El levantamiento y entrega de las víctimas del Palacio de Justicia, un caos que nunca se investigó

El hallazgo de los restos de Bernardo Beltrán —uno de los 12 desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia— en la tumba del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Jorge Alberto Echeverry, ocurrido el pasado viernes 1° de septiembre, demuestra dos verdades inobjetables: que, con voluntad judicial, no hubieran sido necesarios 32 años para esclarecer lo sucedido en este y otros casos similares, y que el proceso del levantamiento de los cadáveres y recolección de pruebas en noviembre de 1985 fue tan errático e ilegal que ayudó a encubrir las verdades que hoy se están conociendo a medias. Porque de la manera como los “aparecidos” murieron, si salieron con vida del Palacio o si fueron ejecutados extrajudicialmente, no se ha aclarado absolutamente nada. (

(En contexto: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)

La primera evidencia aparece en el informe del Tribunal Especial de Instrucción, creado por el gobierno de Belisario Betancur para evaluar lo sucedido, que en junio de 1986 concluyó que las autoridades militares impidieron que los funcionarios competentes para iniciar la investigación cumplieran su labor. “Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias”, señala el documento judicial. (Los muertos equivocados del Palacio de Justicia)

Y agrega: “Algunos de estos cadáveres, no se sabe por qué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privó a los funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles que a la postre dificultaron la identificación de los cadáveres y crearon el desorden y el caos”. El entonces mayor Carlos Fracica detalló que fueron órdenes del comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, tras terminar la operación y después de recorrer los diferentes pisos del Palacio de Justicia.

Con el apoyo de voluntarios de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, los cadáveres fueron llevados al primer piso. Así lo testificó uno de los bomberos: “Logré bajar de 15 a 20 cadáveres (...) Muchas veces los bajaba en un platón y otras a brazo limpio, como envueltos en bolsas plásticas (...) Buscábamos posibles pertenencias alrededor del cadáver y luego, si le quedaba ropa o pedazos de ella, buscábamos dentro de los bolsillos y los envolvíamos en las talegas plásticas”. Fueron jueces de instrucción penal militar y no ordinarios quienes orientaron la diligencia. (Los restos extraviados del Palacio de Justicia)

En otras palabras, como lo resaltó el Consejo de Estado en 1994, cuando reconoció la existencia de desaparecidos en el holocausto, “el levantamiento de los cadáveres tuvo carácter más castrense que jurisdiccional, y fue adelantado con un absoluto desconocimiento de las más elementales normas de la investigación penal, como el mantenimiento de los cuerpos y objetos en el lugar de los hechos, así como la conservación de rastros y huellas”, lo que hubiera permitido a la justicia establecer con rigor el desarrollo de lo que había acontecido.

Cuando los despojos humanos fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, el tema ya era crítico. El entonces director del organismo, Egon Lichtemberger, anotó que “muchos cadáveres no calcinados llegaron sin las ropas respectivas y en cuanto a los cadáveres carbonizados, algunos identificados como hombres resultaron ser de sexo femenino. Había bolsas de plástico que contenían restos de dos o más cadáveres”. En su momento, el Tribunal Especial pidió una rigurosa investigación sobre los desafueros cometidos.

Eso explica por qué cuando los familiares de las víctimas acudieron a Medicina Legal, la mayoría tuvo que conformarse con montículos calcinados o cuerpos irreconocibles asociados a objetos o retazos de ropa. Pero faltaba lo peor. Sorpresivamente, el entonces juez 78 de instrucción penal militar, Darío Morales Álvarez, apareció en Medicina Legal para dar la orden de que, sin identificación ni reseña judicial, 25 cadáveres fueran inhumados en una fosa común en el cementerio del Sur de Bogotá.

En su momento, el juez Morales argumentó que lo había llamado a su casa el brigadier general José Luis Vargas Villegas, para esa fecha comandante y juez de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá, para decirle que, como se tenían serias informaciones de que el M-19 pretendía tomarse Medicina Legal con el propósito de sacar los cadáveres de las personas muertas, “se hacía necesario retirar algunos de tales cadáveres para proceder a inhumarlos en fosa común y evitar un nuevo enfrentamiento con los subversivos”.

El Tribunal Especial concluyó que fue una decisión desacertada y que no era convincente la justificación que se dio para la inhumación de 25 cadáveres, 17 de ellos sin identificar. “No lo era porque las fuerzas de orden podían establecer la adecuada vigilancia y, además, porque el estado en el que se encontraban los cadáveres, la mayoría calcinados, no permitía a nadie, tampoco a los guerrilleros, hacer una identificación de la diligencia del levantamiento”. La conclusión fue que se trató de una medida “caprichosa e inexplicable”.

Esa absurda determinación, sumada al caos en la entrega de los cadáveres y la dolosa actitud de los responsables del operativo militar al afectar los orígenes de la investigación judicial, explican —al menos hasta cierto punto— lo que sucedió después y que la justicia ha venido encontrando. En 2000, en una fosa común fueron encontrados los restos calcinados de Ana Rosa Castiblanco, una de las desaparecidas de la cafetería del Palacio de Justicia. La exhumación de este y otros cadáveres se realizó en 1998, por la insistencia del penalista Eduardo Umaña Mendoza, asesinado ese mismo año.

Interrogantes en el aire

En 2005, después de que se reabrió la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, siguieron las sorpresas. En octubre de 2015, los restos de Cristina del Pilar Guarín —otra de las desaparecidas— fueron encontrados en el cementerio Jardines de Paz. En ese lugar se creía que estaba sepultada Marina Isabel Ferrer, otra de las víctimas del holocausto. Ella, a su vez, fue hallada en otra tumba. Los restos de Cristina Guarín fueron entregados a su familia en una ceremonia pública en septiembre de 2016. (La Siempreviva,Cristina Guarín, descansa en paz)

Algo peor ocurrió en el caso de la desaparecida Luz Mary Portela. Sus restos fueron ubicados en una tumba donde supuestamente estaba sepultada Libia Rincón Mora, otra de las víctimas. A su vez, los despojos mortales de Libia Rincón fueron encontrados en la tumba de la auxiliar del Consejo de Estado, Blanca Inés Ramírez. Ahora no se sabe dónde está el cadáver de esta última. Los hallazgos se dieron en octubre de 2015. Los restos de la desaparecida Lucy Amparo Oviedo fueron localizados en una fosa común en el cementerio del Sur y permanecieron en poder de la Fiscalía, sin reconocer, 17 años.

Y hay más. Cuando la justicia exhumó en el cementerio Jardines de Paz el cadáver del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Emiro Sandoval, se encontró con los cuerpos de dos personas, pero ninguno de los dos correspondía a los restos del magistrado, cuyo cadáver fue igualmente hallado en el cementerio del Sur e identificado en febrero de este año. En esa misma zona han sido encontradas nueve víctimas más. De igual manera, en la tumba de la magistrada auxiliar Rosalba Romero de Díaz se encontró el cadáver de un hombre aún no identificado.

El pasado 2 de junio, la Fiscalía reportó el hallazgo de los restos de Héctor Jaime Beltrán, otro de los desaparecidos. Estaban en la tumba del exmagistrado auxiliar de la Corte Julio César Andrade, quien había sido enterrado en Barranquilla. Ahora no se sabe nada del paradero de los restos mortales de Andrade. El pasado viernes se repitió la situación. El cadáver de Bernardo Beltrán fue encontrado en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, en Manizales. La incógnita ahora es qué pasó con los restos de Echeverry.

En resumidas cuentas, como se determinó desde hace 32 años, fueron “protuberantes” los errores cometidos desde que terminó el operativo de retoma del Palacio de Justicia. El Tribunal Especial consignó su protesta ante tales conductas y les exigió a las autoridades una rigurosa investigación, disciplinaria y penal, que nunca se dio. La pesquisa de la justicia ya no tiene fecha de vencimiento, pero a pesar de los hallazgos de restos mortales de desaparecidos o del extravío de otros, la verdad de tanto horror, que le costó a Colombia una condena de la Corte Interamericana por desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales, sigue en veremos.

El hallazgo de los restos de Bernardo Beltrán —uno de los 12 desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia— en la tumba del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Jorge Alberto Echeverry, ocurrido el pasado viernes 1° de septiembre, demuestra dos verdades inobjetables: que, con voluntad judicial, no hubieran sido necesarios 32 años para esclarecer lo sucedido en este y otros casos similares, y que el proceso del levantamiento de los cadáveres y recolección de pruebas en noviembre de 1985 fue tan errático e ilegal que ayudó a encubrir las verdades que hoy se están conociendo a medias. Porque de la manera como los “aparecidos” murieron, si salieron con vida del Palacio o si fueron ejecutados extrajudicialmente, no se ha aclarado absolutamente nada. (

(En contexto: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)

La primera evidencia aparece en el informe del Tribunal Especial de Instrucción, creado por el gobierno de Belisario Betancur para evaluar lo sucedido, que en junio de 1986 concluyó que las autoridades militares impidieron que los funcionarios competentes para iniciar la investigación cumplieran su labor. “Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias”, señala el documento judicial. (Los muertos equivocados del Palacio de Justicia)

Y agrega: “Algunos de estos cadáveres, no se sabe por qué, se sometieron a cuidadoso lavado. Con tal proceder se privó a los funcionarios encargados de las diligencias de levantamiento de importantes detalles que a la postre dificultaron la identificación de los cadáveres y crearon el desorden y el caos”. El entonces mayor Carlos Fracica detalló que fueron órdenes del comandante de la XIII Brigada, general Jesús Armando Arias Cabrales, tras terminar la operación y después de recorrer los diferentes pisos del Palacio de Justicia.

Con el apoyo de voluntarios de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, los cadáveres fueron llevados al primer piso. Así lo testificó uno de los bomberos: “Logré bajar de 15 a 20 cadáveres (...) Muchas veces los bajaba en un platón y otras a brazo limpio, como envueltos en bolsas plásticas (...) Buscábamos posibles pertenencias alrededor del cadáver y luego, si le quedaba ropa o pedazos de ella, buscábamos dentro de los bolsillos y los envolvíamos en las talegas plásticas”. Fueron jueces de instrucción penal militar y no ordinarios quienes orientaron la diligencia. (Los restos extraviados del Palacio de Justicia)

En otras palabras, como lo resaltó el Consejo de Estado en 1994, cuando reconoció la existencia de desaparecidos en el holocausto, “el levantamiento de los cadáveres tuvo carácter más castrense que jurisdiccional, y fue adelantado con un absoluto desconocimiento de las más elementales normas de la investigación penal, como el mantenimiento de los cuerpos y objetos en el lugar de los hechos, así como la conservación de rastros y huellas”, lo que hubiera permitido a la justicia establecer con rigor el desarrollo de lo que había acontecido.

Cuando los despojos humanos fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, el tema ya era crítico. El entonces director del organismo, Egon Lichtemberger, anotó que “muchos cadáveres no calcinados llegaron sin las ropas respectivas y en cuanto a los cadáveres carbonizados, algunos identificados como hombres resultaron ser de sexo femenino. Había bolsas de plástico que contenían restos de dos o más cadáveres”. En su momento, el Tribunal Especial pidió una rigurosa investigación sobre los desafueros cometidos.

Eso explica por qué cuando los familiares de las víctimas acudieron a Medicina Legal, la mayoría tuvo que conformarse con montículos calcinados o cuerpos irreconocibles asociados a objetos o retazos de ropa. Pero faltaba lo peor. Sorpresivamente, el entonces juez 78 de instrucción penal militar, Darío Morales Álvarez, apareció en Medicina Legal para dar la orden de que, sin identificación ni reseña judicial, 25 cadáveres fueran inhumados en una fosa común en el cementerio del Sur de Bogotá.

En su momento, el juez Morales argumentó que lo había llamado a su casa el brigadier general José Luis Vargas Villegas, para esa fecha comandante y juez de primera instancia del departamento de Policía de Bogotá, para decirle que, como se tenían serias informaciones de que el M-19 pretendía tomarse Medicina Legal con el propósito de sacar los cadáveres de las personas muertas, “se hacía necesario retirar algunos de tales cadáveres para proceder a inhumarlos en fosa común y evitar un nuevo enfrentamiento con los subversivos”.

El Tribunal Especial concluyó que fue una decisión desacertada y que no era convincente la justificación que se dio para la inhumación de 25 cadáveres, 17 de ellos sin identificar. “No lo era porque las fuerzas de orden podían establecer la adecuada vigilancia y, además, porque el estado en el que se encontraban los cadáveres, la mayoría calcinados, no permitía a nadie, tampoco a los guerrilleros, hacer una identificación de la diligencia del levantamiento”. La conclusión fue que se trató de una medida “caprichosa e inexplicable”.

Esa absurda determinación, sumada al caos en la entrega de los cadáveres y la dolosa actitud de los responsables del operativo militar al afectar los orígenes de la investigación judicial, explican —al menos hasta cierto punto— lo que sucedió después y que la justicia ha venido encontrando. En 2000, en una fosa común fueron encontrados los restos calcinados de Ana Rosa Castiblanco, una de las desaparecidas de la cafetería del Palacio de Justicia. La exhumación de este y otros cadáveres se realizó en 1998, por la insistencia del penalista Eduardo Umaña Mendoza, asesinado ese mismo año.

Interrogantes en el aire

En 2005, después de que se reabrió la investigación por los desaparecidos del Palacio de Justicia, siguieron las sorpresas. En octubre de 2015, los restos de Cristina del Pilar Guarín —otra de las desaparecidas— fueron encontrados en el cementerio Jardines de Paz. En ese lugar se creía que estaba sepultada Marina Isabel Ferrer, otra de las víctimas del holocausto. Ella, a su vez, fue hallada en otra tumba. Los restos de Cristina Guarín fueron entregados a su familia en una ceremonia pública en septiembre de 2016. (La Siempreviva,Cristina Guarín, descansa en paz)

Algo peor ocurrió en el caso de la desaparecida Luz Mary Portela. Sus restos fueron ubicados en una tumba donde supuestamente estaba sepultada Libia Rincón Mora, otra de las víctimas. A su vez, los despojos mortales de Libia Rincón fueron encontrados en la tumba de la auxiliar del Consejo de Estado, Blanca Inés Ramírez. Ahora no se sabe dónde está el cadáver de esta última. Los hallazgos se dieron en octubre de 2015. Los restos de la desaparecida Lucy Amparo Oviedo fueron localizados en una fosa común en el cementerio del Sur y permanecieron en poder de la Fiscalía, sin reconocer, 17 años.

Y hay más. Cuando la justicia exhumó en el cementerio Jardines de Paz el cadáver del magistrado auxiliar de la Corte Suprema Emiro Sandoval, se encontró con los cuerpos de dos personas, pero ninguno de los dos correspondía a los restos del magistrado, cuyo cadáver fue igualmente hallado en el cementerio del Sur e identificado en febrero de este año. En esa misma zona han sido encontradas nueve víctimas más. De igual manera, en la tumba de la magistrada auxiliar Rosalba Romero de Díaz se encontró el cadáver de un hombre aún no identificado.

El pasado 2 de junio, la Fiscalía reportó el hallazgo de los restos de Héctor Jaime Beltrán, otro de los desaparecidos. Estaban en la tumba del exmagistrado auxiliar de la Corte Julio César Andrade, quien había sido enterrado en Barranquilla. Ahora no se sabe nada del paradero de los restos mortales de Andrade. El pasado viernes se repitió la situación. El cadáver de Bernardo Beltrán fue encontrado en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry, en Manizales. La incógnita ahora es qué pasó con los restos de Echeverry.

En resumidas cuentas, como se determinó desde hace 32 años, fueron “protuberantes” los errores cometidos desde que terminó el operativo de retoma del Palacio de Justicia. El Tribunal Especial consignó su protesta ante tales conductas y les exigió a las autoridades una rigurosa investigación, disciplinaria y penal, que nunca se dio. La pesquisa de la justicia ya no tiene fecha de vencimiento, pero a pesar de los hallazgos de restos mortales de desaparecidos o del extravío de otros, la verdad de tanto horror, que le costó a Colombia una condena de la Corte Interamericana por desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales, sigue en veremos.