El capítulo Avianca en las chuzadas ilegales

El pasado domingo 16 de diciembre, cuando salía de una iglesia cristiana en compañía de su esposa y sus hijos, Luis Carlos Gómez Góngora fue abordado con sigilo por varios agentes del CTI vestidos de civil para notificarle una orden de captura expedida en su contra. Hasta ese momento, Gómez Góngora oficiaba como líder de la Sala Diamante de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía General, pero ahora, paradójicamente, es procesado por chuzadas ilegales realizadas desde el ente investigador.

Este es el nuevo capítulo del escándalo de las chuzadas ilegales que estalló el pasado mes de agosto y que, en cuatro meses, ha derivado en la apertura de procesos penales contra Humberto Guatibonza, general (r) de la Policía; los coroneles retirados Carlos Andrés Pérez y Jorge Humberto Salinas; Luis Mesías Quiroga, mayor (r) del Ejército; la hacker Marialicia Pinzón, los exfuncionarios Laude Fernández y Luis Carlos Gómez Góngora y los particulares Julián Villarraga y Carlos Arenas.

Aunque con los aportes iniciales de la hacker Marialicia Pinzón y del coronel (r) Jorge Salinas se clasificaron 175 carpetas digitales con todos los trabajos hechos por la red ilegal de chuzadas, el nuevo capítulo está asociado directamente con la denominada carpeta “Avianca”. Según la Fiscalía General, la red fue contratada para hacerles seguimientos ilegales a los directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), con motivo de la huelga de pilotos realizada en septiembre de 2017.

(Le sugerimos: Funcionario del CTI involucrado con chuzadas de Avianca irá a la cárcel)

Inicialmente la pesquisa determinó que el caso Avianca le llegó a la red de chuzadas ilegales por una referencia de Roberto Carlos Montenegro, funcionario de la Fiscalía. Cuando el ente investigador lo citó a declaración, primero admitió que conoce de tiempo atrás al coronel Jorge Salinas, porque ambos trabajaron en el Ejército en temas de inteligencia, y luego insistió en que lo único que hizo fue el contacto al ser consultado si conocía a alguien que hiciera estudios de seguridad.

Montenegro detalló que un día que regresaba a la Fiscalía de almorzar en el centro comercial Gran Estación, en compañía de su jefe Luis Carlos Gómez Góngora, se encontraron con una persona que él no conocía, pero Gómez sí. Se trataba de Laude José Fernández Arroyo, un reconocido investigador judicial que fue director de contrainteligencia en el DAS en la era Samper, entre otros altos cargos en el desaparecido organismo. En medio de la conversación surgió la pregunta sobre los estudios de seguridad.

Con la información suministrada por Montenegro, su jefe Luis Carlos Gómez y Laude Fernández contactaron al coronel (r) Salinas. El propósito era buscar información entre los directivos del sindicato de Avianca con ocasión de la huelga de pilotos. En ese momento, Fernández era directivo de la empresa Berkeley Research, que justamente había sido contratada por Avianca para asesorías en seguridad. Lo que ahora empieza a conocer la Fiscalía es cómo hicieron para concretar las averiguaciones.

(Lea también: Los chats que probarían las “chuzadas” al sindicato de pilotos de Avianca)

Desde el año 2011, en una Fiscalía especializada existía un proceso por desaparición forzada cuya última actuación estaba fechada en enero de 2014. Se trataba de la desaparición del ciudadano Johan Mona Granda. Según el ente investigador, Luis Carlos Gómez acudió al fiscal 32, que llevaba el caso, con el argumento de que la denunciante había aportado dos números telefónicos a la investigación judicial y resultaba pertinente interceptarlos. Es decir, supuestamente eran celulares del desaparecido.

La tarea le fue entregada a un analista que, treinta días después, entregó los resultados con las escuchas de los dos teléfonos celulares. No obstante, nada tenían que ver con el desaparecido, sino que uno de los números resultó ser el del celular del capitán Julián Gustavo Pinzón Saavedra, uno de los líderes del sindicato de Avianca. El analista, al margen de lo que estaba sucediendo, reportó que por esa línea lo único que se oyeron fueron temas sindicales, al punto de que recomendó cancelar la interceptación.

Sin embargo, pese a la evidencia de que nada tenía que ver con el proceso de la desaparición forzada, se sacaron tres copias en CD, aunque no quedaron registros de esa actuación en el sistema judicial. Con el tiempo, cuando estalló el escándalo de las chuzadas ilegales, la Fiscalía indagó si realmente el teléfono interceptado pertenecía al capitán Julián Pinzón, hecho que no solo fue ratificado, sino que el propio Pinzón reconoció sus conversaciones de tipo sindical con sus compañeros de trabajo.

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El fiscal 32 fue interrogado por la Fiscalía sobre lo sucedido y no solo admitió recordarlo, sino que reconoció que firmó las ordenes de interceptación porque Luis Carlos Gómez Góngora le dijo que era clave para mover el proceso de la desaparición. Además, aclaró que no tenía por qué desconfiar de uno de los coordinadores de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía, a quien conocía desde hacía por lo menos veinte años. El fiscal 32 precisó que después fue él quien pidió cancelar la interceptación.

El presidente de ACDAC, el capitán Jaime Hernández, declaró que para él y los directivos del sindicato fue una sorpresa saber que un alto funcionario de la Fiscalía estuvo detrás de las chuzadas ilegales a la organización. Hernández añadió que quedan dudas acerca de los procesos disciplinarios que se abrieron en Avianca y que terminaron en el despido de varios trabajadores, porque aún no es claro de dónde se sacaron las pruebas para adoptar esas determinaciones.

(Lea: Así se descubrió la nueva red de chuzadas ilegales)

Dentro de la asociación hoy predomina la visión de que desde el primer día de la huelga de pilotos comenzaron a sospechar que sus comunicaciones estaban interceptadas. Según ellos, la primera pista fue un mensaje falso enviado por WhatsApp sobre la supuesta enfermedad de un familiar de uno de sus integrantes. Toda la información sobre el capítulo Avianca fue encontrada en el computador de la hacker Marialicia Pinzón, pero quien aclaró el caso fue el coronel Jorge Humberto Salinas.

La empresa Avianca siempre ha negado cualquier nexo con la red de chuzadas. Como ha insistido públicamente, refiere que en abril de 2017 la compañía contrató a la multinacional Berkeley Research Group para adelantar algunas investigaciones sobre fraudes corporativos. Además, ha recalcado que la empresa A&G Seguridad Ltda., propiedad de Humberto Guatibonza, general (r) de la Policía, se presentó a una licitación para prestar servicios de seguridad, pero que no fue seleccionada.

A su vez, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez dejó entrever que algunas de esas interceptaciones se realizaron en las instalaciones mismas del ente investigador. Y, lo que es más grave, agregó que la evaluación de los hechos ha permitido determinar que al parecer hay otros 1.200 casos relacionados con la red de chuzadas ilegales. Por esta razón, en la actualidad se están adelantando procesos de auditoría a ochenta salas de la Fiscalía que se dedican a interceptar legalmente líneas telefónicas.

(En contexto: "Fui contratada para hacer trabajos de investigación": hacker Marialicia Pinzón)

Luis Carlos Gómez fue imputado por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. A pesar de que no aceptó los cargos de la Fiscalía, tras el proceso de su judicialización, según conoció El Espectador, aceptó adelantar un acuerdo de colaboración, pero desde la perspectiva de que en todo lo que hizo “solo cumplía órdenes”. La Fiscalía busca establecer si otros funcionarios están comprometidos y quiénes le pagaron por las interceptaciones ilegales.

Con 54 años y rango de técnico investigador II, Gómez Góngora, conocido como Peter, llevaba 24 años trabajando en la Fiscalía. Hoy está recluido en La Picota. En contraste, el abogado Laude Fernández, contra quien la Fiscalía imputó utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales, sigue libre, pues un juez concluyó que no representa peligro alguno para la sociedad.

El escándalo de la red de chuzadas ilegales se detectó a principios de mayo de 2017, a raíz de una denuncia contra una red de contrabando y robo de mercancía que operaba en la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Las pesquisas llevaron hasta Carlos Andrés Pérez, coronel (r) del Ejército, quien oficiaba como jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño). A partir de ese hallazgo, la Fiscalía decidió averiguar por las personas que se comunicaban con el exoficial.

(Lea también: Juez da casa por cárcel al general (r) Humberto Guatibonza por red de interceptaciones)

De esta manera se estableció que existía un grupo de personas que, por medio de empresas fachada, vendían servicios de interceptación a teléfonos celulares, recuperación de mensajes de WhatsApp, ubicación de teléfonos en tiempo real y obtención de claves de correos electrónicos, entre otros servicios. Las interceptaciones llevaron a Marialicia Pinzón y, por medio de ella, a los exoficiales del Ejército Jorge Humberto Salinas y Luis Quiroga Cubillos. Los cuatro citados fueron después capturados.

Fue en ese momento en el que la inspección de la Fiscalía comenzó a detallar los casos que manejaba la organización ilegal, uno de ellos relacionado con la empresa Avianca. El exoficial Quiroga fue quien aclaró la razón de este último caso: “Para saber qué estaban planeando después del paro realizado”. Es decir, para establecer, en tiempo real, lo que estaba pasando con el sindicato. Y la manera de hacerlo fue mediante los números celulares del presidente y el vicepresidente de ACDAC.

Lo demás es historia conocida. El caso Avianca fue apenas el más resonante, pero no el único. Hoy la Fiscalía busca establecer, por ejemplo, qué hay detrás de la interceptación de 13 líneas telefónicas en el capítulo “Providencia o Incauca”. Tampoco ha quedado claro si es cierto que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez fue blanco de los seguimientos e interceptaciones ilegales. De ese apartado, clasificado como “Faro 6” o “Trabajo especial prima de Navidad”, fechado a finales de 2017, poco se sabe.

Respecto al general (r) Humberto Guatibonza, hoy en detención domiciliaria, la Fiscalía trata de establecer si estuvo implicado en la red ilegal o si fue apenas un enlace para conseguir clientes, dada su larga trayectoria en la Policía, con acceso a empresarios de alto nivel. La Fiscalía tiene hasta el próximo 13 de enero para presentar el escrito de acusación en su contra. El exoficial se mantiene en su posición de que nada tiene que ver con ilegalidades ni chuzadas y que su nombre solo fue referenciado.

El pasado domingo 16 de diciembre, cuando salía de una iglesia cristiana en compañía de su esposa y sus hijos, Luis Carlos Gómez Góngora fue abordado con sigilo por varios agentes del CTI vestidos de civil para notificarle una orden de captura expedida en su contra. Hasta ese momento, Gómez Góngora oficiaba como líder de la Sala Diamante de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía General, pero ahora, paradójicamente, es procesado por chuzadas ilegales realizadas desde el ente investigador.

Este es el nuevo capítulo del escándalo de las chuzadas ilegales que estalló el pasado mes de agosto y que, en cuatro meses, ha derivado en la apertura de procesos penales contra Humberto Guatibonza, general (r) de la Policía; los coroneles retirados Carlos Andrés Pérez y Jorge Humberto Salinas; Luis Mesías Quiroga, mayor (r) del Ejército; la hacker Marialicia Pinzón, los exfuncionarios Laude Fernández y Luis Carlos Gómez Góngora y los particulares Julián Villarraga y Carlos Arenas.

Aunque con los aportes iniciales de la hacker Marialicia Pinzón y del coronel (r) Jorge Salinas se clasificaron 175 carpetas digitales con todos los trabajos hechos por la red ilegal de chuzadas, el nuevo capítulo está asociado directamente con la denominada carpeta “Avianca”. Según la Fiscalía General, la red fue contratada para hacerles seguimientos ilegales a los directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), con motivo de la huelga de pilotos realizada en septiembre de 2017.

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Inicialmente la pesquisa determinó que el caso Avianca le llegó a la red de chuzadas ilegales por una referencia de Roberto Carlos Montenegro, funcionario de la Fiscalía. Cuando el ente investigador lo citó a declaración, primero admitió que conoce de tiempo atrás al coronel Jorge Salinas, porque ambos trabajaron en el Ejército en temas de inteligencia, y luego insistió en que lo único que hizo fue el contacto al ser consultado si conocía a alguien que hiciera estudios de seguridad.

Montenegro detalló que un día que regresaba a la Fiscalía de almorzar en el centro comercial Gran Estación, en compañía de su jefe Luis Carlos Gómez Góngora, se encontraron con una persona que él no conocía, pero Gómez sí. Se trataba de Laude José Fernández Arroyo, un reconocido investigador judicial que fue director de contrainteligencia en el DAS en la era Samper, entre otros altos cargos en el desaparecido organismo. En medio de la conversación surgió la pregunta sobre los estudios de seguridad.

Con la información suministrada por Montenegro, su jefe Luis Carlos Gómez y Laude Fernández contactaron al coronel (r) Salinas. El propósito era buscar información entre los directivos del sindicato de Avianca con ocasión de la huelga de pilotos. En ese momento, Fernández era directivo de la empresa Berkeley Research, que justamente había sido contratada por Avianca para asesorías en seguridad. Lo que ahora empieza a conocer la Fiscalía es cómo hicieron para concretar las averiguaciones.

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Desde el año 2011, en una Fiscalía especializada existía un proceso por desaparición forzada cuya última actuación estaba fechada en enero de 2014. Se trataba de la desaparición del ciudadano Johan Mona Granda. Según el ente investigador, Luis Carlos Gómez acudió al fiscal 32, que llevaba el caso, con el argumento de que la denunciante había aportado dos números telefónicos a la investigación judicial y resultaba pertinente interceptarlos. Es decir, supuestamente eran celulares del desaparecido.

La tarea le fue entregada a un analista que, treinta días después, entregó los resultados con las escuchas de los dos teléfonos celulares. No obstante, nada tenían que ver con el desaparecido, sino que uno de los números resultó ser el del celular del capitán Julián Gustavo Pinzón Saavedra, uno de los líderes del sindicato de Avianca. El analista, al margen de lo que estaba sucediendo, reportó que por esa línea lo único que se oyeron fueron temas sindicales, al punto de que recomendó cancelar la interceptación.

Sin embargo, pese a la evidencia de que nada tenía que ver con el proceso de la desaparición forzada, se sacaron tres copias en CD, aunque no quedaron registros de esa actuación en el sistema judicial. Con el tiempo, cuando estalló el escándalo de las chuzadas ilegales, la Fiscalía indagó si realmente el teléfono interceptado pertenecía al capitán Julián Pinzón, hecho que no solo fue ratificado, sino que el propio Pinzón reconoció sus conversaciones de tipo sindical con sus compañeros de trabajo.

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El fiscal 32 fue interrogado por la Fiscalía sobre lo sucedido y no solo admitió recordarlo, sino que reconoció que firmó las ordenes de interceptación porque Luis Carlos Gómez Góngora le dijo que era clave para mover el proceso de la desaparición. Además, aclaró que no tenía por qué desconfiar de uno de los coordinadores de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía, a quien conocía desde hacía por lo menos veinte años. El fiscal 32 precisó que después fue él quien pidió cancelar la interceptación.

El presidente de ACDAC, el capitán Jaime Hernández, declaró que para él y los directivos del sindicato fue una sorpresa saber que un alto funcionario de la Fiscalía estuvo detrás de las chuzadas ilegales a la organización. Hernández añadió que quedan dudas acerca de los procesos disciplinarios que se abrieron en Avianca y que terminaron en el despido de varios trabajadores, porque aún no es claro de dónde se sacaron las pruebas para adoptar esas determinaciones.

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Dentro de la asociación hoy predomina la visión de que desde el primer día de la huelga de pilotos comenzaron a sospechar que sus comunicaciones estaban interceptadas. Según ellos, la primera pista fue un mensaje falso enviado por WhatsApp sobre la supuesta enfermedad de un familiar de uno de sus integrantes. Toda la información sobre el capítulo Avianca fue encontrada en el computador de la hacker Marialicia Pinzón, pero quien aclaró el caso fue el coronel Jorge Humberto Salinas.

La empresa Avianca siempre ha negado cualquier nexo con la red de chuzadas. Como ha insistido públicamente, refiere que en abril de 2017 la compañía contrató a la multinacional Berkeley Research Group para adelantar algunas investigaciones sobre fraudes corporativos. Además, ha recalcado que la empresa A&G Seguridad Ltda., propiedad de Humberto Guatibonza, general (r) de la Policía, se presentó a una licitación para prestar servicios de seguridad, pero que no fue seleccionada.

A su vez, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez dejó entrever que algunas de esas interceptaciones se realizaron en las instalaciones mismas del ente investigador. Y, lo que es más grave, agregó que la evaluación de los hechos ha permitido determinar que al parecer hay otros 1.200 casos relacionados con la red de chuzadas ilegales. Por esta razón, en la actualidad se están adelantando procesos de auditoría a ochenta salas de la Fiscalía que se dedican a interceptar legalmente líneas telefónicas.

(En contexto: "Fui contratada para hacer trabajos de investigación": hacker Marialicia Pinzón)

Luis Carlos Gómez fue imputado por falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. A pesar de que no aceptó los cargos de la Fiscalía, tras el proceso de su judicialización, según conoció El Espectador, aceptó adelantar un acuerdo de colaboración, pero desde la perspectiva de que en todo lo que hizo “solo cumplía órdenes”. La Fiscalía busca establecer si otros funcionarios están comprometidos y quiénes le pagaron por las interceptaciones ilegales.

Con 54 años y rango de técnico investigador II, Gómez Góngora, conocido como Peter, llevaba 24 años trabajando en la Fiscalía. Hoy está recluido en La Picota. En contraste, el abogado Laude Fernández, contra quien la Fiscalía imputó utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales, sigue libre, pues un juez concluyó que no representa peligro alguno para la sociedad.

El escándalo de la red de chuzadas ilegales se detectó a principios de mayo de 2017, a raíz de una denuncia contra una red de contrabando y robo de mercancía que operaba en la vía Panamericana, entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Las pesquisas llevaron hasta Carlos Andrés Pérez, coronel (r) del Ejército, quien oficiaba como jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales (Nariño). A partir de ese hallazgo, la Fiscalía decidió averiguar por las personas que se comunicaban con el exoficial.

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De esta manera se estableció que existía un grupo de personas que, por medio de empresas fachada, vendían servicios de interceptación a teléfonos celulares, recuperación de mensajes de WhatsApp, ubicación de teléfonos en tiempo real y obtención de claves de correos electrónicos, entre otros servicios. Las interceptaciones llevaron a Marialicia Pinzón y, por medio de ella, a los exoficiales del Ejército Jorge Humberto Salinas y Luis Quiroga Cubillos. Los cuatro citados fueron después capturados.

Fue en ese momento en el que la inspección de la Fiscalía comenzó a detallar los casos que manejaba la organización ilegal, uno de ellos relacionado con la empresa Avianca. El exoficial Quiroga fue quien aclaró la razón de este último caso: “Para saber qué estaban planeando después del paro realizado”. Es decir, para establecer, en tiempo real, lo que estaba pasando con el sindicato. Y la manera de hacerlo fue mediante los números celulares del presidente y el vicepresidente de ACDAC.

Lo demás es historia conocida. El caso Avianca fue apenas el más resonante, pero no el único. Hoy la Fiscalía busca establecer, por ejemplo, qué hay detrás de la interceptación de 13 líneas telefónicas en el capítulo “Providencia o Incauca”. Tampoco ha quedado claro si es cierto que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez fue blanco de los seguimientos e interceptaciones ilegales. De ese apartado, clasificado como “Faro 6” o “Trabajo especial prima de Navidad”, fechado a finales de 2017, poco se sabe.

Respecto al general (r) Humberto Guatibonza, hoy en detención domiciliaria, la Fiscalía trata de establecer si estuvo implicado en la red ilegal o si fue apenas un enlace para conseguir clientes, dada su larga trayectoria en la Policía, con acceso a empresarios de alto nivel. La Fiscalía tiene hasta el próximo 13 de enero para presentar el escrito de acusación en su contra. El exoficial se mantiene en su posición de que nada tiene que ver con ilegalidades ni chuzadas y que su nombre solo fue referenciado.