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El cohecho (soborno) que habría cometido Álvaro Ashton, al pagar por desviar una investigación en su contra por paramilitarismo, “se gesta en un entorno de corrupción en abuso del poder público que no se corresponde con lo pretendido en Acuerdo Final de Paz”. De la conducta –presuntamente– corrupta del cacique liberal “no es viable identificar un nexo de causalidad directo con el conflicto armado”. Tampoco se ve cómo corromper la rama judicial se habría enmarcado en el desarrollo de las hostilidades o constituye un apoyo a la guerra. Estos son algunos de los argumentos de la Procuraduría que apuntan a una sola cosa: el cartel de la toga no tiene lugar en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
(En contexto: La ventana que abrió la JEP para el cartel de la toga con el caso de Álvaor Ashton)
El pasado 16 de julio, la JEP admitió que Álvaro Ashton se sometiera a su jurisdicción, pero no solo por sus supuestos nexos con el frente paramilitar José Pablo Díaz. En una decisión controversial, la JEP asumió también competencia sobre otros dos procesos en su contra; uno por amenazas a un testigo de su proceso de parapolítica y el otro, nada más y nada menos, el caso del cartel de la toga: el dinero que habría pagado a Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte para frenar el expediente de la parapolítica. El mismo que llevaba años acumulando polvo en la Corte Suprema y que se volvió investigación formal apenas en 2017, cuando ya el escándalo del cartel de la toga había estallado.
Esa determinación de llevarse el caso del cartel de la toga tiene un opositor de frente: el Ministerio Público, que acaba de apelar la decisión de la JEP sobre Ashton. “Lograr una paz estable y duradera no será posible si se releva a la justicia ordinaria de investigar y juzgar asuntos de su competencia y que han ocurrido únicamente en desmedro de la institucionalidad”, argumentó la Procuraduría. El organismo refutó que se avalen “tratamientos especiales” para delitos que, a todas luces, nada tienen que ver con el conflicto armado interno que azotó a Colombia durante más de 50 años. “Aquí vale la pena que la SDSJ atienda los planteamientos que ha sostenido en otras providencias”, advirtió el ente de control.
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Para el organismo de control, es evidente que la JEP debe “negarse de plano” a conceder beneficios por conductas que nada tengan que ver con el conflicto. Conductas como pagar sobornos para desviar investigaciones. “Este contexto particular –el de la corrupción– es un escenario de comisión delictiva que no puede ser confundido o mimetizado en la amplitud del conflicto armado, hacerlo, abriría automáticamente las puertas de la Jurisdicción para que conductas delictivas de toda índole encuentren en la existencia del conflicto per sé, un referente gratuito que las haría acreedoras del tratamiento transicional. Nada más alejado de la teleología del Sistema”.
La alarma que enciende la Procuraduría pone los reflectores sobre una advertencia crucial: que la JEP admita cualquier caso, aun si su nexo con el conflicto armado no existe, podría generar un colapso del sistema completo, pues es evidente que la cantidad de delitos que se han cometido en el país supera su capacidad para operar y administrar justicia. Eso, sin tener en cuenta que la JEP nació como consecuencia del Acuerdo de Paz con las Farc y que su propósito es, según la ley, ocuparse “de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.
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“Pero ¿acaso, puede hallarse algún nexo, aunque sea mínimo, entre la existencia, funcionamiento, poderío y control territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia y su incardinación en la política, con la entrega de dinero que hiciera el señor Ashton Giraldo a un abogado litigante y a Magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia para amañar procesos judiciales?”, reprochó la Procuraduría. El organismo insistió con contundencia: el soborno que habría pagado Ashton fue para beneficio personal. “Aquí no es correcto hacer relación al móvil originario de la investigación penal por presuntos actos de parapolítica”, concluyó el organismo.