El drama que se vive en la cárcel de Villavicencio (ahora con la COVID-19)

En Colombia hay 120.968 personas en 132 cárceles, pero estas tienen capacidad para albergar solo a 80.928. El hacinamiento, hoy, es del 49,4 %, según las cifras actualizadas del Inpec para abril, aunque en este comienzo de año estuvo entre el 51 y 53 %. Una cifra que genera alarmas por la pandemia de COVID-19, debido a la vulnerabilidad en la que están los presos y por las condiciones insalubres en las que viven hace años, por falta de agua e infraestructura. El Gobierno declaró la emergencia carcelaria el pasado 23 de marzo para poder tomar acciones con mayor rapidez. No obstante, el virus alcanzó a los reclusos de la cárcel de Villavicencio y ya hay dos muertos.

El primer caso es de un hombre de 63 años que el pasado 31 de marzo fue atendido por una infección respiratoria aguda y, cuando regresó al penal, fue aislado. Esa misma noche llegó su boleta de libertad y desde que la recuperó recibía atención médica. Murió el 5 de abril. Este hombre (que dependía de una bala de oxígeno) no sería de Villavicencio ni tendría familia en la ciudad, pero habría tenido contacto con entre 30 y 40 personas, según dijo a este diario el alcalde de la ciudad, Felipe Harman, quien ofreció un centro de reclusión de menores que no está en uso parar aislar a esas personas. “En su gran mayoría son compañeros de celda”, dijo. El Inpec confirmó el aislamiento en sus casas de un guardián que tuvo contacto con él y de otros con síntomas de gripe.

(Le puede interesar: Dos muertos por COVID-19 en cárcel de Villavicencio y un preso hospitalizado: Inpec)

El segundo caso es un hombre de 78 años que murió el pasado 7 de abril, del que poco se sabe, excepto que fue trasladado de urgencia el sábado 4 de abril y que tenía epoc. Y el tercer caso corresponde a un preso que lleva varios días hospitalizado con dos reclusos más, de quienes aún no se tiene confirmación de si están o no infectados. Todos formaban parte del pabellón Santander de la cárcel de Villavicencio, en la que, hasta el sábado pasado, había 1.789 personas, cuando solo se pueden albergar 899: un hacinamiento del 99 %. Además, hay cuatro presos con tuberculosis aislados.

Con más de 40 años de funcionamiento, la cárcel de Villavicencio tiene dos pabellones (Colombia y Santander) en funcionamiento y otro más, que en el pasado fue para reclusión de mujeres. El personero delegado para los derechos humanos, Faustino Angulo, explicó que ese espacio se cerró el año pasado por la caída de un muro. Allí fueron remitidos 60 adultos mayores del patio Santander, que se quedó con 468 presos. No está claro cómo estas personas se contagiaron, si fue en la cárcel, en contacto con el personal de sanidad de la prisión o en el hospital.

(Le puede interesar: “¿Cuántos muertos van a esperar?” Presos piden con urgencia decreto de excarcelación)

La confirmación de los casos de COVID-19 llegó con algo de sorpresa, incluso porque las visitas están suspendidas hace un mes. Ahora, lo urgente es establecer el cerco epidemiológico de los contagios. El personero de Villavicencio, Jairo Andrés Becerra Acosta, sentenció: “La situación es preocupante y nos podríamos desbordar. La Personería, que ha hecho visitas en el último mes a la cárcel, asegura que en el lugar no hay problemas con el suministro de agua, aunque las condiciones de salubridad no son óptimas por el hacinamiento. Tampoco hay forma de mantener la separación de un metro”.

El 22 y 30 de marzo hubo dos protestas que dejaron denuncias de presunto exceso de la fuerza como ocurrió en otros penales del país (incluido el motín que dejó 23 muertos en La Modelo el pasado 21 de marzo en Bogotá). “Llegan muchas solicitudes de familiares de internos. La gente está muy asustada. Hay que ser prudentes”, señaló el personero Angulo a este diario. Un informe de la Personería, que está en manos de la Procuraduría, dice que el 30 de marzo los internos supuestamente empezaron a agredir a la guardia al momento del encerramiento, arrojando escombros y armas blancas.

(Le puede interesar: Alcaldía de Villavicencio pide decreto de excarcelaciones tras muerte de preso recién liberado)

El resultado fue un número no confirmado de heridos leves, incluidos siete presos calificados de ser “agitadores” y de liderar “los hechos vandálicos”. En entrevistas realizadas, los presos adujeron “pánico de contraer el virus derivado del hacinamiento, por falta de asistencia médica (y) entrega de elementos de protección”. “No entendemos, señores del Ministerio Público, nos estigmatizan que somos promotores de los disturbios si no tenemos la capacidad de obligar y controlar a más de 200 personas que hay en el patio”, dice el informe en poder de este diario.

Un recluso, cuyo nombre se omite por seguridad, dijo: “No se nos están brindando asistencia en salud ni elementos de protección, solo les dieron tapabocas a los del patio Santander, luego ingresó el Esmad, la Guardia y la Policía atropellándonos y golpeándonos”. El recluso agregó que han tenido que pagar con “pines” por colchonetas y comida. El informe detalla que hay reclusos elaborando tapabocas y afirma que se deben hacer jornadas de asistencia médica por considerar que las hechas por la Alcaldía “fueron insuficientes”. Por su parte, la Alcaldía señaló que el 26 y 27 de marzo hizo brigadas de salud, en las que se atendieron a 51 internos en medicina general, con orientación sobre signos y síntomas para la identificación del virus.

(Le puede interesar: Alerta por posible caso de COVID-19 en cárceles: hombre murió seis días después de quedar libre)

Este diario también tiene un documento elaborado por el director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez Londoño, que detalla el motín del 22 de marzo en el que participaron reclusos de ambos patios quemando colchonetas y derribando muros y rejas. Allí se dice que fueron destruidas 27 celdas y que 15 presos resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser remitido al hospital. Asimismo, fue herido un dragoneante que requirió cuatro puntos de sutura en su cabeza.

El informe revela además que el 24 de marzo siguiente algunos presos (sin especificar quiénes) fueron trasladados a la cárcel de Picaleña, según Resolución No. 900953 emitida por la Dirección General del Inpec. Añade que había cuatro presos para esa época aislados con fiebres altas. Por el momento no se sabe si se trata de los reclusos que después tuvieron que ser remitidos a un centro médico. Por ahora se sabe que los dos fallecidos por COVID-19, el caso positivo que está hospitalizado y las otras dos personas tienen todas antecedentes de enfermedad respiratoria, como epoc o tabaquismo, un factor de riesgo ante el SARS-CoV-2, que ha dejado más de 100 fallecidos en el país.

(Le puede interesar: Al fiscal Barbosa no le suena la idea de una excarcelación masiva frente a crisis por COVID-19)

Sin embargo, el ítem de enfermedad respiratoria no fue incluido por el Ministerio de Justicia a la hora de responderle a la Corte Constitucional el pasado 24 de marzo, cuando esta le preguntó sobre las medidas que se estaban tomando para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. En documento de 24 páginas, la cartera incluyó en la caracterización de población vulnerable por el coronavirus (con fecha al 31 de marzo) a las 5.272 personas mayores de 60 que hay en los 132 penales, de las cuales 982 son mayores de 70 años. Igualmente, a 88 mujeres gestantes, 4.468 con enfermedad mental, 754 con VIH, 22 con cáncer, 1.307 con diabetes y 4.354 con hipertensión arterial.

Lo que dijo el Ministerio de Justicia

En la respuesta a la Corte se detalló como medidas para atender la emergencia varios oficios en los que quedaron registradas órdenes como la suspensión de visitas desde el 12 de marzo de 2020, instructivos de reacción ante un caso probable de COVID-19 y guías que piden implementar áreas de aislamiento en cada cárcel, evaluar el estado de salud del personal penitenciario y asegurar los suministros de aseo, limpieza y desinfección durante los siguientes tres meses. En esos documentos quedó fijado, por ejemplo, la limitación de remisiones de presos a audiencias judiciales o que los médicos y enfermos que atienden a los internos tienen que usar implementos de bioseguridad, entre otros.

“Los establecimientos penitenciarios deben prever áreas de aislamiento para casos de COVID- 19, que garanticen de ser posible al menos un metro de separación en camas y acceso a productos de higiene (tapabocas, pañuelos desechables, papeleras). No puede tener contacto con otras partes del reclusorio como tampoco visitas, se deben garantizar consultas médicas diarias”, dice un oficio del pasado 31 de marzo firmado por el Inpec. Entretanto, en redes sociales circulan denuncias de integrantes de la guardia penitenciaria que afirman que han tenido que hacer recolectas para conseguir elementos de protección.

(Le puede interesar: Corte Constitucional considera crítica la situación en las cárceles de cara al COVID-19)

El documento entregado a la Corte dice además que están en marcha 11 contratos para la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua en las cárceles de Leticia, Puerto Triunfo, Magangué, Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo, La Dorada, Yopal, Popayán, Santa Marta y Jamundí. Y el Ministerio informó al alto tribunal que se van a hacer obras para tratamiento de agua potable y residual en 12 penales, aunque en varias no hay contratista aún.

Entre lo que se debe hacer están, por ejemplo, diagnósticos del sistema hidrosanitario de cada uno de los ERON (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional); elaboración de los documentos técnicos que solicite la supervisión y/o interventoría del contrato; trámite de licencias y permisos ambientales ante las autoridades ambientales, relacionados con los sistemas hidrosanitarios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o residual y diversos tipos de mantenimientos.

(Lea también: 21M: la noche de la tragedia en la cárcel La Modelo)

El documento del Ministerio de Justicia justifica la declaratoria de emergencia carcelaria porque permite hacer traslados de internos y aislamientos, pedir apoyo de la Fuerza Pública para evitar alteraciones de orden público, clausurar los penales si es necesario y hacer traslados presupuestales. No obstante, una de las medidas más reclamadas, el decreto que permita la excarcelación masiva, no ha salido y su borrador tiene críticas de supuesta inconstitucionalidad de parte del fiscal Francisco Barbosa, mientras abogados y autoridades lo reclaman a gritos.

El abogado Óscar Ramírez, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, dijo que es hora de que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general dejen los anuncios e inicien acciones. “Solo hasta que hubo un muerto se están habilitando espacios. Hasta ahora se están aplicando protocolos y determinando las necesidades médicas para atender la llegada a las cárceles del virus. Se necesitan más hechos que anuncios. Desde el principio se debió hacer búsquedas activas de personas con síntomas similares. La emergencia carcelaria ha sido ineficaz (...) se queda corta porque el Inpec ha priorizado la lógica de la seguridad por encima de la sanidad pública”, precisó.

(Vea: Las cárceles de cara al Covid-19: Cuando estar aislado significa hacinamiento)

En Colombia hay 120.968 personas en 132 cárceles, pero estas tienen capacidad para albergar solo a 80.928. El hacinamiento, hoy, es del 49,4 %, según las cifras actualizadas del Inpec para abril, aunque en este comienzo de año estuvo entre el 51 y 53 %. Una cifra que genera alarmas por la pandemia de COVID-19, debido a la vulnerabilidad en la que están los presos y por las condiciones insalubres en las que viven hace años, por falta de agua e infraestructura. El Gobierno declaró la emergencia carcelaria el pasado 23 de marzo para poder tomar acciones con mayor rapidez. No obstante, el virus alcanzó a los reclusos de la cárcel de Villavicencio y ya hay dos muertos.

El primer caso es de un hombre de 63 años que el pasado 31 de marzo fue atendido por una infección respiratoria aguda y, cuando regresó al penal, fue aislado. Esa misma noche llegó su boleta de libertad y desde que la recuperó recibía atención médica. Murió el 5 de abril. Este hombre (que dependía de una bala de oxígeno) no sería de Villavicencio ni tendría familia en la ciudad, pero habría tenido contacto con entre 30 y 40 personas, según dijo a este diario el alcalde de la ciudad, Felipe Harman, quien ofreció un centro de reclusión de menores que no está en uso parar aislar a esas personas. “En su gran mayoría son compañeros de celda”, dijo. El Inpec confirmó el aislamiento en sus casas de un guardián que tuvo contacto con él y de otros con síntomas de gripe.

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El segundo caso es un hombre de 78 años que murió el pasado 7 de abril, del que poco se sabe, excepto que fue trasladado de urgencia el sábado 4 de abril y que tenía epoc. Y el tercer caso corresponde a un preso que lleva varios días hospitalizado con dos reclusos más, de quienes aún no se tiene confirmación de si están o no infectados. Todos formaban parte del pabellón Santander de la cárcel de Villavicencio, en la que, hasta el sábado pasado, había 1.789 personas, cuando solo se pueden albergar 899: un hacinamiento del 99 %. Además, hay cuatro presos con tuberculosis aislados.

Con más de 40 años de funcionamiento, la cárcel de Villavicencio tiene dos pabellones (Colombia y Santander) en funcionamiento y otro más, que en el pasado fue para reclusión de mujeres. El personero delegado para los derechos humanos, Faustino Angulo, explicó que ese espacio se cerró el año pasado por la caída de un muro. Allí fueron remitidos 60 adultos mayores del patio Santander, que se quedó con 468 presos. No está claro cómo estas personas se contagiaron, si fue en la cárcel, en contacto con el personal de sanidad de la prisión o en el hospital.

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La confirmación de los casos de COVID-19 llegó con algo de sorpresa, incluso porque las visitas están suspendidas hace un mes. Ahora, lo urgente es establecer el cerco epidemiológico de los contagios. El personero de Villavicencio, Jairo Andrés Becerra Acosta, sentenció: “La situación es preocupante y nos podríamos desbordar. La Personería, que ha hecho visitas en el último mes a la cárcel, asegura que en el lugar no hay problemas con el suministro de agua, aunque las condiciones de salubridad no son óptimas por el hacinamiento. Tampoco hay forma de mantener la separación de un metro”.

El 22 y 30 de marzo hubo dos protestas que dejaron denuncias de presunto exceso de la fuerza como ocurrió en otros penales del país (incluido el motín que dejó 23 muertos en La Modelo el pasado 21 de marzo en Bogotá). “Llegan muchas solicitudes de familiares de internos. La gente está muy asustada. Hay que ser prudentes”, señaló el personero Angulo a este diario. Un informe de la Personería, que está en manos de la Procuraduría, dice que el 30 de marzo los internos supuestamente empezaron a agredir a la guardia al momento del encerramiento, arrojando escombros y armas blancas.

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El resultado fue un número no confirmado de heridos leves, incluidos siete presos calificados de ser “agitadores” y de liderar “los hechos vandálicos”. En entrevistas realizadas, los presos adujeron “pánico de contraer el virus derivado del hacinamiento, por falta de asistencia médica (y) entrega de elementos de protección”. “No entendemos, señores del Ministerio Público, nos estigmatizan que somos promotores de los disturbios si no tenemos la capacidad de obligar y controlar a más de 200 personas que hay en el patio”, dice el informe en poder de este diario.

Un recluso, cuyo nombre se omite por seguridad, dijo: “No se nos están brindando asistencia en salud ni elementos de protección, solo les dieron tapabocas a los del patio Santander, luego ingresó el Esmad, la Guardia y la Policía atropellándonos y golpeándonos”. El recluso agregó que han tenido que pagar con “pines” por colchonetas y comida. El informe detalla que hay reclusos elaborando tapabocas y afirma que se deben hacer jornadas de asistencia médica por considerar que las hechas por la Alcaldía “fueron insuficientes”. Por su parte, la Alcaldía señaló que el 26 y 27 de marzo hizo brigadas de salud, en las que se atendieron a 51 internos en medicina general, con orientación sobre signos y síntomas para la identificación del virus.

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Este diario también tiene un documento elaborado por el director de la cárcel, Miguel Ángel Rodríguez Londoño, que detalla el motín del 22 de marzo en el que participaron reclusos de ambos patios quemando colchonetas y derribando muros y rejas. Allí se dice que fueron destruidas 27 celdas y que 15 presos resultaron heridos, uno de los cuales tuvo que ser remitido al hospital. Asimismo, fue herido un dragoneante que requirió cuatro puntos de sutura en su cabeza.

El informe revela además que el 24 de marzo siguiente algunos presos (sin especificar quiénes) fueron trasladados a la cárcel de Picaleña, según Resolución No. 900953 emitida por la Dirección General del Inpec. Añade que había cuatro presos para esa época aislados con fiebres altas. Por el momento no se sabe si se trata de los reclusos que después tuvieron que ser remitidos a un centro médico. Por ahora se sabe que los dos fallecidos por COVID-19, el caso positivo que está hospitalizado y las otras dos personas tienen todas antecedentes de enfermedad respiratoria, como epoc o tabaquismo, un factor de riesgo ante el SARS-CoV-2, que ha dejado más de 100 fallecidos en el país.

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Sin embargo, el ítem de enfermedad respiratoria no fue incluido por el Ministerio de Justicia a la hora de responderle a la Corte Constitucional el pasado 24 de marzo, cuando esta le preguntó sobre las medidas que se estaban tomando para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. En documento de 24 páginas, la cartera incluyó en la caracterización de población vulnerable por el coronavirus (con fecha al 31 de marzo) a las 5.272 personas mayores de 60 que hay en los 132 penales, de las cuales 982 son mayores de 70 años. Igualmente, a 88 mujeres gestantes, 4.468 con enfermedad mental, 754 con VIH, 22 con cáncer, 1.307 con diabetes y 4.354 con hipertensión arterial.

Lo que dijo el Ministerio de Justicia

En la respuesta a la Corte se detalló como medidas para atender la emergencia varios oficios en los que quedaron registradas órdenes como la suspensión de visitas desde el 12 de marzo de 2020, instructivos de reacción ante un caso probable de COVID-19 y guías que piden implementar áreas de aislamiento en cada cárcel, evaluar el estado de salud del personal penitenciario y asegurar los suministros de aseo, limpieza y desinfección durante los siguientes tres meses. En esos documentos quedó fijado, por ejemplo, la limitación de remisiones de presos a audiencias judiciales o que los médicos y enfermos que atienden a los internos tienen que usar implementos de bioseguridad, entre otros.

“Los establecimientos penitenciarios deben prever áreas de aislamiento para casos de COVID- 19, que garanticen de ser posible al menos un metro de separación en camas y acceso a productos de higiene (tapabocas, pañuelos desechables, papeleras). No puede tener contacto con otras partes del reclusorio como tampoco visitas, se deben garantizar consultas médicas diarias”, dice un oficio del pasado 31 de marzo firmado por el Inpec. Entretanto, en redes sociales circulan denuncias de integrantes de la guardia penitenciaria que afirman que han tenido que hacer recolectas para conseguir elementos de protección.

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El documento entregado a la Corte dice además que están en marcha 11 contratos para la operación y el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua en las cárceles de Leticia, Puerto Triunfo, Magangué, Chiquinquirá, Moniquirá, Santa Rosa de Viterbo, La Dorada, Yopal, Popayán, Santa Marta y Jamundí. Y el Ministerio informó al alto tribunal que se van a hacer obras para tratamiento de agua potable y residual en 12 penales, aunque en varias no hay contratista aún.

Entre lo que se debe hacer están, por ejemplo, diagnósticos del sistema hidrosanitario de cada uno de los ERON (Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional); elaboración de los documentos técnicos que solicite la supervisión y/o interventoría del contrato; trámite de licencias y permisos ambientales ante las autoridades ambientales, relacionados con los sistemas hidrosanitarios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o residual y diversos tipos de mantenimientos.

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El documento del Ministerio de Justicia justifica la declaratoria de emergencia carcelaria porque permite hacer traslados de internos y aislamientos, pedir apoyo de la Fuerza Pública para evitar alteraciones de orden público, clausurar los penales si es necesario y hacer traslados presupuestales. No obstante, una de las medidas más reclamadas, el decreto que permita la excarcelación masiva, no ha salido y su borrador tiene críticas de supuesta inconstitucionalidad de parte del fiscal Francisco Barbosa, mientras abogados y autoridades lo reclaman a gritos.

El abogado Óscar Ramírez, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, dijo que es hora de que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general dejen los anuncios e inicien acciones. “Solo hasta que hubo un muerto se están habilitando espacios. Hasta ahora se están aplicando protocolos y determinando las necesidades médicas para atender la llegada a las cárceles del virus. Se necesitan más hechos que anuncios. Desde el principio se debió hacer búsquedas activas de personas con síntomas similares. La emergencia carcelaria ha sido ineficaz (...) se queda corta porque el Inpec ha priorizado la lógica de la seguridad por encima de la sanidad pública”, precisó.

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