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El general (r) del Ejército Iván Ramírez Quintero asistirá, en la antesala de la Navidad que está por venir, a su segunda versión voluntaria en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Sala de Reconocimiento lo citó para los próximos 21 y 22 de diciembre, de manera presencial, en el marco de la investigación por el exterminio de la Unión Patriótica (UP). El partido político surgido tras acuerdos de paz en 1985 con las Farc y que, según sus militantes e investigaciones judiciales, terminó en la persecución y asesinato de más de 5.000 integrantes.
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Se espera que Ramírez Quintero entregue información sobre su paso por la Dirección de Inteligencia del Ejército y su comandancia en la Brigada XX, desactivada en 1998 ante las acusaciones por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Esa Brigada reemplazó, en 1986, al Batallón de Inteligencia-Contrainteligencia Brigadier Charry Solano (Binci), en la cual se habrían cometido también graves violaciones de derechos humanos. Así lo presentaron la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, en un informe enviado a la JEP en 2019.
Asimismo, desde 2018 la Sala de Reconocimiento cuentan con informes que hablan sobre la posible relación entre el exterminio de la UP y agentes del Estado. Entre ellos, un par de la Fiscalía y del Centro de Memoria Histórica, ambos radicados ese año. “En otras palabras, la versión voluntaria representa un ‘insumo’ adicional para el ejercicio de contrastación de la información que debe realizar la Sala de Reconocimiento después de recibir los informes”, explicó la JEP en diciembre de 2020, cuando llamó por primera vez a Ramírez Quintero.
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En el informe “el caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social (1977- 1998)”, organizaciones como el Cajar enviaron información a la JEP sobre el paso de Ramírez Quintero por la Brigada XX, donde fue comandante, y en el Binci, en el cual se desempeñó como jefe de operaciones. “Ha sido caracterizado como más representativo oficial en el área de inteligencia de los últimos 30 años”, explicaron las organizaciones en su informe.
El Cajar y los demás intervinientes denuncian el concepto de “doctrina del enemigo interno”, como una supuesta “política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia. Desde 1977 hasta finales de 1998 los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas”.
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“En los lugares donde eran recluidas las víctimas eran objeto de torturas y tratos inhumanos para conseguir información sobre los grupos insurgentes u obtener señalamientos contra otras personas. La crueldad de estas torturas llegaba al punto que muchas de las víctimas fallecieron en su razón, como los casos de Claudio Medina Caycedo, a pesar de que estas eran realizadas bajo técnicas especializadas en tortura física y de presión psicológica. Las estrategias eran diseñadas para que la persona sufriera el máximo dolor posible sin dejar huellas visibles”, agregan los informantes.
El general (r) Iván Ramírez Quintero también fue mencionado en el expediente de holocausto del Palacio de Justicia, en 1985. El M-19, entonces, se tomó la sede judicial nacional en Bogotá, lo cual resultó en una masacre de más de 100 personas durante el fuego cruzado entre la guerrilla y la Fuerza Pública, tras la excesiva retoma por parte de las autoridades. En 2015, Ramírez Quintero fue llamado a indagatoria luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por la desaparición forzada de rebeldes, funcionarios de altas cortes y civiles inocentes.
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Ramírez Quintero fue absuelto en primera instancia por duda probatoria en el proceso que se adelantó en su contra por desaparición forzada. Su testimonio fue tenido en cuenta durante el juicio contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en primera y segunda instancia, pero absuelto en tercera ronda en la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía lo logró que sus pruebas aportadas, entre ellas la versión de Ramírez, terminaran en una condena en firme. Ahora, el reconocido hombre de inteligencia deberá contar en la jurisdicción de paz lo que pueda saber sobre la UP.
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