El presidente Santos será el encargado del plan para superar la crisis que afecta a los niños wayuu

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con una ponencia de la magistrada y presidenta Margarita Cabello, acaba de tomar una decisión crucial para acabar con la crisis que desde hace años padecen, especialmente, los niños de la comunidad indígena wayuu. El alto tribunal, en su decisión, dice que es la Presidencia de la República, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la encargada de diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente para preservar la vida de los menores de edad que hacen parte de la comunidad indígena en los municipios Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en La Guajira.

Se trata de la revisión de una tutela del Tribunal Superior de Riohacha que ha comienzos de junio pasado le ordenó a varias entidades gubernamentales adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los menores de edad.  Organismos como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros, protestaron por las órdenes impuestas por el Tribunal y pidieron su revisión. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por otra parte, expresó que si bien estaba comprometido con superar la crisis humanitaria en La Guajira, no había quedado claro cuál era el papel que debía cumplir cada entidad en las órdenes del fallo.

Fue así como el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia quien modificó varios puntos del fallo del Tribunal de Riohacha, en el marco de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó en diciembre del año pasado. El más importante, es el que dice que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República “tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar las gestiones que sean menester para superar el trance humanitario de que se viene tratando, ello en franca colaboración e interacción armónica con otras instancias del orden nacional, departamental y municipal”, explica la sentencia.

Además de esta disposición, la Corte le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a que desarrollar acciones para prevenir la desaparición de fuentes hídricas, fundamentales para el acceso al agua potable en La Guajira, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “para que brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente brindar alimentos sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los procesos que se necesitan para su permanente obtención”.
La Presidencia, además diseñar, coordinar y ejecutar un plan, deberá entregarle a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Riohacha un informe mensual en el que detalle la gestión que realice para superar la crisis.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con una ponencia de la magistrada y presidenta Margarita Cabello, acaba de tomar una decisión crucial para acabar con la crisis que desde hace años padecen, especialmente, los niños de la comunidad indígena wayuu. El alto tribunal, en su decisión, dice que es la Presidencia de la República, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, la encargada de diseñar, coordinar y ejecutar un plan eficiente para preservar la vida de los menores de edad que hacen parte de la comunidad indígena en los municipios Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en La Guajira.

Se trata de la revisión de una tutela del Tribunal Superior de Riohacha que ha comienzos de junio pasado le ordenó a varias entidades gubernamentales adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los menores de edad.  Organismos como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otros, protestaron por las órdenes impuestas por el Tribunal y pidieron su revisión. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por otra parte, expresó que si bien estaba comprometido con superar la crisis humanitaria en La Guajira, no había quedado claro cuál era el papel que debía cumplir cada entidad en las órdenes del fallo.

Fue así como el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia quien modificó varios puntos del fallo del Tribunal de Riohacha, en el marco de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó en diciembre del año pasado. El más importante, es el que dice que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República “tendrá a su cargo la responsabilidad de coordinar las gestiones que sean menester para superar el trance humanitario de que se viene tratando, ello en franca colaboración e interacción armónica con otras instancias del orden nacional, departamental y municipal”, explica la sentencia.

Además de esta disposición, la Corte le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a que desarrollar acciones para prevenir la desaparición de fuentes hídricas, fundamentales para el acceso al agua potable en La Guajira, y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “para que brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente brindar alimentos sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los procesos que se necesitan para su permanente obtención”.
La Presidencia, además diseñar, coordinar y ejecutar un plan, deberá entregarle a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Riohacha un informe mensual en el que detalle la gestión que realice para superar la crisis.