiva, es fácil comprender por qué impulsar medidas para eliminar las barreras es un tema urgente y apremiante para cualquier sociedad, porque se trata de garantizar derechos. El aborto es un servicio de salud, de salud sexual y reproductiva, por ello debemos sacar la discusión de la política criminal y trasladarla a las políticas públicas de salud.

En la experiencia que han acumulado ustedes en múltiples países, ¿qué han visto que pueda llevar a una mujer a querer interrumpir su embarazo aun cuando va tan avanzado? 

En muchos casos puede tener relación con no conocer que se encuentra en embarazo. Desde la organización en la que trabajo litigamos casos de niñas en Guatemala, Nicaragua y Ecuador que fueron víctimas de violacion, quedaron en embarazo y por falta de acceso a educación e información en salud sexual y reproductiva en contextos rurales, no supieron que estaban en embarazo sino hasta un periodo avanzado del embarazo. Estas niñas no pudieron acceder al aborto y fueron obligadas a seguir adelante con el embarazo, a dar a luz a sus 13 años de edad y ser madres. Esto les ha quitado la oportunidad de ser niñas, de jugar, de asistir al colegio y de desarrollar sus potencialidades. Son historias muy dolorosas en donde las niñas, las adolescentes y mujeres somos violentadas y discriminadas. (En video No podemos ver a las mujeres como un útero para gestar embarazos: asesor de Profamilia)

Otra razón puede ser no conocer que su caso se encuentra amparado en las causales, por la desinformación existente en el tema o porque cuando acuden a las instituciones de salud, no se les provee adecuadamente esa información, por ejemplo mencionándoles que no están en las causales por interpretarlas restrictivamente. También en otros casos se puede deber a que la mujer enfrente una situación de violencia por su pareja o su entorno, que le impida acercarse a los servicios de salud para valorar su caso. Este es el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en zonas rurales o pueblos pequeños que temen que su confidencialidad sea rota por los servicios de salud – como sucede en muchos casos- por lo cual pueden quedar en riesgo de que sus agresores se enteren de que ellas han hablado de su caso y las amenacen.

En otros casos también puede ser porque algunas incompatibilidades del feto con la vida extrauterina sólo pueden detectarse durante o después del segundo trimestre, por lo que la mujer tendría imposibilidad total de saber que está en las causales en una etapa temprana del embarazo. Finalmente, también puede tratarse de casos donde una condición de salud aparece durante el embarazo, que no estaba presente en las primeras etapas del mismo.

¿Por qué persisten esas barreras para abortar en Colombia, a pesar de que han pasado 14 años desde la sentencia de despenalización parcial de la Corte? 

Las medidas adoptadas para la implementación de la sentencia no han sido suficientes. Aunque la Corte ha sido muy clara en cómo se deben aplicar las causales, y respecto a las obligaciones que tienen los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras de servicios, hay poco desarrollo de protocolos y guías que permitan establecer la forma en que debe prestarse el servicio con el debido detalle, lo cual hace que las entidades tengan un panorama menos claro de cómo cumplir con la sentencia. También obedece a que el sistema de vigilancia de salud no ha sido eficaz para hacer responsables a las entidades y profesionales de la salud que interponen obstáculos e incurren en malos tratos contra las mujeres que acuden al servicio. Esto causa una sensación de que incumplir con las obligaciones que les asisten frente a la IVE no tiene ninguna consecuencia. (La soledad de la mujer que aborta)

Una de las dos demandas que presentó la abogada Natalia Bernal indica que en Colombia han aumentado los abusos sexuales porque los agresores se saben “impunes”: si hay embarazo, habrá aborto. ¿Tiene sentido un argumento así?

Es un argumento muy indigno. Primero respondo desde lo personal, para decir que ningún, ningún abuso sexual puede ser justificado bajo ninguna circunstancia y mucho menos atribuírselo al hecho de que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su vida y acceder a un servicio de salud. Es decir, bajo ninguna circunstancia prohibirle a una mujer abortar el producto de un embarazo resultado de una violacion, sería una ecuación para disminuir los abusos sexuales. Tomemos por ejemplo a Honduras en donde persiste una penalización absoluta del aborto, -incluidos en los casos en los cuales el embarazo sea producto de una violacion- y es uno de los países de la región con más altas tasas de violencia sexual. Entrando a lo técnico, ese es uno de los puntos en los que nos centramos en nuestras intervenciones en la Corte Constitucional. La demandante afirma que tal relación existe sin presentar siquiera una sola evidencia de esa supuesta relación. Es decir, observa únicamente el incremento de las denuncias por el tema y procede automáticamente a atribuírselo a la despenalización del aborto por causales en el 2006. Consideramos que tal afirmación no tiene un sustento suficiente para ser tomada como válida. El incremento en esas denuncias se puede deber a muchos factores que son ignorados por la demandante, por ejemplo, que las políticas de prevención del abuso sexual no están funcionando o que haya mayor conocimiento entre la población sobre lo que constituye abuso, lo que haga que ahora haya mejores posibilidades de identificar su ocurrencia y denunciarlo.

Parece haber un temor enorme a que despenalizar el aborto por completo traduzca en método anticonceptivo. ¿Tiene sentido ese razonamiento? 

No lo tiene. Comprendemos que este tipo de afirmaciones responden a la preocupación de que despenalizar el aborto tenga por efecto el incremento de la realización de estos procedimientos. Sin embargo, la experiencia muestra que siempre que se despenaliza el aborto, se crea un ambiente más favorable para el acceso a otros servicios de salud sexual y reproductiva, como educación sexual y métodos anticonceptivos, lo cual previene en mayor medida la ocurrencia de embarazos no deseados. Esto implica que la despenalización disminuye el aborto inseguro y, en consecuencia, las muertes y daños a la salud asociados a éste, así como la ocurrencia misma de más abortos. Asimismo quisiera resaltar que las personas que no están de acuerdo con abortar no tendrán que hacerlo nunca.

¿Hay registro de algún lugar en el mundo donde las cifras de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) se hayan disparado a raíz de su despenalización?

No, en realidad la tendencia es la contraria. Según la Organización Mundial de la Salud, son las leyes restrictivas las que van asociadas a tasas elevadas de aborto.

​¿En qué beneficia a la sociedad que se permita el aborto sin restricciones?

Como mencionamos, es una medida eficaz para eliminar las barreras que impiden que las mujeres y niñas accedan a abortos en condiciones seguras, lo que garantiza la disminución de los abortos en condiciones de riesgo, es decir aquellos que pueden causar graves daños a la salud o la muerte.
Por otra parte, cuando se toman estas medidas se crea un ambiente más favorable para tomar medidas integrales de salud reproductiva, como mejoras en la educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos que permitan la prevención de embarazos no deseados. (Habla la abogada que reabrió debate sobre el aborto en la Corte Constitucional)

¿Por qué entender el aborto como un servicio de salud?

Porque corresponde a una garantía mínima de protección de varios derechos humanos de las mujeres y niñas, como el derecho a la vida, a la integridad, su dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencias y por supuesto, el derecho a la salud. Ver el aborto sólo desde una perspectiva de delito, por ejemplo, adoptando una penalización total o manteniendo leyes restrictivas implica necesariamente la violación de esos derechos humanos y un incumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia que tienen los Estados, tal como lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura e incluso el Comité de los Derechos del Niño.

¿Por qué los límites a la IVE reflejan un problema socioeconómico también?

Porque las mujeres más afectadas por las restricciones son aquellas que tienen menos recursos económicos, menos acceso a servicios de salud, menos información, menos acceso a educación. Esto implica que eliminar las barreras a la IVE y levantar las restricciones a la misma también se convierte en un asunto de justicia social. Por ejemplo, desde el Centro de Derechos Reproductivos, representamos casos en El Salvador de mujeres que han sufrido abortos espontáneos y que como consecuencia de la penalización absoluta del aborto en El Salvador terminan siendo criminalizadas y enviadas a la cárcel hasta por 40 años por algo que ellas mismas no provocaron. Es completamente discriminatorio, más cuando al valorar el perfil de las mujeres injustamente encarceladas nos encontraremos ante mujeres de escasos recursos, con un índice bajo de educación y la mayoría provenientes de zonas rurales. Estas situaciones se replican en toda America Latina. En general, las mujeres han sido excluidas del goce del derecho a la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas, por ejemplo, para enfrentar el poder sancionatorio del Estado.

¿Qué hace del aborto un derecho fundamental para las mujeres?

En Colombia es un derecho fundamental porque así lo ha establecido la Corte Constitucional por varios años. Pero no solo obedece a ese reconocimiento, dado que el acceso al aborto legal es un mínimo de derechos humanos que está reconocido por el consenso de todos los comités de monitoreo de derechos humanos de Naciones Unidas. Por tal razón, constituye una obligación de derechos humanos para los Estados permitir y garantizar el acceso en condiciones seguras para las mujeres y niñas.

Ustedes pidieron a la Corte que se inhiba de fallar. ¿No puede ser esta una oportunidad de oro para avanzar en el tema del aborto en Colombia?

En su momento consideramos que la demanda presentada por la abogada Natalia Bernal Cano no contaba con argumentos jurídicos para la pretensión que ella tiene, que es penalizar el aborto en todos los casos. Por la información que ha trascendido en los medios nos enteramos que existe la propuesta de despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras semanas y posteriormente permitir las causales como se encuentran establecidas actualmente. Creemos que esta discusión es el resultado natural de la cantidad de barreras y obstáculos que la Corte Constitucional ha podido evidenciar y consideramos que sería un avance muy importante para la eliminación de esos obstáculos. En vista de esa propuesta, las organizaciones que trabajamos en el tema consideramos importante que, de fijarse, los plazos sean suficientemente amplios para que verdaderamente beneficien a las mujeres más afectadas por la pobreza o que viven en zonas rurales alejadas con poco acceso a los servicios de salud.

¿Creen que Colombia está preparada para hablar de aborto sin restricciones, al menos en el primer trimestre? 
En Colombia el aborto es legal desde hace 14 años y toda persona puede acceder al mismo a través de las causales establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006, es decir, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida y la salud de la mujer – incluyendo salud mental-, cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando el feto tenga una incompatibilidad con la vida fuera del útero. Sin duda este ha sido un avance muy importante para las mujeres y niñas en Colombia. (“Un aborto se debe hacer tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario”: Mónica Roa)

Sin embargo, estos años han persistido múltiples barreras para poder acceder a este servicio de salud. Algunas relacionadas con falta de información, exigencia de requisitos adicionales, señalamientos y estigmatización o la negación del servicio por interpretaciones restrictivas de las causales. Esto nos muestra que es necesario al menos, tener una conversación e implementar medidas para mejorar el acceso al aborto legal, pues, de otro modo, seguiremos empujando a las personas a acudir a abortos inseguros en la clandestinidad y seguiremos negándole a las mujeres su derecho de participar en plena igualdad en la sociedad. El aborto sin restricciones puede ser una de esas medidas.

¿Está alguna vez una sociedad preparada para despenalizar por completo el aborto? 

Para las organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos es claro que el acceso al aborto legal es un tema importante y que debe priorizarse, porque entre mayores sean las barreras para acceder al aborto seguro, más estaremos empujando a las mujeres a acudir a procedimientos en la clandestinidad. En otras palabras, entre más avancemos para mejorar el acceso al aborto seguro, más vidas de mujeres y niñas se salvan. Más les permitimos a nuestras mujeres vivir plena, dignamente y sin discriminación. Cuando se ve el tema desde esta perspectiva, es fácil comprender por qué impulsar medidas para eliminar las barreras es un tema urgente y apremiante para cualquier sociedad, porque se trata de garantizar derechos. El aborto es un servicio de salud, de salud sexual y reproductiva, por ello debemos sacar la discusión de la política criminal y trasladarla a las políticas públicas de salud.

En la experiencia que han acumulado ustedes en múltiples países, ¿qué han visto que pueda llevar a una mujer a querer interrumpir su embarazo aun cuando va tan avanzado? 

En muchos casos puede tener relación con no conocer que se encuentra en embarazo. Desde la organización en la que trabajo litigamos casos de niñas en Guatemala, Nicaragua y Ecuador que fueron víctimas de violacion, quedaron en embarazo y por falta de acceso a educación e información en salud sexual y reproductiva en contextos rurales, no supieron que estaban en embarazo sino hasta un periodo avanzado del embarazo. Estas niñas no pudieron acceder al aborto y fueron obligadas a seguir adelante con el embarazo, a dar a luz a sus 13 años de edad y ser madres. Esto les ha quitado la oportunidad de ser niñas, de jugar, de asistir al colegio y de desarrollar sus potencialidades. Son historias muy dolorosas en donde las niñas, las adolescentes y mujeres somos violentadas y discriminadas. (En video No podemos ver a las mujeres como un útero para gestar embarazos: asesor de Profamilia)

Otra razón puede ser no conocer que su caso se encuentra amparado en las causales, por la desinformación existente en el tema o porque cuando acuden a las instituciones de salud, no se les provee adecuadamente esa información, por ejemplo mencionándoles que no están en las causales por interpretarlas restrictivamente. También en otros casos se puede deber a que la mujer enfrente una situación de violencia por su pareja o su entorno, que le impida acercarse a los servicios de salud para valorar su caso. Este es el caso de mujeres víctimas de violencia sexual en zonas rurales o pueblos pequeños que temen que su confidencialidad sea rota por los servicios de salud – como sucede en muchos casos- por lo cual pueden quedar en riesgo de que sus agresores se enteren de que ellas han hablado de su caso y las amenacen.

En otros casos también puede ser porque algunas incompatibilidades del feto con la vida extrauterina sólo pueden detectarse durante o después del segundo trimestre, por lo que la mujer tendría imposibilidad total de saber que está en las causales en una etapa temprana del embarazo. Finalmente, también puede tratarse de casos donde una condición de salud aparece durante el embarazo, que no estaba presente en las primeras etapas del mismo.

¿Por qué persisten esas barreras para abortar en Colombia, a pesar de que han pasado 14 años desde la sentencia de despenalización parcial de la Corte? 

Las medidas adoptadas para la implementación de la sentencia no han sido suficientes. Aunque la Corte ha sido muy clara en cómo se deben aplicar las causales, y respecto a las obligaciones que tienen los profesionales de la salud y las instituciones prestadoras de servicios, hay poco desarrollo de protocolos y guías que permitan establecer la forma en que debe prestarse el servicio con el debido detalle, lo cual hace que las entidades tengan un panorama menos claro de cómo cumplir con la sentencia. También obedece a que el sistema de vigilancia de salud no ha sido eficaz para hacer responsables a las entidades y profesionales de la salud que interponen obstáculos e incurren en malos tratos contra las mujeres que acuden al servicio. Esto causa una sensación de que incumplir con las obligaciones que les asisten frente a la IVE no tiene ninguna consecuencia. (La soledad de la mujer que aborta)

Una de las dos demandas que presentó la abogada Natalia Bernal indica que en Colombia han aumentado los abusos sexuales porque los agresores se saben “impunes”: si hay embarazo, habrá aborto. ¿Tiene sentido un argumento así?

Es un argumento muy indigno. Primero respondo desde lo personal, para decir que ningún, ningún abuso sexual puede ser justificado bajo ninguna circunstancia y mucho menos atribuírselo al hecho de que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y su vida y acceder a un servicio de salud. Es decir, bajo ninguna circunstancia prohibirle a una mujer abortar el producto de un embarazo resultado de una violacion, sería una ecuación para disminuir los abusos sexuales. Tomemos por ejemplo a Honduras en donde persiste una penalización absoluta del aborto, -incluidos en los casos en los cuales el embarazo sea producto de una violacion- y es uno de los países de la región con más altas tasas de violencia sexual. Entrando a lo técnico, ese es uno de los puntos en los que nos centramos en nuestras intervenciones en la Corte Constitucional. La demandante afirma que tal relación existe sin presentar siquiera una sola evidencia de esa supuesta relación. Es decir, observa únicamente el incremento de las denuncias por el tema y procede automáticamente a atribuírselo a la despenalización del aborto por causales en el 2006. Consideramos que tal afirmación no tiene un sustento suficiente para ser tomada como válida. El incremento en esas denuncias se puede deber a muchos factores que son ignorados por la demandante, por ejemplo, que las políticas de prevención del abuso sexual no están funcionando o que haya mayor conocimiento entre la población sobre lo que constituye abuso, lo que haga que ahora haya mejores posibilidades de identificar su ocurrencia y denunciarlo.

Parece haber un temor enorme a que despenalizar el aborto por completo traduzca en método anticonceptivo. ¿Tiene sentido ese razonamiento? 

No lo tiene. Comprendemos que este tipo de afirmaciones responden a la preocupación de que despenalizar el aborto tenga por efecto el incremento de la realización de estos procedimientos. Sin embargo, la experiencia muestra que siempre que se despenaliza el aborto, se crea un ambiente más favorable para el acceso a otros servicios de salud sexual y reproductiva, como educación sexual y métodos anticonceptivos, lo cual previene en mayor medida la ocurrencia de embarazos no deseados. Esto implica que la despenalización disminuye el aborto inseguro y, en consecuencia, las muertes y daños a la salud asociados a éste, así como la ocurrencia misma de más abortos. Asimismo quisiera resaltar que las personas que no están de acuerdo con abortar no tendrán que hacerlo nunca.

¿Hay registro de algún lugar en el mundo donde las cifras de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) se hayan disparado a raíz de su despenalización?

No, en realidad la tendencia es la contraria. Según la Organización Mundial de la Salud, son las leyes restrictivas las que van asociadas a tasas elevadas de aborto.

​¿En qué beneficia a la sociedad que se permita el aborto sin restricciones?

Como mencionamos, es una medida eficaz para eliminar las barreras que impiden que las mujeres y niñas accedan a abortos en condiciones seguras, lo que garantiza la disminución de los abortos en condiciones de riesgo, es decir aquellos que pueden causar graves daños a la salud o la muerte.
Por otra parte, cuando se toman estas medidas se crea un ambiente más favorable para tomar medidas integrales de salud reproductiva, como mejoras en la educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos que permitan la prevención de embarazos no deseados. (Habla la abogada que reabrió debate sobre el aborto en la Corte Constitucional)

¿Por qué entender el aborto como un servicio de salud?

Porque corresponde a una garantía mínima de protección de varios derechos humanos de las mujeres y niñas, como el derecho a la vida, a la integridad, su dignidad humana, a la igualdad y no discriminación, el derecho a una vida libre de violencias y por supuesto, el derecho a la salud. Ver el aborto sólo desde una perspectiva de delito, por ejemplo, adoptando una penalización total o manteniendo leyes restrictivas implica necesariamente la violación de esos derechos humanos y un incumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia que tienen los Estados, tal como lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer, el Comité contra la Tortura e incluso el Comité de los Derechos del Niño.

¿Por qué los límites a la IVE reflejan un problema socioeconómico también?

Porque las mujeres más afectadas por las restricciones son aquellas que tienen menos recursos económicos, menos acceso a servicios de salud, menos información, menos acceso a educación. Esto implica que eliminar las barreras a la IVE y levantar las restricciones a la misma también se convierte en un asunto de justicia social. Por ejemplo, desde el Centro de Derechos Reproductivos, representamos casos en El Salvador de mujeres que han sufrido abortos espontáneos y que como consecuencia de la penalización absoluta del aborto en El Salvador terminan siendo criminalizadas y enviadas a la cárcel hasta por 40 años por algo que ellas mismas no provocaron. Es completamente discriminatorio, más cuando al valorar el perfil de las mujeres injustamente encarceladas nos encontraremos ante mujeres de escasos recursos, con un índice bajo de educación y la mayoría provenientes de zonas rurales. Estas situaciones se replican en toda America Latina. En general, las mujeres han sido excluidas del goce del derecho a la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas, por ejemplo, para enfrentar el poder sancionatorio del Estado.

¿Qué hace del aborto un derecho fundamental para las mujeres?

En Colombia es un derecho fundamental porque así lo ha establecido la Corte Constitucional por varios años. Pero no solo obedece a ese reconocimiento, dado que el acceso al aborto legal es un mínimo de derechos humanos que está reconocido por el consenso de todos los comités de monitoreo de derechos humanos de Naciones Unidas. Por tal razón, constituye una obligación de derechos humanos para los Estados permitir y garantizar el acceso en condiciones seguras para las mujeres y niñas.

Ustedes pidieron a la Corte que se inhiba de fallar. ¿No puede ser esta una oportunidad de oro para avanzar en el tema del aborto en Colombia?

En su momento consideramos que la demanda presentada por la abogada Natalia Bernal Cano no contaba con argumentos jurídicos para la pretensión que ella tiene, que es penalizar el aborto en todos los casos. Por la información que ha trascendido en los medios nos enteramos que existe la propuesta de despenalizar la interrupción del embarazo en las primeras semanas y posteriormente permitir las causales como se encuentran establecidas actualmente. Creemos que esta discusión es el resultado natural de la cantidad de barreras y obstáculos que la Corte Constitucional ha podido evidenciar y consideramos que sería un avance muy importante para la eliminación de esos obstáculos. En vista de esa propuesta, las organizaciones que trabajamos en el tema consideramos importante que, de fijarse, los plazos sean suficientemente amplios para que verdaderamente beneficien a las mujeres más afectadas por la pobreza o que viven en zonas rurales alejadas con poco acceso a los servicios de salud.