Enviar al Esmad a una protesta “es como ponerle un trapo rojo a un toro”: experto

El investigador Sebastián Lalinde publicó con el centro de estudios Dejusticia “Elogio a la bulla, protesta y democracia en Colombia”, un documento que analiza el rol de las movilizaciones sociales en el país en los últimos cinco años y la respuesta del Estado a estas demandas. El libro analiza, por ejemplo, cómo se lleva ante la justicia a las personas capturadas en protestas y cuáles son los delitos que se les endilgan con mayor frecuencia. Pero la justicia es apenas uno de los capítulos.

El investigador Sebastián Lalinde publicó con el centro de estudios Dejusticia “Elogio a la bulla, protesta y democracia en Colombia”, un documento que analiza el rol de las movilizaciones sociales en el país en los últimos cinco años y la respuesta del Estado a estas demandas. El libro analiza, por ejemplo, cómo se lleva ante la justicia a las personas capturadas en protestas y cuáles son los delitos que se les endilgan con mayor frecuencia. Pero la justicia es apenas uno de los capítulos.

Tras la investigación, que explica también cómo se criminaliza la protesta en Colombia, Lalinde reúne entrevistas, derechos de petición y datos abiertos, para concluir, como dice en esta entrevista con El Espectador, que la protesta en Colombia está deslegitimada por el Estado mismo. 

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Empecemos con una frase que hay en la introducción: "Así como una madre se preocupa cuando no escucha ningún ruido en la habitación de su hijo, la sociedad se debería preocupar cuando no escucha bulla en las calles". ¿Qué quiere decir?

La protesta social es un derecho importante y esencial en una democracia. A través de las protestas se pueden hacer reclamos, se pueden escuchar voces que no tienen acceso a otros medios, se pueden escuchar quejas frente al poder, se pueden reclamar derechos. Una democracia tiene que estar abierta y ser tolerante a todos estos llamados y cuando estos llamados no se escuchan, es un indicador de que la democracia está en peligro, porque es algo más del autoritarismo en donde no se escuchan ese tipo de voces. 

¿Pero al decir "cuando no se escuchan" quiere decir cuando no hay protestas o cuando lo que reclaman las protestas no se atiende? 

Ambas. Cuando no se escuchan porque la gente no sale a las calles, por un lado. O, por otro lado, que sí salen, pero que se crean ciertos mecanismos institucionales para que esas protestas no tengan efectos y no se escuchen y la sociedad no se entere de ellas. En una democracia, como aparentemente es Colombia, hay varios mecanismos legales para contener la protesta, lo que devela un talante autoritario frente a la protesta. 

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¿Cuáles son esos mecanismos para retener la protesta? 

En el libro sostengo que en Colombia hay al menos cuatro dispositivos para contener, controlar, y por esa vía, desincentivar y desestimular el ejercicio de la protesta. En primer lugar, está el control normativo. Normas penales, de Policía, etc. que buscan desincentivar el ejercicio de la protesta. Por otro lado, hay un control judicial que es la manera como los fiscales y los jueces se acercan al fenómeno de la protesta y cómo la criminalizan. En tercer lugar, hay uno, que es quizá el control más visible, que es el control policial. Y ahí la Policía tiene una serie de mecanismos y de medios para combatir la protesta. Y, por último, hay un control mediático: la manera como los medios de comunicación reportan las protestas. 

¿Cómo así un control mediático?

Los medios de comunicación suelen reportar los hechos violentos de las protestas, muy poco las movilizaciones pacíficas. Muy poco reportan los reclamos que hacen los manifestantes. Cuando uno lee noticias sobre protestas normalmente se encuentra con vocablos como "vías de hecho", "disturbios", "violencia". Y poco encuentra en eso reportes de prensa las causas o los conflictos sociales que dieron lugar a la manifestación. Esa es otra manera de desincentivar la protesta porque se crea el imaginario de que quienes protestan son delincuentes, y así la gente deja de protestar. 

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Usted analiza los registros de judicialización de personas por los delitos relacionados con las protestas, datos que se disparan en el 2013 ¿Qué es lo que pasa en el 2013? ¿Qué lo hace un año tan particular para la protesta social? 

Bueno, en el 2013 se dio el Paro Agrario en Colombia. Ese hecho llevó a que todos los indicadores que revisé se dispararan justamente en ese año. Y además, el registro de protestas en Colombia que lleva el Cinep muestran que en el 2013 fue cuando más protestas hubo. Entonces se da esa equivalencia entre mayor número de protestas ese año y mayor represión ese año. 

¿Eso es proporcional?, ¿entre más protestas haya se invierte más en armamento y hay más personas judicializadas?

A esa conclusión no puedo llegar directamente. Solo respecto del 2013 es muy difícil concluir que siempre que hay más protestas aumentan los indicadores de represión. Lo cierto es que en el 2013 aumentaron estos indicadores (gastos en armamento, judicialización de personas) y coincidió con el año en el que más protestas hubo en Colombia. 

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Usted asegura que cuando la Policía usa al Esmad para controlar una protesta hay un "efecto contraproducente", ¿qué quiere decir? 

Lo que encontré es que cuando llegan agentes del Esmad a una protesta, como me dijo uno de los entrevistados, es como ponerle un trapo rojo a un toro. Los policías al estar ahí, en esa actitud amenazante, hacen que las personas se vayan "calentando" y, si las personas deciden reaccionar violentamente, el blanco al que ven de frente es la Policía. Por eso, una de mis recomendaciones al final del libro es que el Esmad debería estar presente, por si ocurre algo, pero no visible. Por ejemplo, en el Cauca, cuando en la plaza principal en Popayán la gente se está manifestando, el Esmad está en unos parqueaderos donde nadie los ve.

¿Uno podría hablar de un rechazo del Estado colombiano hacia la protesta?

Sí. Mi conclusión principal en el libro es que en Colombia hay baja legitimidad social en la protesta y baja favorabilidad del Estado hacia la protesta. Llego a esa conclusión a partir de las normas en Colombia que buscan desincentivar el ejercicio de la protesta. Como dije, las normas en Colombia no son muy favorables a que la gente salga a las calles a protestar, pero además, el sistema judicial muchas veces criminaliza la protesta. 

Es interesante que hay avances en esa materia judicial, usted menciona una directiva de la Fiscalía, por ejemplo...

La Directiva 008. Es una norma de la Fiscalía de hace unos años con la que busca darle unas pautas a los fiscales en la manera como deben tratar los casos de protesta, en los casos en que deben criminalizar la protesta. La directiva básicamente buscar restringir el espectro de escenarios en los que se criminaliza a los manifestantes: busca que haya salidas antes de que la persona sea judicializada, que en determinados casos no se penalice porque la conducta no encaja con el delito. Es decir, que los fiscales tengan pautas claras de qué entra y qué no entra como delito en la protesta social. 

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¿Y qué ha pasado desde que se expidió esa directiva? 

Algunas personas que entrevisté me decían que a partir de la expedición de esa directiva, la criminalización de la protesta se redujo. No tengo datos duros, cuantitativos de eso, solo lo que me dijeron algunas personas de organizaciones sociales.

Usted también sostiene que Colombia tiene un "cheque en blanco" para la utilización de armas químicas, ¿cómo así? 

A nivel internacional hay una convención que prohíbe el uso de armas químicas, pero muchas de las armas que utiliza el Estado para reprimir la protesta son armas químicas, como los gases lacrimógenos, el gas pimienta, entre otros. Lo que pasa es que esa convención internacional prohíbe el uso de armas químicas, pero lo permite para la contención de disturbios. Le mandé un derecho de petición a la Policía preguntándoles con base en qué estudios utilizan ellos estas armas sin que haya riesgo de afectar los derechos de las personas. Me respondieron que se basan en los estudios de los mismos fabricantes y proveedores de esas armas. Es decir, cero objetividad y cero imparcialidad: Si le pregunto al vendedor si lo que me vende es bueno, ¿qué me va a decir?

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