Estudiarán acción popular que pide detener el Paro Nacional del próximo 21 de noviembre

 El próximo jueves 21 de noviembre, se espera que decenas de sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos salgan a marchar en todo el país. Según los líderes de la protesta, la movilización fue convocada por los incumplimientos del Gobierno de Iván Duque a los acuerdos suscritos con el magisterio, las organizaciones campesinas, indígenas, pensionados, estudiantes, camioneros; la "altísima" tasa de desempleo e informalidad, entre otras problemáticas sociales. Incluso, algunos sectores sociales han pedido la dimisión del primer mandatario.

::El caldeado ambiente en torno al paro del 21 de noviembre::

Las marchas que se realizaron este año, en las que hubo algunos enfrentamientos entre Fuerza Pública y algunos manifestantes, ha generado incertidumbre de cómo transcurrirá el Paro Nacional de la próxima semana. Tanto así que el propio presidente, las altas cortes, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Iglesia Católica y otras instituciones, pidieron la semana pasada a la ciudadanía que marchara pacíficamente. Los líderes de la marcha, por su parte, pidieron que las autoridades identificaran a los violentos "que se infiltran en las marchas". 

Es en este contexto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una demanda en la que se pide que la marcha no se lleve a cabo pues "se espera que estas protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos  como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad por las manifestaciones que han hecho públicamente y a través de las redes sociales los promotores del mismo (sic)". Los demandantes, entre ellos el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, señalaron en la demanda que "el país no conoce con exactitud las razones por las que se ha convocado este paro nacional  lo que ha hecho imposible estudiar (sic) soluciones".

Aunque los demandantes, entre los que también está la expresidenta del Consejo de Estado María Claudia Rojas Lasso, no solicitaron medidas cautelares para detener la masiva movilización, el tribunal entrará a estudiar si las otorga o no como parte de la solicitud de medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. El magistrado del caso, Luis Manuel Lasso Lozano, ordenó que de inmediato se diera a conocer por medio de los medios de comunicación que su despacho se encuentra estudiando esta demanda. 

Otro de los factores que han tensado el ambiente previo a la movilización nacional son los cruces de mensajes amenazantes en las redes sociales y las movilizaciones ciudadanas en Bolivia, Chile y Ecuador. Además, Los analistas hablan de una “medida de aceite” al primer mandatario, en momentos en que la tormenta arrecia y crecen los rumores sobre cambios en su gabinete. La semana pasada se dio la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero después de un debate de moción de censura en el Congreso en el que se reveló la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública a un campamento guerrillero en Caquetá.  En la más reciente encuesta Gallup, la desaprobación de la gestión de Duque llega al 69 % —la más alta desde que inició su mandato—, mientras que el 70 % de los colombianos consideran que el país va por mal camino.

 El próximo jueves 21 de noviembre, se espera que decenas de sindicatos, organizaciones sociales y miles de ciudadanos salgan a marchar en todo el país. Según los líderes de la protesta, la movilización fue convocada por los incumplimientos del Gobierno de Iván Duque a los acuerdos suscritos con el magisterio, las organizaciones campesinas, indígenas, pensionados, estudiantes, camioneros; la "altísima" tasa de desempleo e informalidad, entre otras problemáticas sociales. Incluso, algunos sectores sociales han pedido la dimisión del primer mandatario.

::El caldeado ambiente en torno al paro del 21 de noviembre::

Las marchas que se realizaron este año, en las que hubo algunos enfrentamientos entre Fuerza Pública y algunos manifestantes, ha generado incertidumbre de cómo transcurrirá el Paro Nacional de la próxima semana. Tanto así que el propio presidente, las altas cortes, la Fiscalía General, la Procuraduría, la Iglesia Católica y otras instituciones, pidieron la semana pasada a la ciudadanía que marchara pacíficamente. Los líderes de la marcha, por su parte, pidieron que las autoridades identificaran a los violentos "que se infiltran en las marchas". 

Es en este contexto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de admitir una demanda en la que se pide que la marcha no se lleve a cabo pues "se espera que estas protestas causen graves afectaciones a los derechos e intereses colectivos  como el patrimonio, el espacio, la seguridad, la institucionalidad por las manifestaciones que han hecho públicamente y a través de las redes sociales los promotores del mismo (sic)". Los demandantes, entre ellos el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, señalaron en la demanda que "el país no conoce con exactitud las razones por las que se ha convocado este paro nacional  lo que ha hecho imposible estudiar (sic) soluciones".

Aunque los demandantes, entre los que también está la expresidenta del Consejo de Estado María Claudia Rojas Lasso, no solicitaron medidas cautelares para detener la masiva movilización, el tribunal entrará a estudiar si las otorga o no como parte de la solicitud de medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. El magistrado del caso, Luis Manuel Lasso Lozano, ordenó que de inmediato se diera a conocer por medio de los medios de comunicación que su despacho se encuentra estudiando esta demanda. 

Otro de los factores que han tensado el ambiente previo a la movilización nacional son los cruces de mensajes amenazantes en las redes sociales y las movilizaciones ciudadanas en Bolivia, Chile y Ecuador. Además, Los analistas hablan de una “medida de aceite” al primer mandatario, en momentos en que la tormenta arrecia y crecen los rumores sobre cambios en su gabinete. La semana pasada se dio la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero después de un debate de moción de censura en el Congreso en el que se reveló la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública a un campamento guerrillero en Caquetá.  En la más reciente encuesta Gallup, la desaprobación de la gestión de Duque llega al 69 % —la más alta desde que inició su mandato—, mientras que el 70 % de los colombianos consideran que el país va por mal camino.